De izquierda a derecha, Miguel Caamaño, de CCS Abogados, Carmelo González, presidente CETM, y Francisco Caamaño, durante la rueda de prensa. Carlos Berbell/Confilegal.
Las indemnizaciones por el cártel de camiones en las 6.000 demandas que llevan CCS Abogados podrían superar los 500 millones de euros
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15/2/2018 06:15
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Actualizado: 15/2/2018 08:26
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Ni el exministro de Justicia, Francisco Caamaño, ni su compañero de despacho, Miguel Caamaño, ambos de Caamaño, Concheriro & Seoane (CCS Abogados), quisieron aventurar una cifra aproximada de la indemnización global que podría obtenerse en la defensa de 4.300 clientes, propietarios de 30.000 camiones, que, entre 1997 y 2011, sufrieron los sobrecostes producto de un cártel.
Un acuerdo secreto suscrito entre los fabricantes Renault-Volvo, DAF, Iveco, Man, y Daimler Mercedes para ganar más dinero. Y por los que en breve, anunciaron, presentarán 6.000 demandas en los juzgados de lo mercantil de toda España.
Pero ambos letrados fueron lo suficientemente explícitos como para deducirla con facilitad, durante la rueda de prensa que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), celebró ayer en su sede de Madrid. La CETM representa a 31.000 empresas de transporte que hacen uso de 129.000 vehículos y dan empleo a 220.000 trabajadores.
«El precio medio de compra por vehículo -camiones, autocares; transportes de entre 6 y 16 toneladas- está entre los 70.000 y los 75.000 euros. El sobrecoste habría sido de entre un 10 o un 12 por ciento, explicó Miguel Caamaño, socio director de la firma, y catedrático de derecho financiero y tributario.
O lo que es lo mismo, entre 210 y 252 millones de euros.
«A eso habría que sumarle una cifra similar en concepto de interés legal del dinero», añadió.
Es decir, entre 420 y 504 millones de euros.
La firma CCS Abogados representa a 4.500 clientes, o lo que es lo mismo, 6.000 demandas por 30.000 vehículos.
CONSECUENCIA DIRECTA DE DOS MULTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA
Estas demandas son la consecuencia directa de una primera multa de 2.930 millones de euros que la Comisión Europea impuso a finales de julio a los fabricantes de camiones citados por crear un cártel en el que concertaron aumentos de precios de sus productos en toda Europa. Y establecieron acuerdos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación para cumplir con las normas europeas.
A la alemana Scania, la única firma que rehusó cooperar con la Comisión Europea, se le impuso después una multa de 880 millones de euros; esta empresa fue la organizadora de los encuentros con el resto.
MAN -empresa del grupo Volkswagen- quedó exenta de la multa por haber denunciado las prácticas mafiosas que tanto ellos como sus colegas llevaron a cabo durante 14 años.
PRIMERA SENTENCIA ESTIMATORIA, EN ALEMANIA
El exministro Caamaño explicó que en todos los países de la Unión Europea se han abierto litigios contra los fabricantes de vehículos de gran tonelaje, de la misma manera que está sucediendo en España.
«Lo que se ha producido es un daño masivo a la Unión Europea, al mercado común. Porque pactar precios va contra el mercado libre», explicó.
Francisco Caamaño hizo referencia explícita a que la primera sentencia estimatoria sobre el cártel de los camiones se produjo recientemente en el tribunal especializado en derecho de la competencia de Hannover, Alemania, en la que se dio la razón a la empresa de transportes demandante.
«Es una sentencia que confirma la existencia de sobrecostes pactados por los fabricantes de camiones», explicó. La empresa demandada era MAN.
El exministro señaló, de forma especial, como un hecho de gran relevancia, la transposición de la Directiva 2014/104/UE de la Unión Europea en materia de daños por infracciones del derecho de competencia, llevada a cabo por Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, en la Ley de Defensa de la Competencia.
«Porque con esta transposición rige el principio de solidaridad plena. Lo que se traduce en que todos los que han pactado el cártel responden solidariamente de los efectos causados. Puede demandarse, por ejemplo, a Scania por un vehículo que no es de Scania», explicó.
Para Francisco Caamaño la primera sentencia sobre el caso, que ha tenido lugar en Alemania, es muy importante. Carlos Berbell/Confilegal.
LA CLAVE DEL ÉXITO, EN LAS PRUEBAS PERICIALES
De acuerdo con Miguel Caamaño, «es necesario no lanzar las campanas al vuelo. El problema está en las cuantificaciones. Si yo fuera el abogado de la otra parte, intentaría dificultar al máximo los elementos probatorios. De ahí la complejidad que tiene esta prueba».
«Los efectos cártel son muy complejos. Y al tener que hacerlos por países, sin los informes que tiene la Unión Europea, esto es muy importante. La Unión ha sancionado, pero no nos va a dar los criterios que ha manejado. ¿Por qué? Porque ha habido un confidente que ha sido malo y para proteger la información del confidente, porque es uno de los acuerdos a que se han llegado, lleva a que esa información no se facilite», cuenta.
«Por lo tanto, hay que reconstruir toda la prueba pericial. Se podría hacer de una manera muy elemental, que es coger toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fija los efectos cártel en torno al 10 por ciento y arriesgarse uno e ir así a los tribunales. No creemos que esa sea la forma de hacer bien las cosas. Hay que llevar una prueba consolidada y seria. En eso nos hemos comprometido y en eso estamos», añade.
El despacho contratado por CETM quiere afinar la prueba hasta niveles de excelencia y calidad que no la puedan cuestionar abogados que van a tener una alta calidad. Para ello cuentan con un equipo pericial que ya está en ello.
«Hemos conseguido los costes de producción, los márgenes de los fabricantes durante los años del cártel, los márgenes de los distribuidores y concesionarios para que no nos digan que el sobrecoste fue absorbido por la estrechez de los márgenes de los distribuidores y concesionarios, la contabilidad analítica. Esto lleva mucho trabajo conseguirlo, porque son datos que están fuera de España. Es un equipo de una docena de personas, pero luego hemos suscrito un acuerdo con dos firmas de peritos a nivel nacional que serán los que defiendan en juicio los diferentes casos», remachó.
Miguel Caamaño explicando la importancia de la prueba pericial para este caso. Carlos Berbell/Confilegal.
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