La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tiene un problema de comunicación grave. Después de que el domingo Ecologistas en Acción hiciera público un comunicado afirmando que la CHT había ordenado derribar, o demoler, el chalet que el fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tiene en la localidad de Pepino, esta organismo autónomo se descolgó, por la tarde, con un lacónico comunicado de seis líneas.
Llevaba por título «La Confederación Hidrográfica del Tajo ha enviado a la Fiscalía General del Estado el expediente sobre el chalet del Fiscal Jefe de Talavera». Y el texto mínimo, calculado en la redacción más reducida posible, escatimando contenido, decía: «La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, no ha ordenado el derribo del chalet propiedad del Fiscal Jefe de Talavera, situado en la localidad de Pepino».
Y añadía en su segundo párrafo: «Ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, en las que se alude a la orden de derribo del citado chalet, este organismo informa de que el expediente ha sido remitido a la Fiscalía General del Estado».
Confilegal se puso en contacto con la CHT para extraer más detalles porque si algo quedaba claro, es que la nota de prensa de ese organismo no estaba nada clara.
Más bien parecía que las circunstancias les habían sobrepasado y se habían agarrado al bosque semántico para tratar de explicar lo inexplicable.
El primer contacto fue telefónico.
«Mándenos un e-mail explicándonos lo que quiere saber y le contestaremos. El responsable está por aquí», me dijeron.
Envié el e-mail a las 18.26.
En el momento de escribir esta crónica, pasadas la 1 de la madrugada, los señores de comunicación del CHT no habían dado visos de vida.
¿UNA NOTA DE PRENSA INEXPLICABLE?
Parece ser.
Lo que es inexplicable, para empezar, es que la Resolución de fecha 06/03/2009 de la propia CHT no se ha cumplido casi 9 años después.
En la misma la CHT imponía a De la Cruz Andrade «la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que sean legalizadas las obras o autorizados los trabajos denunciados».
Reponer las cosas a su estado anterior se entiende por demoler, derruir, derribar, desmantelar, desmoronar, destruir o tirar.
Es lo mismo.
Las obras del chalet, levantado a 70 metros de un lago y en, parte, en zona de policía, no han sido legalizadas. Ni autorizados los trabajos denunciados.
Lo dice con toda claridad el expediente D-30681 de la CHT, referido al chalet que el fiscal decano de Talavera tiene en Pepino.
Un expediente que fue incoado el 14 de noviembre de 2008 en base a una denuncia de fecha 21 de septiembre de 2007, realizada por el Servicio de Vigilancia del dominio público hidráulico (DPH) de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Su propio Servicio de Vigilancia.
Ecologistas en Acción se hacía esta pregunta en su comunicado: «¿Por qué han pasado más de ocho años para que la Confederación Hidrográfica del Tajo haya dado al inicio de ejecución de la sanción que es de marzo del 2009?».
Los señores de la CHT no la han contestado, todavía.
EL INTERÉS DE LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE DESBLOQUEA TODO
Lo que sí se sabe, porque viene en el expediente -que la propia CHT ha facilitado-, es que el pasado 26 de diciembre José Martí García, fiscal adscrito al Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, envió un oficio a Justo Mora Alonso-Muñoyerro, comisario de Aguas de la CHT, con despacho en el 81 de la Avenida de Portugal, en Madrid, en el que acusaba recibo de un escrito de éste en el que le remitió información sobre el asunto.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid quiere saber por qué no se ha cumplido esa resolución.
Explicaciones. La primera comunicación de la Fiscalía de Medio Ambiente a la CHT se produjo el 27 de septiembre de 2017.
El caso es muy sensible porque el dueño del chalet es nada menos que el fiscal decano de Talavera, el «defensor de la legalidad».
Una descripción que repitió el otro día el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, en su intervención en los desayunos de Europa Press.
¿Cómo es posible que el máximo defensor de la legalidad de Talavera tenga un chalet construido sobre terreno ilegal?
En el mismo oficio, el fiscal Martí García reproduce la comunicación de Mora Alonso-Muñoyerro -del 15 de diciembre de 2107- en la que éste le comunica que «en fecha 31 de 10 de 2017 se ha requerido a la denunciada [María García, esposa de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade] para que proceda a la ejecución voluntaria de la citada Resolución».
Hace tres meses y medio se lo comunicaron.
Es decir, el comisario de Aguas de la CHT le dice al fiscal adscrito al Fiscal de Sala de Medio Ambiente que los dueños del chalet habían sido informados de su «obligación de reponer las cosas a su estado anterior».
A su costa.
De forma voluntaria.
Es cierto que no dice literalmente derribar o demoler.
Pero el cumplimiento de la resolución lo lleva implícito. Se entiende que es lo que tiene que suceder.
Tampoco en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se utilizan términos como derribar o demoler.
De hecho, la fórmula que se utiliza es la de «restablecimiento del orden jurídico alterado», como bien se explica en el caso Saliba contra Malta de fecha 8 de noviembre de 2005 -un referente para toda la doctrina sobre medio ambiente- y en otros subsiguientes, que fueron asumidos después por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid -no la de Toledo ni tampoco la de Albacete, que en este caso han mirado para otro lado- pidió también a Mora Alonso-Muñoyerro información sobre la denuncia que Ecologistas en Acción interpuso ante esa misma Confederación Hidrográfica del Tajo el 7 de octubre de 2015 y que parece que se perdió por el camino.
«En nuestro oficio de fecha 27.9.2017 -del que se acompaña copia- se hacía referencia a que teníamos noticias de que la Asociación Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina interpuso en relación a la situación de la vivienda unifamiliar sita en la parcela número 237 de la Urbanización Gran Chaparral Fase 2 del término municipal de Pepino (Toledo) una denuncia ante esa Confederación Hidrográfica del Tajo en escrito de fecha 7 de octubre de 2015», le dice el fiscal Martí García a Mora Alonso-Muñoyerro.
Y a continuación le pide que le informe «si la Asociación Ecologistas en Acción ha interpuesto alguna denuncia en esa Confederación en relación a la vivienda referida, y, caso afirmativo, qué trámite se ha dado a la misma».
Esas y otras muchas explicaciones son las que tiene que dar la CHT.
No vale con un lacónico comunicado de 6 líneas y «mándenos un e-mail que nosotros le contestaremos».
Si el expediente ha sido enviado a la Fiscalía General del Estado, como ellos dicen, ¿quiere eso decir que no le han comunicado al fiscal decano de Talavera que tiene que cumplir la resolución que han tenido en el cajón desde el 6 de marzo de 2009? ¿Que han paralizado todo? ¿Qué no van a hacer nada?
Porque eso no es lo que le han dicho al fiscal García Martí.
A estas alturas la nota de prensa de ayer es, poco menos, que una broma de mal gusto, a la vista de lo que dice el expediente del caso.
Un expediente elaborado por la propia Confederación Hidrográfica del Tajo.
