El grupo de juristas Llibertats afirma que la denuncia de Puigdemont ante la ONU es una maniobra de propaganda para desprestigiar a España
La denuncia de Carles Puigdemont ante Naciones Unidas se engloba en su estrategia de denuncias internacionales contra España para forzar al Gobierno a negociar la independencia de Cataluña, según reconoció el pasado viernes su nuevo abogado. EP.

El grupo de juristas Llibertats afirma que la denuncia de Puigdemont ante la ONU es una maniobra de propaganda para desprestigiar a España

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06/3/2018 06:15
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Actualizado: 07/9/2022 11:15
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Llibertats, la asociación de juristas catalanes para la defensa del Estado de derecho y la libertad, afirma en un comunicado en el que analiza en profundidad la denuncia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no es más que «una maniobra de propaganda para intentar desprestigiar la democracia española».

Por ello, está estudiando comparecer ante dicho Comité para solicitar la inadmisión a trámite de esa denuncia.

La conclusión a la que ha llegado, tras analizar dicha denuncia, es que no cumple ni con los requisitos establecidos en el artículo 2 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni con el artículo 96 F del Reglamento del  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Para empezar, Llibertats recuerda que «el Comité solo podrá admitir a trámite aquellas denuncias que hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, debiendo inadmitirlas en el supuesto de que la persona que denuncia la vulneración de derechos individuales no haya agotado dichos recursos».

Desde su punto de vista, Puigdemont debería haber agotado «todos los recursos de la jurisdicción interna disponibles para poder acudir al Comité de Naciones Unidas o demostrar que hay un retraso injustificado en la tramitación de los mismos o resultan ineficaces».

TRES SUPUESTAS VULNERACIONES DE SUS DERECHOS INDIVIDUALES

En su denuncia, Puigdemont hace referencia a tres supuestas vulneraciones de sus derechos individuales: el derecho a participar en la vida política, el derecho a la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libertad de opinión y expresión.

Para hacer valer dichos derechos existen vías jurisdiccionales ante la justicia Española, «sin que el señor Puigdemont haya efectuado o interpuesto demanda o recurso alguno; es más, el señor Puigdemont ni siquiera ha recurrido ante la jurisdicción su cese», recuerdan.

«Por lo tanto no solo no ha agotado las vías jurisdiccionales internas, sino que ni siquiera las ha utilizado, requisito imprescindible para la posible admisión a trámite de la denuncia y que, dado su carácter, el defecto resulta insubsanable por lo que deberá inadmitirse a trámite», afirman.

¿MIENTE PUIGDEMONT EN SU DENUNCIA ANTE NACIONES UNIDAS?

Es lo que parece desprenderse del análisis de Llibertats.

«Resulta extremadamente grave que en el apartado III. 1 de su denuncia, manifieste que ha utilizado todo los medios jurisdiccionales ante la justicia Española, curiosamente sin mencionar ninguno, y que han resultado rechazados por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, lo que resulta incierto ya que el Sr. Puigdemont NO HA INTERPUESTO DEMANDA O RECURSO ALGUNO con relación a los derechos individuales supuestamente vulnerados, faltando a la verdad en su recurso para intentar justificar un requisito que no cumple y que resulta insubsanable», señalan.

Y recuerdan que «la denuncia presentada (apartado III. 2) pretende justificar la no espera a las decisiones jurisdiccionales internas -que en ningún caso ha ejercitado- en el artículo 5, 2 b) del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, supuesto que permite la presentación y admisión de la denuncia siempre que la tramitación de los recursos se prorrogue injustificadamente en el ámbito interno».

Texto del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Texto del Reglamento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

«En la denuncia el señor Puigdemont ni siquiera menciona qué recursos se han dilatado injustificadamente alegando únicamente que no está obligado a esperar más tiempo una resolución del Tribunal Constitucional, lo que se contradice con el apartado III. 1 de su propia denuncia donde manifiesta que ha agotado todas las vías ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y que han sido rechazados. También manifiesta que los remedios de la jurisdicción Española son ineficaces sin señalar causa alguna. Todo ello pone de manifiesto las graves contradicciones de la denuncia para intentar justificar unos requisitos que no cumple», indican.

Por ultimo, recuerdan que «en España existe un procedimiento especial y de tramitación urgente ante la jurisdicción ordinaria para la protección de los derechos fundamentales de la persona, tal como establece el artículo 53 de la Constitución y que se encuentra regulado artículo 114 y siguientes de la Ley 28/1998, y que es un medio adecuado y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, tal como ha sido reconocido en diferentes sentencias dictadas por Tribunales Internacionales y que el señor Puigdemont no ha utilizado, dejando pasar los plazos para su interposición».

«GUERRA JURÍDICA» DE PUIGDEMONT CONTRA ESPAÑA

La denuncia ante Naciones Unidas de Puigdemont se encuadra dentro de su estrategia de «guerra jurídica» contra el Gobierno español, presentando una denuncia nueva cada mes en diferentes tribunales internacionales, hasta que acepte sentarse a la mesa de negociación para discutir un referéndum pactado de independencia, según reveló el pasado viernes su nuevo abogado, el británico Ben Emmerson.

«Continuaremos presentando denuncias con un fundamento sólido a la comunidad internacional y sus mecanismos judiciales cada mes hasta que el Gobierno de Madrid se convenza de que debe entablar negociaciones sinceras con los líderes del movimiento independentista catalán», dijo Emmerson en una rueda de prensa convocada con carácter urgente en el hotel de Bruselas en el que se aloja a menudo Puigdemont.

El primer golpe en esta «guerra judicial», como la ha definido el propio Emmerson, es la denuncia contra España presentada el pasado 1 de marzo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Su abogado sostiene que el Gobierno de Rajoy ha violado los derechos citados de forma «flagrante».

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