El pleno del Tribunal Constitucional se reunirá este lunes para estudiar el recurso presentado por el Gobierno contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debate las leyes de ruptura con España y, al mismo tiempo, allanar la vía hacia el referéndum del 1 de octubre.
El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, ha convocado a los magistrados a las 17.30 horas para decidir sobre la admisión a trámite del recurso presentado el viernes por el Ejecutivo.
Dado que el Gobierno ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, la mera admisión a trámite conllevará la suspensión temporal de los preceptos impugnados.
El Tribunal Constitucional ha suspendido e invalidado hasta el momento todos los pasos dados por la Generalitat y el Parlamento catalán en su avance hacia el referéndum soberanista y ha apercibido a los responsables de ambas instituciones de las responsabilidades penales en las que pueden incurrir si le desobedecen.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de JxS y CSQP por desobediencia al Tribunal Constitucional.
En la presentación de este recurso, el Ejecutivo hizo suyos los argumentos del Consejo de Estado, que considera que la modificación vulnera el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.
En concreto, se recurre la nueva redacción del artículo 135.2 del reglamento del Parlamento de Cataluña, que
El pasado 26 de julio, el Parlament de Cataluña aprobó una reforma sobre el reglamento de la Cámara, cuyo artículo 135.2, establece la posibilidad de que el grupo parlamentario promotor de cualquier proposición de ley pueda solicitar su tramitación por el procedimiento de lectura única, como la ley del referéndum del 1 de octubre y las conocidas leyes de ‘desconexión’.
Lo que comporta la reducción de los trámites parlamentarios con el fin de obtener una mayor celeridad y lo que supone la supresión de las comparecencias, ponencia y comisión, así como la limitación del derecho de presentar enmiendas.
Desde el Ejecutivo se insiste en que permitir que un solo grupo parlamentario pueda forzar que una ley se tramite de ese modo supone «una quiebra del derecho de participación política en la medida en que está eliminando la facultad de la minoría de presentar enmiendas a los textos de las proposiciones de ley promovidas por la propia mayoría».
