Firmas
Independencia judicial y supresión del CGPJ
Vicente Tovar, abogado y magistrado en excedencia.
24/2/2018 06:00
|
Actualizado: 23/2/2018 23:22
|
La semana pasada asistía a un debate sobre la independencia judicial que se celebraba en el Club 567 de Madrid, a instancias de la plataforma cívica en defensa de la Independencia Judicial y en la que participaban representantes de todas las asociaciones judiciales.
Hace mucho que soy muy escéptico e incluso descreído en algunos temas y entre ellos se encuentra el que era objeto del debate. Es lo que ocurre cuando tienes ya una cierta edad.
El debate estuvo bien, entretenido y los ponentes se esforzaron en criticar, sobre todo la falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial, amén de otras cuestiones que desde luego perjudican en gran medida la imagen del Poder Judicial y sobre todo la percepción que de la Justicia tiene el ciudadano.
Cuando estaba allí sentado escuchando a los portavoces de las Asociaciones creí estar sufriendo un dejá vu.
Volví a escuchar exactamente las mismas cosas que llevo escuchando ya veinticinco años, incluso algunas literalmente.
El tema estrella siempre es el relativo al cambio en el sistema de nombramientos de los vocales del consejo general del poder judicial al igual que cuando empecé, con los mismos argumentos que ya escuchaba allá por el año 1994 y con la misma cara de enfado de las asociaciones judiciales.
Un auténtico día de la marmota.
Hace unos años escribí que desde niño escuchaba hablar de la reforma de la Justicia y que ya no creía en esa hipotética reforma desde hace mucho. Ya, de la reforma del sistema de nombramiento de vocales ni os cuento.
Lo mejor y mas novedoso que escuché el otro día fue a la portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (Natalia Velilla) cuando dijo dos cosas que me gustaron por su claridad y hasta por su obviedad:
Una, que en este tema sí que hay trasparencia por parte de los partidos políticos. Queda claro que los dos grandes no quieren reformar el sistema, que no es otro que un sistema de cuotas que y cuando lo han hecho ha sido para peor. Son trasparentes por tanto.
Y dos, que en este tema PP y PSOE sí están completamente de acuerdo. No tienen ni una discrepancia: no quieren tocar el sistema. No quieren perder la posibilidad de controlar los nombramientos discrecionales de Jueces ni, sobre todo, de Magistrados del Tribunal Supremo.
La posibilidad que les da este sistema a los grandes partidos para poder designar a Jueces ideológicamente cercanos, les genera una tremenda excitación y aunque se les llene la boca de proclamar el cambio cuando están en la oposición, el llegar al gobierno se les quita de la cabeza esa brillante idea.
El caso mas claro ha sido el propio Partido Popular que incluso lo llevaba en dos ocasiones en su programa electoral y ha ejercido gobiernos ostentando mayorías absolutas.
Es decir, lo prometieron y tenían mayoría suficiente para conseguirlo y sin embargo la última reforma de Gallardón, convirtió el Consejo en un órgano presidencialista, mas parecido a una Direccion General de un Ministerio que a un órgano independiente.
Es verdad también, que no basta un sistema donde los jueces elijan a sus doce representantes si esto se hace trasladando el sistema de cuotas de los partidos a un sistema de cuotas de las Asociaciones.
Si ese es el resultado final de la tan solicitada reforma, nada habremos ganado pues estaríamos ante mas de lo mismo. Antes de cada votación ya se sabrá lo que va a votar cada vocal en función del bloque al que pertenezca.
Y esto ya lo hemos vivido. En Consejos anteriores hemos visto vocales de procedencia judicial más próximos a partidos que los vocales políticos e incluso algunos de los peores vocales lo han sido de origen judicial.
Se trata por tanto de reinventar un sistema que permita que doce vocales sean elegidos por los propios jueces como dice la propia Constitución Española, pero que se elija entre miembros de todas la carrera judicial sin que vayan incluidos en listas de Asociaciones, pues como digo, eso no haría sino reproducir un sistema de cuotas y de votos en bloque que no resolvería el problema de la falta de independencia.
Por eso, la solución no es tan fácil ni tan simple. No basta decir que en lugar de que el Parlamento designe a los 12 vocales judiciales, estos sean elegidos por jueces. Con ello ya está arreglado el problema. En modo alguno. El problema persistiría.
En principio, el modelo de que los vocales del Consejo sean elegidos por el poder legislativo no es negativo ni nocivo en sí mismo porque en definitiva, El Consejo, como Órgano Constitucional estaría formado por la decisión de la Institución que representa a la soberanía popular, es decir por el parlamento. Hasta ahí, nada que se ajuste mas a las normas de un Estado de Derecho.
El problema empieza cuando no se elige a los mejores para el puesto sino a los mas afines a los grupos políticos y se hace un reparto de cuotas y de vocales de manera que las votaciones del Consejo están ya predeterminadas antes de que comiencen y da igual que se vote el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo o el color que hay que pintar el salón de actos.
El resultado de la votación será previsiblemente el mismo. Si se consiguiera designar a los vocales por méritos y capacidad y atendiendo a su independencia, incluso el sistema actual sería viable y si por el contrario, se cambia el sistema por el de elección por los propios jueces pero manteniendo idéntico criterio de afinidad a las Asociaciones, el resultado seguiría siendo igual de nefasto pues seguiría adoleciendo del mismo pecado original.
Lo realmente cierto es que El Consejo de hoy carece de credibilidad en la sociedad y no ofrece ninguna confianza a los miembros de la carrera judicial y como medida, mientras se modifica o no el sistema de nombramientos yo propongo su supresión directamente. Es mejor que no haya Órgano a que el Órgano carezca de credibilidad.
Para la regulación de las cuestiones regladas (que son la inmensa mayoría) sería suficiente una Dirección General y para los nombramientos con un carácter discrecional me gusta el sistema de votación directa por los jueces de su ámbito. Es decir, para la elección del Presidente de una Audiencia, por ejemplo, votarían todos los jueces de esa provincia al mejor candidato. El aspecto disciplinario podrían ejercerlo las Salas de Gobierno. Ello supondría además un importante ahorro pues el Consejo se ha burocratizado y cada vez reúne a mas funcionarios.
En fin, como decía mi abuela, “pa poca salud ninguna”.
Otras Columnas por Vicente Tovar:
