La cuestión prejudicial presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por Javier Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, preocupa en la Audiencia Nacional porque, de salir adelante, pondría en tela de juicio investigaciones de casos, como el de Lezo.
Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática, ha viajado a Luxemburgo para responder, ante el tribunal del caso, a dos preguntas muy específicas, «sobre la gravedad o levedad» del asunto entre manos. Un asunto cuyo desenlace posiblemente tendrá lugar el próximo mes de febrero.
Hernández pidió al TJUE, el 6 de abril de 2016, que se pronuncie sobre si la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) contenida en la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, vulnera el principio de proporcionalidad.
En concreto, Hernández cuestiona los artículos 579 y 588 bis de nuestro código procesal penal donde se definen los presupuestos que autorizan la injerencia del Estado en la comunicaciones telemáticas de los sospechosos. Tales presupuestos, considera, son contrarios a los principios y derechos de la Unión.
La Ley Orgánica 13/2015 fue gestada con criterios basados en las jurisprudencias de tres tribunales: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. No es, por lo tanto, una ley de transposición sino una ley netamente española.
CON EL VISTO BUENO DEL CGPJ
Contó no sólo con la aprobación del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 12 de enero de 2015 sino que tuvo relevantes -y acertadas- aportaciones, por parte del órgano de gobierno de los jueces, contenidas en un informe que elaboraron los vocales Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo, que quedaron incorporadas al texto sancionado por el Parlamento, ahora puesto en tela de juicio por Hernández.
Dichas reformas han jugado un papel muy importante, desde su entrada en vigor, porque establecen y regulan las medidas de investigación tecnológica.
Medidas que posibilitaron la colocación de micrófonos en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal imputado en la «operación Lezo». La información obtenida es clave en la instrucción en marcha.
Si el TJUE diera la razón a Hernández, posiblemente gran parte de las pruebas obtenidas serían declaradas nulas.
Y lo mismo sucedería con otro caso, como el de Diana Quer -este se investiga en la Audiencia Provincial de A Coruña- cuyo móvil tuvo una trayectoria idéntica a la seguida por su supuesto asesino, José Enrique Aguín Gey, «el Chicle», la noche de su desaparición. Una prueba de cargo vital en el juicio con jurado que tendrá lugar dentro de un año y medio.
«Sería un golpe especialmente grave para muchos de los procesos en marcha, y tendría consecuencias directas», reconocen desde la Audiencia Nacional. Y otro tanto sucede en medios policiales y de la Benemérita.
«Habría que hacer un esfuerzo de comprobación probatoria ligada a cada caso concreto», remachan.
Javier Hernández forma parte de la selección de 6 magistrados –Ángel Hurtado y Manuela Fernández, ambos de la Audiencia Nacional; Juan José López Ortega y Vicente Magro, de la Audiencia Provincial; y la magistrada Susana Polo, de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid- cada uno de los cuales aspira a ocupar el puesto que José Ramón Soriano dejó recientemente vacante en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sobre lo cual tiene que decidir el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del próximo 25 de enero.
