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La libertad de Forcadell, un regalo «envenenado» para Junqueras y los demás encarcelados
El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, durante la votación del pasado 1 de octubre. Generalitat.
10/11/2017 15:03
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Actualizado: 10/11/2017 15:03
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Carles Puigdemont, expresidente del gobierno autonómico catalán, y cuatro exconsejeros huidos en Bruselas –Antoni Comín Oliveres, Meritxell Serrat Aleu, Lluis Puig Gordi y Carla Ponsatí Obiols– bajo el apercibimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega, dictada por la magistrada Carmen Lamela, titular del Central 3 de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Carme Forcadell, presidenta en funciones del parlamento autonómico catalán, y los cuatro miembros de la Mesa de esa cámara, en libertad bajo fianza -ella de 150.000 euros y ellos de 25.000-, tras admitir el error de la declaración de independencia.
Y Oriol Junqueras, expresidente del mismo gobierno autonómico de Puigdemont, y siete exconsejeros, en prisión preventiva en cuatro cárceles de la Comunidad de Madrid, por, justo, lo contrario.
A estas alturas de la película, a Junqueras y a sus siete compañeros no les queda la menor duda de que están «en la trena» por culpa de un mal planteamiento legal en el momento del interrogatorio ante la magistrada Lamela, el jueves 2 de noviembre.
Todos ellos se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y sólo respondieron a las de los abogados defensores, el exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Alonso-Suevillas, catedrático de derecho procesal y especialista de lo Civil, que representaba a cuatro de ellos, y a Andreu Van den Eynde, el abogado del vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, y de los tres restantes.
Alonso-Suevillas, hay que recordarlo, también es abogado de Puigdemont.
La consecuencia de aquellos interrogatorios a cara de perro fue que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo Cuervo, solicitó prisión preventiva ante la gravedad de los supuestos delitos cometidos: rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Y ya llevan nueve días tras las rejas.
CAMBIO DE ABOGADO
Esto, a cuatro de ellos, les ha hecho reflexionar y tomar una decisión: despedir a Alonso-Suevillas.
Jordi Turull y Josep Rull han contratado los servicios de Jordi Pina, del despacho Molins y Silva, por una parte. Pina es el abogado también de Jordi Sánchez, presidente de Asamblea Nacional Catalana, también en prisión preventiva por el supuesto delito de sedición.
Meritxell Borrás, se ha ido con el penalista penalista Javier Melero, un clásico en la defensa de cargos del PdeCat (antes Convergencia Democrática de Cataluña), que representa a Lluis Corominas, Lluis Guinó y Ramona Barrufet, en el procedimiento del Supremo.
Joaquim Form, por su parte, ha escogido como abogado defensor a Daniel Pérez, del bufete de Cristóbal Martell, que tiene entre sus clientes a la familia Pujol y a Jordi Pujol Ferrusola -ahora en prisión preventiva, también-.
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa continuarán con los servicios de Van den Eynde -defensor de los militantes de ERC– que ayer alteró la estrategia de defensa que ha permitido a su cliente Forcadell recuperar la libertad.
Y que no es otra que plegar velas, reconocer que la declaración unilateral de independencia no tuvo validez y admitir la bondad de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que llevó aparejado el cese del gobierno autonómico.
RENUNCIAR A SUS PRINCIPIOS
Es decir, abjurar de todo lo que había defendido hasta ahora. Así de simple. Renunciar a su «misión en la tierra»: conseguir la independencia de Cataluña.
Junqueras y los 7 exconsejeros podrían haber tenido esa posibilidad también.
Lo dijo muy claro el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una entrevista concedida a la SER el 3 de noviembre.
“Si hubieran dicho que aceptaban la Constitución y que dejaban de estar en la línea delictiva, a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado. Pero se han negado a responder a la Fiscalía”, manifestó con toda claridad.
Pero no va a valer con expresar su compromiso, en ese sentido, ante la magistrada Lamela para recuperar la libertad y pagar una fianza.
La cosa tiene truco. Porque si lo hacen, si vuelven a la calle, no podrán realizar ninguna declaración, en campaña electoral, asegurando que si ganan van a proclamar de nuevo la independencia y a instaurar la república catalana.
El magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Pablo Llarena -sobre el que previsiblemente desembocará el caso que lleva ahora Lamela-, lo dejó muy claro en su auto en el que decretó la libertad de los miembros de la Mesa del parlamento autonómico.
Una advertencia que es un duro aviso para navegantes: “No se escapa que las afirmaciones de todos ellos pueden ser mendaces, en todo caso, han de ser valoradas en lo que contienen, sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga”.
Traducido: Que si mienten para recuperar su libertad y después hacen manifestaciones en esa dirección la revocará y los mandará, otra vez, a prisión.
Todo un «regalo envenenado» para Junqueras y los 7 exconsejeros. Es para pensárselo mucho.
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