El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de cárcel y una multa de 4.500 euros a la dueña de una inmobiliaria de Santander que estafó más de 26.000 euros a varias personas de origen sudamericano que querían traer a sus familiares a trabajar a España con falsas promesas de permisos de trabajo y contratos a cambio de dinero.
Unos hechos que serán juzgados este lunes, 16 de octubre, en la Audiencia de Cantabria.
Según el escrito del fiscal, entre octubre de 2006 y mediados de 2008 la acusada, de nacionalidad boliviana, dirigía una inmobiliaria de la calle General Dávila.
El Ministerio sostiene que la mujer, «aprovechando» que a través de dicho negocio conocía a numerosas personas originarias de Sudamerica residentes en España y que tenían familiares que deseaban venir a trabajar al país, les ofrecía la realización de los trámites necesarios para ello, «garantizándoles» la obtencion de los permisos y autorizaciones exigidos por la Oficina de Extranjería.
Así, la acusada aseguraba a estas personas que tenía permiso del Ministerio para contratar hasta 20 trabajadores para su inmobiliaria y para negocios de construcción relacionados con la misma.
De hecho, según el escrito del fiscal, en ocasiones les aseguraba que era abogada y se dedicaba a ayudar a inmigrantes, exigiéndoles la entrega de diferentes cantidades de dinero con la promesa de obtener en breve plzos los permisos y contratos demandados.
Los perjudicados, «ante la apariencia de solvencia y seriedad profesional» que la acusada les trasmitía, no dudaban en entregarle el dinero ignorando que la mujer, en estas fechas, no estaba al corrientes de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social ni con el Régimen de Autónomos, con lo que no podía conseguirles permisos y contratos, actuando –dice el fiscal– «con el único afán de enriquecerse ilicitamente».
En el escrito del Ministerio Fiscal se citan hasta nueve casos en los que estas personas entregaron a la mujer cantidades que oscilan entre los 1.000 y 4.000 euros para conseguir los permisos y contratos para poder traer a sus familiares.
Según relata el fiscal, una vez obtenidas las cantidades, la acusada se apropiaba de ellas pero sin obtener los contratos ni permisos prometidos, eludiendo las reclama de devolución de estas personas, salvo en uno de los casos, en el que sí restituyó el dinero.
Todos los perjudicados a excepción de uno de los que cita el fiscal en su escrito reclaman por estos hechos.
Para el fiscal, lo ocurrido constituye un delito continuado de estafa por el que solicita 4 años de prisión y 4.500 euros de multa, además de indemnizar a los afectados por un total de 26.200 euros, que es a lo que asciende las cantidades percibidas y no devueltas.
Por su parte, la defensa muestra su disconformidad con el relato del fiscal y pide su libre absolución ya que sostiene que no su representada no ha cometido delito alguno, con lo que no cabe responsabilidad. (EP)
