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Carta a la ciudadanía: Luchar contra la corrupción merece la pena

Carta a la ciudadanía: Luchar contra la corrupción merece la pena
Ana Garrido, exfuncionaria municipal de Boadilla del Monte, Madrid, la "whistleblower" que denunció el caso Gürtel.
16/11/2017 06:05
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Actualizado: 26/11/2021 13:00
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Han sido 10 largos años de calvario desde que me negué a firmar las “irregularidades” que me ponían sobre la mesa para estampar mi firma, como técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Por entonces, el alcalde era Arturo González Panero, hoy imputado en la trama Gürtel.

Como consecuencia, comencé a sufrir acoso laboral en mi lugar de trabajo y durante el año y medio que estuve de baja por depresión, me esforcé imperiosamente cada día, por recopilar todas las pruebas necesarias para demostrar que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte era un nido  de corrupción.

Fue entonces cuando, en enero de 2009, decidí denunciar  los hechos (con mi dossier de más de 100 páginas) en la Fiscalía Anticorrupción.

Posteriormente conocería que aquello que estaba denunciando era el “Caso Gürtel”. Y que ya había abierta una investigación que estaba siendo instruida por el Juez Baltasar Garzón.

Cometí un gravísimo error para preservar mi anonimato, acudir a Manos Limpias; un sindicato que aparentemente reunía el perfil que necesitaba: una asociación que se autodenominaba “defensor de los empleados de la función pública”.

¿Quién me iba a decir que lo primero que hizo Miguel Bernard fue ponerlo en conocimiento de Esperanza Aguirre y de medios de comunicación?

Mientras tanto, decidí colaborar con la UDEF para colaborar en la investigación; y principalmente en los registros que estaban realizando en el Ayuntamiento de Boadilla, ya que me mostraban los expedientes que buscaban, y la mayoría les habían sido entregados incompletos.

Refugio en Costa Rica

Por un cúmulo de circunstancias me vi obligada a solicitar una excedencia y refugiarme en Costa Rica durante cerca de dos años, sobreviviendo con trabajos bastante precarios… Aún me recuerdo de rodillas arrancando malas hierbas en la puerta de una casa vacacional “Villa Kristina”, mientras observaba cómo llegaban los huéspedes a disfrutar sus vacaciones…

En mi interior pensaba, hace unos meses yo podría haber sido cualquiera de ellos, y sin embargo, allí estaba… con  un presente y un futuro incierto, pero al menos estaba a salvo.

Pero  tuve la suerte de conseguir un trabajo digno en uno de los mejores hoteles de Manuel Antonio.

Aún así, seguía enamorada de mi país, de mi trabajo como técnico de Juventud, de mi gente, de las charlas con mis amigos, mis sobrinos…, y esperaba ansiosa las siguientes elecciones municipales para poder recuperar la estabilidad personal y profesional que tanto me había costado.

Recuerdo que tan sólo hice un viaje fugaz y de incógnito, a España.

La Fiscalía Anticorrupción me citó a declarar en calidad de testigo ante el juez Pedreira. Fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida; por fin estaba ante un interlocutor válido, y ante una Fiscal (Concepción Sabadell) ávida por conocer, por encontrar respuestas y pruebas para afianzar la instrucción del caso.

A mi regreso a Costa Rica, leía a diario las noticias de España, y me sentía ansiosa por que llegara el día de las elecciones municipales. Leí que en Boadilla se presentaba un nuevo alcalde, que proclamaba la consigna de “limpiar todo que tuviera que ver con Gürtel”.

Se llamaba Antonio González Terol, ganó las elecciones y a día de hoy continúa siendo alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y diputado en el  Congreso por el Partido Popular.

Dicho y hecho, en junio del 2011, me reincorporé a mi puesto de trabajo; exactamente el mismo día que comenzaba la legislatura del nuevo equipo de gobierno.

Lo peor estaba por llegar

¡Me sentía tan feliz!

Mi vida había vuelto a la normalidad. Pero lo que jamás imaginé es que lo peor estaba aún por llegar…

A los pocos meses, mi concejal inmediato, Adolfo Arias Javaloyes, con el que despachaba una o dos veces por semana, comenzó a cancelarme las reuniones de modo sistemático, se me encomendaban tareas que, tras realizarlas eran paralizadas… En fin, un cúmulo de situaciones que prefiero no recordar.

Sólo recuerdo que cada mañana que sonaba el despertador me quedaba sentada en la cama mentalizándome y armándome de valor para acudir a mi “celda de castigo”.

Ya había pasado por esto durante la legislatura de Arturo González Panero y me veía de nuevo en la misma situación con Antonio González Terol, como alcalde de Boadilla del Monte.

No estaba dispuesta a que ésa fuera mi forma de vida durante el resto  de mis días. Acudí en primer lugar al médico, ya que no podía dormir durante días, y comencé a estar en tratamiento por un cuadro ansioso- depresivo.

En segundo lugar, acudí a un abogado para asesorarme  sobre cómo proceder para interponer una denuncia por acoso laboral, y me dijo, “Tienes dos salidas, una, denunciar por acoso, y aunque ganes, reincorporarte a tu puesto de trabajo con una indemnización por daños morales; o dos, denunciar y solicitar la extinción del contrato de trabajo, lo cual es equivalente a un despido improcedente con la siguiente liquidación”.

