Desagravio a la democracia

El President del Parlament de Catalunya quiso aprovechar ayer la ocasión de un acto solemne organizado por el ICAB, que anualmente celebra su particular «diada de Sant Raimon» para homenajear a sus colegiados y reafirmarse en la defensa de sus intereses corporativos, para denunciar, ante el Ministro de Justicia, el Delegado del Gobierno y las principales autoridades judiciales catalanas, la existencia de “presos políticos por delitos inexistentes” en España y la “regresión” de nuestro sistema democrático en materia de derechos y libertades, entre ellos los de participación política. También afirmó que la división de poderes se encuentra “en peligro”.

En fin, quiso aprovechar para reclamar la impunidad de quienes, de una u otra forma, son actualmente investigados por distintos órganos judiciales por su participación en el proceso para la secesión unilateral de Cataluña y la convocatoria y ejecución del referéndum ilegal del 1-0.

La noticia no ha alcanzado un eco particular por la singularidad y profundidad del discurso, que no es precisamente novedoso, ni tan siquiera por el extremo de que esas reivindicaciones se vertieran en presencia de miembros del Gobierno de la nación, sino porque, mientras el President del Parlament de Catalunya pronunciaba esas palabras, las autoridades judiciales allí presentes, incluidos los presidentes del Tribunal Superior y el de la Audiencia Provincial de Barcelona o la cúpula de la Fiscalía en Cataluña decidieron, de forma espontánea, abandonar el acto ante el estupor del propio Molt Honorable Roger Torrent i Ramió.

Comienza por llamar la atención la reacción de sorpresa del President del Parlament quien, visiblemente sobrepasado por la situación, apenas acertó a proseguir su discurso mientras las autoridades judiciales abandonaban el salón, hasta que hubo de interrumpirlo por razón de los aplausos y abucheos de los abogados que allí se congregaban.

Eso sucedía ante las recriminaciones de la Decana del ICAB, filtradas para los asistentes y los medios de comunicación que allí se congregaron a través de los micrófonos de la tribuna, que solo se revelaron como una reacción de franca decepción por la desagradable situación que el Señor Torrent había provocado.

Todo mientras, en la misma mañana de ese día, un grupo de partidarios de la independencia unilateral de Cataluña había tratado de obstaculizar los accesos al «Palau de Justícia», suceso que se saldó con una docena de detenidos.

Ni los colegiados del ICAB ni el resto de la ciudadanía catalana parecían necesitar, de una de sus principales autoridades autonómicas, otra cosa excepto palabras de moderación.

¿A qué puede deberse esa reacción estupefacta del President del Parlament?

En primer lugar, a la incapacidad de asumir, con responsabilidad y coraje, las consecuencias inevitables de la gravedad de sus palabras que, además, se encontraban completamente fuera de lugar en el contexto de ese acto de tono institucional, que solo tenía por objeto celebrar la festividad de una organización colegial.

Pero, en segundo lugar, lo que esa reacción del President evidencia es su incapacidad de comprender la ofensa que estaba infligiendo ante otras autoridades públicas, una audiencia de juristas bien formados y la mayor parte de la ciudadanía catalana, por sus juicios de desvalor sobre la salud democrática de nuestro país y de nuestro sistema de convivencia.

Quien no respeta la nota de neutralidad inherente a un acto civil, quien se considera exclusivamente investido del poder para poner a salvo la democracia, quien no reconoce la legitimidad democrática del discurso político del adversario, quien no encuentra reparos en instrumentalizar al solo servicio de sus ideas la institución que representa, difícilmente asumirá como propios los valores fundamentales que hacen posible que España sea un país ubicado en el corazón de Europa y del resto de la civilización occidental: el sometimiento de los poderes del Estado a la Ley, la separación de esos poderes, la existencia de contrapesos entre todos ellos, el reconocimiento de un sistema de garantías individuales basadas en la dignidad de la persona humana y la existencia de un mecanismo para la defensa de todo lo anterior, es decir, un sistema judicial integrado por jueces y fiscales profesionales. Todo eso que hace posible que el Sr. Torrent se conduzca de la manera en que ayer lo hizo sin otras consecuencias que su propio descrédito político.

Ciertamente, también puede causar sorpresa el protagonismo que, pese a lo discreto de su gesto, alcanzaron ayer jueces y fiscales durante la celebración de ese acto.

Pero no se trató de una maniobra guiada por el afán de significarse, por rebatir las ideas políticas que preñaron la intervención del President del Parlament o, en menor medida, por marcar distancias respecto de los ciudadanos que las puedan asumir como propias.

Por el contrario, esa respuesta de los jueces y fiscales supuso una muestra de dignidad necesaria, la inherente a sus cargos y que por eso no pueden permitir despreciar, porque no les pertenece a título personal.

Una actitud que únicamente pretendía servir como un gesto de desagravio ante la ofensa que trató de causar el Señor Torrent a una buena parte de los ciudadanos presentes y, por extensión, a la propia democracia.

Un gesto comprometido y valiente para restaurar el daño hecho a la política y a la justicia.

NOTA: Este texto ha sido publicado originalmente en el blog La Clave Judicial, de la Asociación Profesional de la Magistratura de Cataluña,