Juan Carlos Estévez en su despacho, se ratifica en todo lo afirmado en la entrevista a Confilegal. Carlos Berbell/Confilegal.
La ADP no coincide con lo que de ellos opina Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores
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18/2/2018 06:20
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Actualizado: 24/3/2021 10:08
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La autodenominada Asociación de Defensa del Procurador (ADP) no coincide con lo que de ellos opina Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), y que dejó muy claro en la entrevista que Confilegal le hizo y que publicamos el 15 de enero pasado.
Para decir verdad, no está de acuerdo en nada, en lo que a ellos se refiere.
Los autores de la entrevista –Yolanda Rodríguez y el autor de este artículo- le planteamos una última pregunta, que parece haber molestado a la susodicha ADP: ¿La querella que les puso la Asociación para la Defensa del Procurador ha sido uno de los peores momentos de su historia?
Y Estévez contesta lo siguiente:
«Para nada. Yo sabía que eso no tenía ningún recorrido. Fue peor para Antonio Álvarez-Buylla, que era el decano en ese momento, porque le costó su puesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial. No pudo tomar posesión, aunque estaba elegido por el Senado, porque es un señor. Pero podía haber tomado posesión.
Hay un grupo, que siempre son los mismos, que han presentado querellas y denuncias ante todos los colegidos de España.
Son odiados por toda la Procura.
El nacimiento de todo esto es el impago de cuotas. Son gente que se han dedicado dado a hacer competencia desleal y a trabajar a precios bajos. Nosotros cobramos por un monitor, de arancel, 35 euros. Alguno de estos los llevaban por 5 y 10 euros, con el aliciente de que iban a recibir 10.000 monitorios de una empresa grande. El problema es que luego hay que tramitar esos 10.000 monitorios y carecían de medios.
Cuando luego había que pagar la cuota no tenían dinero. Y ese es el origen de todo los males. Las querellas no tenían ni pie ni cabeza.
A mí me afectaban todavía menos, porque el famoso estatuto que da origen a todas las querellas se tramita siendo yo decano del Colegio de Procuradores de Madrid, pero luego se termina cuando yo ya no era decano.
El Estatuto se elaboró, se aprobó en Junta General, con una mayoría del noventa y tantos por ciento de los votos y se manda al Consejo General de Procuradores, que tiene que informar, y a la Comunidad de Madrid.
El Consejo General hace sus observaciones. Se recogen. La Comunidad hace las suyas, se recogen y se aprueba el Estatuto.
Estos señores afirmaban que se había reformado torticeramente el Estatuto. Pues no. Lo reformó el Colegio de Procuradores de Madrid, con los informes positivos de la Comunidad y del Consejo General, tras las modificaciones ordenadas.
Al final todo se ha archivado, como tenía que ser».
ANTONIO ALVÁREZ-BUYLLA
En una carta de alusión recibida por Confilegal, la ADP «precisa»: «En relación con la afirmación de que la querella interpuesta por nuestra Asociación ‘…le costó su puesto como Vocal del Consejo General del Poder Judicial’ a D. Antonio Álvarez-Buylla, por el afectado se publicó un artículo en prensa con amplia difusión nacional en el que por el afectado se indicaba que abandonaba la vida política por razones personales y no como consecuencia de la querella criminal interpuesta, que en todo caso ya había resultado archivada cuando se publicó dicha nota de prensa».
El artículo publicado «en prensa con amplia difusión nacional» es de Confilegal y es de 15 de enero de 2015. Y no era una nota de prensa, como dice la ADP, sino el contenido de la carta que Álvarez-Buylla envió al Senado. La Cámara Alta lo había nombrado vocal sustituto y era ante ella ante la que tenía que comunicar su decisión.
El mencionado artículo llevaba por título «Antonio Álvarez-Buylla renuncia a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial».
Y efectivamente dice eso.
Pero la ADP «se olvida de citar» -es lo que tiene la memoria selectiva- otro que publicamos el 13 de diciembre de 2016 con el titular: «Antonio Álvarez-Buylla: ‘A mí la ADP me ha perjudicado de forma muy grave en lo personal, en lo familiar y en lo profesional'».
En la misma Álvarez-Buylla afirma con rotundidad y toda claridad: “Dejé el Decanato del Colegio de Procuradores de Madrid, estando en funciones, y renuncié a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial por la querella que presentaron contra mí y contra Ramiro Reynolds [los de la ADP], y que luego ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Madrid. Y lo hice el mismo día”.
“Estos señores, además, mandaron una carta al Senado y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, diciendo que yo era indigno para el puesto”, agrega Álvarez-Buylla.
“Lo único que han pretendido es hacerme daño”.
Álvarez-Buylla, por lo tanto, se vio obligado a renunciar a sustituir a Mercé Pigem, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras su dimisión, en diciembre de 2014, en el turno de jurista de reconocido prestigio por culpa de la imputación que la ADP sostenía sobre su persona.
Por respeto al Colegio de Procuradores de Madrid y al propio CGPJ, según explicó personalmente a Confilegal, no quiso embarrar al órgano de gobierno de los jueces en la polémica, aún teniendo la seguridad de que la querella fue archivada, como así sucedió.
