El pleno del Congreso debate el próximo martes una iniciativa del PP para que jueces, fiscales y personal de la administración de Justicia recuperen los días libres y permisos que disfrutaban antes de 2012, y que fueron suprimidos por la crisis económica. También se pide la equiparación de los permisos de paternidad a la nueva legalidad vigente, con una duración de un mes.
En concreto, jueces y fiscales recuperarán los días adicionales por antigüedad, hasta un máximo de cuatro por 30 años de trabajo, así como los 18 días de permisos divididos en seis periodos, cuando en la actualidad sólo podían disfrutar de tres días.
Además, la norma equipara a jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia con el resto de empleados que prestan sus servicios al Estado respecto del disfrute del permiso de paternidad, que ahora pasa de 15 días a un mes. Asimismo, el texto también propone introducir mejoras «de manera inmediata» en todo lo que afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Los grupos parlamentarios manifestarán su posición sobre la “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial”, presentada por el Grupo Popular, el pasado 6 de octubre, -y elaborada por el Ministerio de Justicia- que pretende revocar la restitución de estos días de libranza que fueron eliminados «en consonancia con un momento particularmente delicado de la situación económica nacional» para conseguir «determinados objetivos de eficiencia y contención del gasto público».
Según dice el texto registrado por los ‘populares’, ahora se puede restablecer las condiciones que «regían antes de la crisis económica».
De esta forma, el PP propone modificar tres artículos de la LOPJ para que los jueces y magistrados recuperen los días adicionales por razón de antigüedad, así como los 18 días de permisos por asuntos propios.
En cuanto al resto del personal de la Administración de Justicia, se restituirá la situación prevista antes de las medidas adoptadas por la crisis económica; es decir, tendrán los mismos días de permisos que los funcionarios de la Administración General del Estado y nueve días de asuntos propios.
Responde a las demandas de las asociaciones de jueces
La iniciativa es la respuesta del Ministerio de Justicia a las reivindicaciones planteadas al titular de la cartera, Rafael Catalá, en los últimos meses por los máximos representantes de las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente– y es la consecuencia de los acuerdos cerrados previamente con el Ministerio de Hacienda, fundamentales para cerrar estas reformas.
Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej) ya han rechazado esta iniciativa parlamentaria al considerarla «demagógica» e «insuficiente».
Según explicaron en un comunicado, creen que es una medida «necesaria» pero demuestra una «absoluta falta de diálogo institucional» porque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, siempre ha considerado este colectivo una «simple ‘extensión’ de la carrera judicial y resto de personal, sin voz ni voto» sobre los derechos laborales y profesionales.