Haciendo una valoración de la situación, vinieron a mi mente  los  nervios, las noches sin dormir estudiando para pasar las dos oposiciones… ¡Cómo iba a tirar 20 años de mi vida profesional por la borda!

Pero…, ¿qué era más importante? ¿Mi trayectoria y estabilidad laboral o mi propia vida y mi salud? De modo que decidí luchar por la segunda opción.

Acoso laboral

Mi concejal me había dicho literalmente frases como: “Te lo van a hacer pasar mal”. ”Quieren que te canses”. “He recibido instrucciones para paralizar el Plan (el Plan integral de Juventud, que era mi principal trabajo) y un sin fin de misivas en las que se me comunicaba que lo que me esperaba era una especie de tortura. (TODAS estas frases están recogidas en la primera sentencia tras el juicio por acoso laboral, reconocidas por dicho concejal).

Cuando comuniqué la decisión a mi familia, mi padre me dijo “querida hija, ¿te compensa renunciar a todo tu esfuerzo?”. Yrecuerdo que le contesté: “papá, cuando estás en un campo concentración, lo que  quieres es salir a toda costa, y no te planteas si fuera hay agua o comida, ya la buscarás”.

De modo, que el resto muchos ya lo sabéis. En enero de 2014 gané el juicio por acoso laboral contra el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

A pesar del triunfo, el Ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también ratificó la sentencia en septiembre de 2014.

Todos dábamos saltos de alegría, pero días después, el Ayuntamiento recurrió en casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo; como siempre, con el dinero de los ciudadanos de Boadilla del Monte.

Durante todos estos años, mi vida ha sido una lucha constante por sobrevivir; ya que la sentencia se ejecutó parcialmente.

Cacería

Es decir, me quedé sin trabajo y no percibí la indemnización, ya que al recurrir, la sentencia no fue firme.

Simultáneamente, me he visto sometida a una “cacería humana”, mediante campañas de desprestigio publicando todo tipo de injurias y calumnias a través de medios de comunicación afines  al Partido Popular, los cuales han intentado contaminar a la opinión pública y al Tribunal Supremo, argumentando que manipulé grabaciones, algo que jamás he hecho en mi vida.

También me vi imputada por un presunto delito de “infidelidad en la custodia de documentos, que finalmente fue archivado a petición Fiscalía, por falta de fundamento.

He tenido que denunciar amenazas de muerte, y me he visto inmersa en diversos procesos jurídicos a los que no hubiera podido hacer frente si no hubiera sido por la solidaridad, y el esfuerzo y la indignación de los ciudadanos de a pie, que sin conocerme de nada habéis hecho vuestra mi lucha.

Hoy es un día que marca un antes y un después:

Según el Auto emitido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo: «Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno».

Todo este desgaste por luchar contra la corrupción ha merecido la pena, gracias a la ayuda incansable de todos vosotros, sino a tantas  y tantas personas que habéis estado a mi lado no sólo económica, sino moralmente.

En especial a mi gran amiga Marián Suárez; a la labor imprescindible de todos y cada uno de los miembros de la Plataforma X la Honestidad, a PRIDICAM Asociación contra el acoso laboral), a la Fundación Hay Derecho, a la Fundación FIBGAR, a BluePrint (Whistleblower Protection), a ULEG, a la Asociación Corruptil, a Audita Sanidad, a la Brigada Tuitera, y tantas asociaciones que luchan por sanear este país y con lo que he tenido el gusto de recorrer  este  abrupto camino.

Detrás de cada una de estas asociaciones hay  personas a las que os debo tanto…, y estaréis siempre presentes en mi vida (Verónica del Carpio, Elisa de la Nuez, Sonia Agudo Capón, Carlos Sáez, Julio Méndez, Vanessa Murillo, Jacinto Roldán, Itziar del Salto, Julián Rumbero, José Manuel Estrada, Josep Millán, Quisco Fernández, Juan Carlos Bermejo, Lara Carrasco, Gorka Maneiro, Verónica Nad. Y miles de personas, que espero me disculpéis por no nombraros, sois tantos…, pero no por ello menos importantes)

Por supuesto no puedo olvidar mi agradecimiento a los periodistas que me habéis ofrecido un espacio, incluso en algunos casos, en contra de las directrices de “arriba”: Roberto Becares, Ignacio Escolar, Patricia López, Javier Ruiz, Iñaki López, Carlos del Castillo, La Fallarás, todo el equipo de El Plural, Óscar López Fonseca, Alicia Gutiérrez, Ernesto Ekaizer, Julio López, Javier Otero, Beatriz Talegón, Fernando Berlín, Javier Gallego, Gonzo

Igualmente, disculpadme todos a los que no os nombro, estoy tan emocionada que apenas puedo pensar…

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El pasado 24 de octubre el Pleno del Parlamento Europeo aprobo, por 399 votos a favor (el 60 por ciento de los 666 eurodiputados presentes), 101 en contra(el 15 porciento)  y 166 abstenciones (el 25 por ciento) el informe impulsado por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière, en el que se hace un llamamiento a la Comisión Europea para que, para finales de año, proponga normas que  garanticen la protección a los “whistleblowers” (denunciantes de irregularidades, como Ana Garrido) en los 27 estados miembros de la Unión.

El informe aprobado es un documento no legislativo que, sin embargo, establece una fuerte prioridad en las instituciones europeas en la línea de desarrollar, posiblemente, una Directiva, decisión que ahora queda en manos de la Comisón Europea; a ella le corresponde hacer una propuesta.

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