El exdecano del Colegio de Procuradores de Madrid termina nuestro artículo diciendo: «Las acciones legales de estos señores me han hecho mucho daño a mí y a la profesión. Pero lo que más daño me ha hecho ha sido la lentitud de la Justicia. Porque no me he sentido amparado. Quizá está mal que yo lo diga, pero así son las cosas y así las veo. Con una Justicia más resolutiva y más rápida todo esto no habría ocurrido».
Álvarez-Buylla culpa a la ADP de no haber podido acceder al puesto de vocal del CGPJ que, por derecho le correspondía.
EL «DESMESURADO AFÁN INCRIMINATORIO» DE LA ADP, SEGÚN LA JUSTICIA
Sobre la afirmación de Estévez de que son ‘un grupo, que siempre son los mismos, que han presentado querellas y denuncias ante todos los colegios de España’, la susodicha asociación dice que «es totalmente falso» que hayan puesto querellas ante todos los Colegios de España.
Pero no hacen referencia -otra vez la memoria selectiva- a lo que los tribunales dicen de ellos en algunos autos, como el de fecha de 4 de diciembre de 2015, suscrito por los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, Ignacio Sánchez-Yllera, Mario Pestana Pérez y José Joaquín Hervás Ortiz, quienes constataron «el desmesurado afán incriminatorio de la Asociación querellante», referiéndose expresamente a la ADP.
Fue en el auto que archivó la querella contra Álvarez-Buylla y Reynolds.
Tanto Álvarez-Buylla como Reynolds fueron exculpados, por segunda vez, de una segunda querella, también presentada por la ADP y que cayó en el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid.
La ADP acusaba a ambos de falsificación documental en grado de tentativa, como también informó Confilegal.
«Este Juzgado ha dictado, con fecha 28 de enero de 2015, un segundo auto, en línea completa con el primero, desestimado el citado Recurso de Reforma y ratificando el integro contenido del anterior, en el sentido de ratificar que no hay ninguno de los elementos que se requieren por ley para la conducta denunciada. Álvarez-Buylla y Reynolds no cometieron delito alguno. El origen de todo está en un error administrativo«, informábamos entonces citando literalmente el auto judicial.
La ADP recurrió dicho archivo en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Y nuevamente se lo volvió a tumbar la misma Sección, la Cuarta, ratificando el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas.
También informamos en Confilegal de ello el pasado 17 de enero: «La AP desestima la apelación de la ADP contra el archivo de la querella contra la cúpula del Colegio de Procuradores de Madrid».
La ADP se olvida de ello.
La dichosa memoria selectiva.
El Auto del Juzgado de Instrucción 30 rechazó la supuesta falsedad de los estatutos de 2007 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICAP), y ratificó que el ICAP actuó en todo momento dentro de la legalidad.
Lo que avalaba jurídicamente las tesis del Colegio. El magistrado entonces calificó como un “desmesurado afán incriminatorio de los querellantes”.
En la nueva resolución, que llevaba por fecha 10 de enero de 2018, el tribunal, esta vez compuesto por los magistrados Mario Pestana Pérez, María José García-Galán San Miguel y Ana María Pérez Marugán, escribieron que los querellantes “no han ofrecido indicios que justifiquen la reapertura de unas actuaciones ya sobreseídas provisionalmente” y que existe una “ausencia de elementos indiciarios novedosos”.
Y reprochaban en su fallo a los querellantes de la ADP “ignorar el contenido de los expedientes administrativos que acreditaban las razones, comprensibles para cualquier observador racional” y mantener “una hipótesis delictiva carente de rigor”.
Señalaban, por segunda vez, el desmesurado afán incriminatorio de la ADP: «Es constatable el desmesurado afán incriminatorio de la Asociación querellante, que hace un lectura meramente formal, superficial e interesada del Auto dictado por esta Sección con fecha 20 de marzo de 2014, y sostiene una manifiestamente deformada imputación”.
Que un tribunal escriba en tales términos denota una irritación y un hartazgo más que evidente.
El auto, del que fue autor el magistrado Mario Pestana, finalizaba afirmando: “Solo cabe dar la razón a la parte querellada sobre la existencia de una actuación fraudulenta y de mala fe en este proceso de la Asociación para la Defensa del Procurador” que mantiene “a toda costa una hipótesis delictiva carente de rigor”.
La ADP tampoco dice parece compartir la opinión del presidente del CGPE, Juan Carlos Estévez, sobre que el origen de sus desavenencias sea el impago de cuotas, ni tampoco que se hayan dedicado a hacer competencia desleal, bajando los precios, ni que el origen de las fallidas querellas sea la gestación del Estatuto de 2007, y que este fuera aprobado en Junta General con la mayoría que dice el presidente, porque, dicen, que no fue votado.
Y subrayan, por último, que el archivo de la querella no es definitivo porque fue recurrido. Es su versión. Ahí queda.
Juan Carlos Estévez se ratifica en todo lo dicho.
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