La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial finalmente ha archivado hoy el expediente disciplinario contra la jueza de Violencia sobre la Mujer 1 de Vitoria, María del Carmen Molina Mansilla, por haber preguntado a la mujer, víctima de dos agresiones sexuales por parte de su expareja, «si había cerrado bien las piernas».
La decisión se ha tomado por 6 votos a favor y 1 en contra, el de la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, Ángeles Carmona, que ha anunciado un voto particular, explicando por qué disiente con la mayoría.
Los siete vocales de esta Comisión, que preside el magistrado del Tribunal Supremo, Wenceslao Olea, visionaron el vídeo del interrogatorio que Molina Mansilla hizo a la víctima.
«Del visionado de la declaración de la víctima no se puede decir que la magistrada haya sido ofensiva, ni desconsiderada, ni que se haya producido maltrato alguno ni nada. El agresor es su pareja, la persona con la que convivía. La magistrada Pregunta correctamente a la mujer. Es aséptica. Las preguntas que realiza entran dentro de su potestad jurisdiccional y consideramos que no existe vertiente disciplinaria», explicaron fuentes del CGPJ a Confilegal. «Por eso hemos decidido archivar».
Los hechos tuvieron lugar en febrero de 2016. Molina Mansilla preguntó a la mujer sí había cerrado bien las piernas. «¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos?», le preguntó. Ella contestó que sí.
El promotor de la Acción Disciplinaria, entonces Antonio Jesús Fonseca-Herrero, tramitó unas diligencias informativas sobre el asunto y las archivó. Sin embargo, la Comisión Permanente, le ordenó abrirle a Molina Mansilla un expediente disciplinario, que archivó, con el visto bueno del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, después de tomar declareación a la magistrada, a la fiscal y a la abogada de la mujer.
Este archivo fue recurrido por la Asociación Clara Campoamor. La Permanente volvió a revocar ese archivo.
El promotor de la Acción Disciplinaria en funciones, José Sierra, proponía en esta ocasión una multa de 500 euros por «una falta grave de consideración» a una ciudadana, o, alternativamente, una advertencia por falta leve.
El resultado ha sido que ni lo uno ni lo otro. El asunto ha quedado archivado.
