Las cuatro asociaciones de jueces tienen que ampliar la demanda presentada contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por no fijar nuevas cargas de trabajo que garanticen la salud laboral de los 5.500 jueces y magistrados, al Ministerio de Justicia y a las 12 Comunidades Autónomas con competencia en esta materia. La nueva vista ha sido convocada para el 7 de febrero.
Esa ha sido la decisión tomada hoy por el tribunal de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Ricardo Bodas, tras escuchar, al comienzo de la vista, las alegaciones del abogado del Estado que representaba al CGPJ.
De acuerdo con las mismas, era necesario ampliar dicha demanda al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas, a los que las 4 asociaciones -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)- no habían demandado por considerar que quien regula la carga de trabajo de los jueces es el CGPJ.
Ana Noguerol, la letrada de las asociaciones judiciales, mantuvo que, a su juicio, la responsabilidad de la organización de las cargas de trabajo de los jueces es responsabilidad única del CGPJ. Pero al final accedió a ampliar la demanda para no demorar el procedimiento ante posibles recursos de las partes.
Al ser un procedimiento inédito y único en la historia de la Justicia española, la Sala también tiene que pronunciarse sobre si es competente o no en el caso. Lo hará, según la letrada, en la sentencia que resulte del juicio.
DEMANDA CONJUNTA
Todas las asociaciones judiciales interpusieron una demanda conjunta contra el CGPJ «para que cumpla con su obligación de fijar la carga de trabajo a efectos de salud laboral y para que se declare que el documento Mapa de Riesgos Judiciales, aprobado unilateralmente por el Consejo, no cumple con dicha obligación».
Quieren que el CGPJ fije unos nuevos módulos que se adecúen a la complejidad de los nuevos tiempos, compatibles con el derecho al descanso y que faciliten la conciliación laboral y familiar.
Las asociaciones afirman que han hecho llegar al Consejo propuestas para la fijación de una carga de trabajo, que el CGPJ no ha acogido «aduciendo que tal regulación no podía realizarse mientras estuvieran pendientes los trabajos para fijar un módulo de rendimiento judicial y a efectos de retribución de la productividad».
Después, según las asociaciones, el Consejo presentó el Mapa de Riesgos Judiciales que establece un sistema de alertas de los 739 órganos judiciales cuyo módulo de entrada supera el 150 por ciento, pero que las asociaciones tachan de «absolutamente insatisfactorio».
Lo hacen porque dicho documento, que fue aprobado «unilateralmente» por el CGPJ, con la oposición de todas las asociaciones judiciales, «no es desde luego una regulación de la carga de trabajo».
Y añaden que el sistema de alertas tampoco cumple con la obligación legal y reglamentaria del CGPJ de regular la carga de trabajo y prevenir los riesgos laborales de la carrera judicial.
