José Manuel Maza era un patriota en el sentido etimológico de la palabra: «Persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien». Puede que a muchos no les guste la definición, pero eso era en esencia el desaparecido fiscal general del Estado, uno de los grandes juristas y maestros de juristas que tenía España.
En alguna ocasión le escuché recitar el artículo 2 de la Constitución Española de carrerilla. «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
La autonomía, que no la independencia.
Como jurista que era lo tenía muy claro. Lo que había ocurrido en Cataluña era un delito de rebelión en toda regla, de secesión y de malversación de fondos públicos.
Así lo veía él con toda claridad. La Constitución y el Estatauto habían sido pasados por encima, violados. Destruidos.
Compartía la opinión de su buen amigo, el magistrado del Supremo en excedencia, Adolfo Prego -ahora ejerciendo la abogacía libre- de que si no se hubiera suprimido en el Código Penal de 1995 el artículo 214, que había venido figurando desde el siglo XIX, y que castigaba con penas de prisión de 6 a 12 años la proclamación de la independencia de un territorio de España sin necesidad de que hubiera violencia, tipificándolo como un delito de sedición impropia, esta pesadilla no se habría producido.
El 17 de septiembre se pronunció públicamente a favor de recuperar dicho artículo en el Código Penal, a través de una entrevista que publicó el diario El Mundo.
Por eso no dudó en presentar sendas querellas ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo contra el gobierno autonómico catalán y contra la mesa del parlamento regional, cesados por el artículo 155 de la Constitución, tras aprobar la república catalana.
Dichas querellas hicieron despues dar con los huesos del exvicepresidente del gobierno autonómico catalán, Oriol Junqueras, y siete exconsejeros, en diferentes cárceles madrileñas el 2 de noviembre pasado, a pesar de que eso le viniera mal al Gobierno del Partido Popular, cuyo ministro de Justicia lo había propuesto como fiscal general del Estado, de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.
La culpa de que eso ocurriera, hay que decirlo, no fue suya. Fue de los abogados de los ocho imputados, que se negaron a responder a las preguntas del fiscal.
Con haber dicho que acataban la Constitución, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional habría solicitado una fianza importante y les habría permitido recobrar la libertad. Él mismo lo dijo al día siguiente en la SER. Si se hubieran dejado interrogar…
Los riesgos de ir de sobrados.
La presidenta de la diputación permanente del parlamento catalán, Carme Forcadell, y cuatro miembros de la Mesa, pudieron evitar la cárcel proclamando su adhesión y respeto a la Constitución y soltando 150.000 euros de fianza, en el primer caso, y 25.000 en los siguientes.
El rumbo de la nave de la Fiscalía, con Maza a los mandos, estaba claro. Y estaba a favor de que las tres grandes causas, las de Oriol Junqueras y los siete exconsejeros, la de los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de sedición, y la del fugado a Bruselas, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros huidos con él, confluyeran finalmente sobre la mesa del magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena.
Porque Maza, como buen conocedor de la maquinaria del Supremo, sabía cuál iba a ser su desenlace: un juicio contra todos ellos ante un tribunal compuesto por siete magistrados sin posibilidad de recurso de apelación alguno. Con una sentencia final.
Como le ocurrió, en su momento, a Francesc Homs.
Un juicio que será un «aviso para navegantes» separatistas en toda regla.
Con consecuencias claras para sus libertades y sus respectivos patrimonios.
Tenía muy claro que debía recorrer ese camino. Y lo estaba haciendo. No había lugar para componendas políticas de ningún tipo. Era el puñetazo que el Estado de Derecho debía dar sobre la mesa.
Su desaparición no va a frustar, en absoluto, el camino marcado.
Las tres asociaciones de fiscales estaban con él. Igual que los hombres y mujeres que sirven en las diferentes Fiscalías por todo el territorio nacional.
Su misión es la defensa de la legalidad. La defensa de la Constitución.
Ante eso no puede haber ningún tipo de renuncias. José Manuel Maza, «un gran jurista y un hombre bueno», según palabras textuales de las tres asociaciones, lo tenía claro. Ellos también. El fiscal general del Estado, «su» fiscal general, un patriota, puede haber desaparecido físicamente, pero su espíritu jamas ha estado tan vivo como ahora.
