Llibertats, el grupo de juristas catalanes constitucionalistas, ha criticado las declaraciones realizadas hoy en Bruselas por el expresidente del gobierno autonómico catalán, Carles Puigdemont, en las que puso en tela de juicio la separación de poderes de España y atacaba la integridad e imparcialidad de sus órganos judiciales.
El cesado presidente de la Generalitat dijo que regresaría a España cuando tuviera «garantías» de que podrá tener un juicio justo y con separación de poderes, y aseguró que no había viajado a la capital de Europa con la intención de «pedir asilo» o de «eludir» su responsabilidad ante la Justicia.
Los miembros de Llibertats recuerdan, en un comunicado hecho público, que la «llamada ‘ley de transitoriedad jurídica’, promovida por el gobierno de Puigdemont, el modelo de ‘Nuevo Estado’ que dibujaba dicha norma, estaba más cerca de un estado de corte autoritario y populista que de los estados democráticos de nuestro entorno, entre otras cosas porque dejaba enteramente degradada la separación efectiva de poderes, fundamental en cualquier estado de derecho».
Los juristas constitucionalistas catalanes califican de lamentable que se intente utilizar un foro internacional con fines claramente espurios, «sin otro ánimo que el de desprestigiar las instituciones del Estado Español».
Puigdemont actuaba al margen de la legalidad vigente
«Y máxime si quien realiza tales declaraciones lleva tiempo actuando al margen de la legalidad vigente, y situando a las instituciones autonómicas, que hasta hace unos días presidía, fuera del marco del Estado de derecho», apostillan.
Para Llibertats, nadie en el mundo duda que España es hoy en día un Estado de Derecho con plenas garantías jurídicas, «equiparable a los más avanzados de nuestro entorno, como por otro lado han tenido ocasión de destacar recientemente las máximas autoridades de la Unión Europea».
Querella ante la Audiencia Nacional
La Fiscalía interpuso ayer una querella ante la Audiencia Nacional contra Puigdemont, su exvicepresidente, Oriol Junqueras, y 11 miembros del gobierno autonómico, por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
El Ministerio Fiscal sostiene que “los hechos imputados a los querellados, dirigidos a la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república, ponen en objetivo peligro los fundamentos del Estado de Derecho a que se refieren los números 1º, 5º y 7º del art. 472 (rebelión): la derogación de la Constitución española en tanto “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2 CE), y, claro está, la declaración de independencia de una parte del territorio nacional”.
E insisten en que “Los delitos objeto de la querella, considerados como rebelión, o en cualquier caso, sedición, tienen pues su cabida en el concepto de delitos contra la forma de gobierno a que se refiere el art. 65.1 a) LOPJ, en tanto que los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravienen la Constitución y de que actúan en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales”.
La Fiscalía ha solicitado una fianza conjunta y solidaria de más de seis millones de euros en las querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de los miembros del Govern ante la Audiencia Nacional.
