El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la Proposición de Ley del PSOE que pretende sustituir el actual modelo de “vencimiento objetivo” en las costas procesales por otro que castigue “la temeridad o mala fe de los litigantes”. Es decir, que la parte que pierda no tenga que afrontar todos los gastos del proceso.
La proposición que pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa en materia de costas procesales, ha sido refrendada por 257 votos a favor, 71 en contra y una abstención. Todos los grupos, salvo Podemos, han mostrado su apoyo.
Según ha explicado la diputada socialista Sofía Hernán, ahora se aplica el denominado vencimiento objetivo, «consistente básicamente en que el que pierde paga sus gastos y los del que gana». Por ello, «La condena en costas supone un obstáculo insalvable para acudir a defender derechos».
Sofía Hernán ha explicado que el objetivo de la iniciativa es «evitar el efecto disuasorio que las costas judiciales tienen para ciudadanos con escasos recursos», de manera que «la capacidad económica no sea un filtro para que un ciudadano acuda a los tribunales a defender un derechos».
En definitiva, «pretendemos garantizar y facilitar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica”, señaló la diputada del PSOE.
Para ello, esta Proposición de Ley defiende añadir elementos adicionales, concretamente que la parte vencida, además, «haya actuado de manera dolosa o culposa, es decir, con mala fe o temeridad», de modo que aquél que «por acción u omisión temeraria o dolosa ocasiona el litigio, si es vencido debe abonar las costas».
Los proponentes han encontrado motivación suficiente para presentar esta iniciativa en la consideración de que la condena en costas «disuade en muchas ocasiones al acceso a un proceso para restablecer derechos que se entienden vulnerados».
De este modo, se pretende encontrar un equilibrio entre el «derecho del impelido a un juicio que no ha querido y que ha ganado» y el acceso a los procedimientos judiciales por parte de cualquier ciudadano.
Además, de esta manera, “se dotaría a las leyes procesales de una mayor coherencia con lo establecido en el artículo 1902 del Código Civil cuando dice que ‘el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño’”, concluyó.
El grupo popular ha votado a favor de la citada toma en consideración de la Proposición de Ley «por el bien del debate social», aunque el diputado Eduardo Fernández ha advertido de que serán «muy activos» proponiendo enmiendas al texto original ya que no se podría aprobar en los términos en los que está redactado.
Por su parte el diputado de En Comú Podem Jaume Moya ha justificado su negativa a la propuesta al entender que este asunto debería ser abordado en la Comisión de la Estrategia de la Justicia, «de donde nunca deberían haber salido».
Ahora, tras el visto bueno del Pleno del Congreso el texto será remitido a la Comisión de Justicia, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado presentadas por los grupos parlamentarios y se elaborará un dictamen que continuará su tramitación en el Senado.
