Josep Bosch, el juez de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), ha acordado inhibirse a los juzgado centrales de instrucción de la Audiencia Nacional de la investigación de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública.
Esta inhibición responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción por entender que la competencia, dados los delitos que se investigan y el ámbito territorial donde se han cometido, corresponde a dicho órgano judicial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En el procedimiento, que se abrió en 2013 a raíz de unas supuestas irregularidades detectadas al entonces alcalde de Torredembarra Daniel Massagué (CDC), están imputados entre los extesoreros de CDC Daniel Osàcar -condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel por el caso Palau- y Andreu Viloca, que según el juez jugó un papel «esencial» en la trama, así como el exconseller de Justicia y exdiputado Germà Gordó.
Según el juez, el «grave perjuicio para la economía nacional» de la trama del 3 % lo provocaría la «aparente generalización de la manipulación de los concursos públicos» licitados por entes públicos controlados por CDC, donde «únicamente resultarían adjudicatarias de obras y proyectos las empresas que efectuaran donaciones a las funciones de Convergència».
En su auto de inhibición, que se puede recurrir, el juez remarca que el supuesto amaño en estos concursos públicos supondría «un grave perjuicio para la economía nacional dado que este tipo de prácticas desalentaría la presentación de ofertas, con las consecuencias que ello implicaría».
En un informe entregado el pasado 24 de enero al juez, la Guardia Civil cifra en 1.040.800 euros las comisiones de empresas que CDC recibió presuntamente entre los años 2008 y 2013, encubiertas como donaciones a sus fundaciones afines Catdem, Forum Barcelona y Òmnium, a cambio de adjudicaciones públicas.
A la vista de este informe, el fiscal anticorrupción José Grinda pidió al juez de El Vendrell que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional, ante la «grave repercusión» que tuvo para la economía española la trama del 3 %, dada la «sobresaliente cantidad de millones de euros objeto de concursos amañados».
