Los consejeros depuestos e imputados son Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; todos pertenecen a ANC o a Ómnium Cultural.
5 de los 12 exconsejeros depuestos e imputados son miembros de ANC o de Ómnium Cultural
|
02/11/2017 06:15
|
Actualizado: 02/11/2017 01:25
|
Cinco de los doce consejeros del despuesto gobierno autonómico catalán que presidía Carles Puigdemont pertenecen a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o a Ómnium Cultural, dos asociaciones separatistas que han jugado un importante papel en el proceso de independencia de Cataluña, frustrado el pasado 28 de octubre por el Gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
Son Clara Ponsatí i Obiols, barcelonesa, de 60 años, economista y exconsejera de Enseñanza, afiliada a ANC; Joaquim Form i Chiariello, exconsejero de Interior, barcelonés, de 53 años, , exconsejero de Interior y miembro de ANC y de Ómnium, también del PDeCat -partido en el que se transformó Convergencia Democrática de Cataluña-; Raül Romeva i Rueda, madrileño, de 46 años, economista y profesor de universidad, y exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia -se presentaba como el «ministro de Exteriores de Cataluña»-, antiguo eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds, y miembro de Ómnium Cultural, al igual que Jordi Turull i Negré, Parets del Vallés, de 51 años, exconsejero de Presidencia, y Dolors Bassa Colls, torroellaña (de Girona), de 58 años, maestra, psicopedagoga y sindicalista, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.
A la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, competente en la instrucción de este caso, no le cabe la menor duda del papel jugado por las dos asociaciones separatistas en el proceso independentista impulsado desde el gobierno de Puigdemont.
Así, en el auto de admisión de la querella presentada por la fiscalía contra el depuesto gobierno autonomico catalán por el delito de rebelión, dice de forma muy clara, reconociendo el papel jugado por las dos asociaciones citadas: «Los querellados urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a al declaración de independencia aprobada en el parlamento [regional] el pasado día 27 de octubre».
Ratifica la connivencia
La pertenencia de los 5 consejeros depuestos tanto a ANC como a Ómnium ratifica, si cabe, aún más la connivencia del gobierno autonómico en todo el proceso de independencia frustrado, en especial en el caso de Joaquím Form, exconsejero de Interior y jefe supremo de los Mossos d’Esquadra, ahora bajo investigación de la Guardia Civil para determinar su connivencia con los querellados para facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, cuya prohibición decretó la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas.
Precisamente los indicios aportados por la Guardia Civil sobre participación de ANC y de Ómnium en el movimiento de masas para frustar las 16 detenciones y los 40 registros que llevó a cabo la Guardia Civil entre el 20 y el 21 de septiembre en Barcelona, así como el referido referéndum, fueron lo que empujaron a la magistrada Lamela a enviar a prisión preventiva a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de ambas organizaciones, hoy «huéspedes» en la madrileña cárcel de Soto del Real, por un supuesto delito de sedición.
«Considera el Ministerio Fiscal, llevando a cabo una extensa argumentación, que para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, éstos se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos, y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo», añade la magistrada en el auto de admisión de la querella.
Los 5 consejeros tienen que responder de la acusación de rebelión formulada por la Fiscalía a lo largo de hoy y de mañana, con la obligación, además, de responder a una fianza solidaria de 6.207.450 euros, impuesta por Lamela, «para responder a las responsabildiades civiles que pudieran declararse procedentes».
A los 14 imputados -incluyendo a Puigdemont y Junqueras- les corresponde aportar cada uno 443.389 euros.
Y tienen un plazo de tres días, con el aviso de que si no lo hacen «se decretará el embargo de sus bienes hasta cubrir dicha suma», se puede leer en el auto de la juez.
Dos personas de la Mesa también son de ANC
Dos personas más, de la Mesa del Parlamento catalán, eran militantes de ANC: la presidenta, Carme Forcadell, de Cherta, Tarragona, y 61 años, quien fue presidenta de ANC entre 2011 y 2015 -también es vocal de Ómnium Cultural-, además de militante de Esquerra Republicana de Catalunya; y la secretaria primera, Anna Simó i Castelló, de Alamús, Lleida, de 49 años, también de ERC, como Forcadell.
Forcadell y Simó, por seguir siendo aforadas al pertenecer a la Diputación Permanente del Parlamento regional declararán en el Tribunal Supremo ante el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, Pablo Llarena, a quien le ha correspondido la instrucción de la causa.
Noticias Relacionadas:
