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Los nuevos parias sociales: Una versión distinta de los efectos del derecho de familia

Los nuevos parias sociales: Una versión distinta de los efectos del derecho de familia
Primo Levi, el escritor de quien habla el autor en esta columna.
01/4/2018 06:15
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Actualizado: 31/3/2018 21:36
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Allá, por el año 2002, escribía un artículo (los nuevos parias) para la revista de la Asociación profesional Jueces para la Democracia, donde daba una visión especial y una lectura humana las consecuencias que tenían sobre la vida de miles de personas (incluidos niños) la aplicación de la entonces Ley del Divorcio de 1981.

Hacía referencia al siguiente extracto literario que decía así: “Entonces por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad: hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse».

«No tenemos nada nuestro: nos han quitado las ropas, hasta los zapatos; si hablamos no nos escucharán, y si nos escuchasen no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre: y si queremos conservarlo deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca».

«Sabemos que es difícil que alguien pueda entenderlo, y está bien que sea así».

«Pero pensad cuánto valor, cuánto significado se encierra aun en las más pequeñas de nuestras costumbres cotidianas, en los cien objetos nuestros que el más humilde mendigo posee: Un pañuelo, una carta vieja, la foto de una persona querida. Estas cosas son parte de nosotros, casi como miembros de nuestro cuerpo; y es impensable que nos veamos privados de ellas, en nuestro mundo, sin que inmediatamente encontremos otras que las sustituyan, otros objetos que son nuestros porque custodian y suscitan nuestros recuerdos».

«Imaginaos ahora un hombre a quien, además de a sus personas amadas, se le quiten la casa, las costumbres, las ropas, todo, literalmente todo lo que posee: será un hombre vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad, falto de dignidad y de juicio, porque a quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mismo; hasta tal punto que se podrá decidir sin remordimiento su vida o su muerte prescindiendo de cualquier sentimiento de afinidad humana; en el caso más afortunado, apoyándose meramente en la valoración de su utilidad».

Y no, no era ficción literaria estas palabras, sino que son parte de la autobiografía del escritor y pensador Primo Levi en su libro «Si esto es un hombre», escrito en 1958 en Turín, años después de haber salido vivo y libre del Campo de Aniquilación de Auschwitz.

Ya me preguntaba yo por entonces (2002) que ¿quién de nosotros, los abogados de familia, no hemos escuchado alguna vez sentimientos similares de la boca de un hombre o una mujer recién separado/a o denunciado/a instrumentalmente?

En los años que llevo trabajando en temas de separación y divorcio, me he encontrado muy a menudo situaciones vitales de hombres y padres separados, que vivían y sentían de esta forma la pérdida de sus seres queridos (hijos e hijas), de su casa, de sus bienes, de cada objeto cotidiano que les rodeaba, de sus libros, de sus fotos de familia o de pequeño, e incluso de la mayor parte de sus ingresos, viéndose obligados  a  volver con 40 o 50 años a vivir con sus padres, si tenían la suerte de tenerlos.

ESTUDIOS EN EUROPA

Ya recogía en aquel entonces un estudio sociológico de 1999 realizado por el Gobierno de Finlandia, que mostraba y demostraba que los nuevos pobres en aquella sociedad, eran personas con el siguiente perfil: hombre, alrededor de 40 años, divorciado, pagando pensiones de divorcio a hijos y ex esposas, y sin hogar propio. Eran los denominados «nuevos parias».

En el Reino Unido (Escocia y Gales), Francia, EEUU, Italia existen estos estudios con datos similares. Los nuevos pobres estaban incardinados en el perfil arriba referenciado.

Hoy día ya tenemos datos sobre exclusión social en España en el que el perfil del 85% de los nuevos pobres o parias sociales son hombres entre 35 a 55 años, que lo han perdido todo tras un divorcio o una denuncia de malos tratos, instrumental o no.

¿No es acaso un motivo suficiente, sentir la sensación que nos trasmiten algunos hombres y padres separados para tirar la toalla totalmente?

Pierden sus trabajos, pierden sus hijos, pierden su hogar, pierden los amigos, pierden el sentido del humor, la alegría, la tristeza y sumidos en su desesperación a veces, más de lo que pensamos, terminan utilizando la violencia.

Creo, desde mi experiencia, que efectivamente hay un alto grado de inseguridad masculina en este tipo de reacciones, porque tradicionalmente, muchos hombres han sido educados por madres (mujeres, al fin y al cabo) que han transmitido el sentir de que los hombres no pueden salir adelante solos, ni son capaces de enfrentarse a los propios sentimientos, y menos aún, la mayoría de los hombres no saben controlar sus frustraciones.

Así, los hombres se convierten en violentos, porque se les ha hecho creer que la mujer es una extensión suya, que «tienen» una familia, que «tienen» una mujer, unos hijos, una casa y unos ingresos (en definitiva, un patrimonio).

Cuando se separan se encuentran desposeídos, se quedan sin casa, sin hijos, tienen que pasar una parte considerable de su salario a la mujer.

SENTIDO DE LAS SENTENCIAS

En realidad, las sentencias en separaciones y divorcios que se dictan en España en 2018, y desde 1981 (ley del divorcio) se supone que favorecen a las mujeres, pero en realidad no están dictadas a favor de la mujer, sino a favor del mantenimiento de las relaciones patriarcales entre la mujer y el hombre.

Estas sentencias que favorecen a las mujeres con la entrega de la custodia exclusiva de los hijos, la casa, una pensión, etc., no hace otra cosa que esclavizar a las mujeres a tener que seguir ejerciendo su rol tradicional, lo que le impide en la mayoría de las ocasiones, acceder a una promoción laboral (juezas, profesionales, empleadas etc.) y tener un techo laboral que produce una brecha en su capacidad económica y contributiva.

Sabemos que, un alto grado de las personas que están en la cárcel por delitos englobados dentro del fenómeno que conocemos como violencia doméstica e intrafamiliar, son hombres, según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y en la inmensa mayoría de los casos, los actos violentos graves se producen durante o justo terminado el proceso de separación y/o divorcio.

El motivo de este artículo, es poner encima de la mesa esta reflexión:

¿Acaso no somos todos los elementos que participamos en la administración de la Justicia de Familia (legisladores, jueces, fiscales, abogados, psicólogos, etc.), de alguna forma, responsables de la no previsión de estos comportamientos, por desconocimiento de la percepción del sufrimiento de nuestros clientes o justiciables?

Encuentro en los Juzgados, más a menudo de lo que quisiera, a compañeros y compañeras que llevan un caso de familia y demuestran un desconocimiento de los aspectos no sólo legales, sino todos esos aspectos que hacen que un proceso de familia sea tan especial.

No se tienen en cuenta los efectos devastadores a medio y largo plazo de peticiones que se hacen, con todas las de la ley, a la hora de hacer propuestas en la fase de negociación, si es que se llega a la misma.

Así, he conocido a cientos de mujeres desde la aplicación de la Ley de Violencia sobre la Mujer (LVSM) de 2004, que han pasado por nuestro despacho que se han sentido engañadas por el sistema de la industria del maltrato en España, léase centros de la mujer, asociaciones de mujeres, institutos de la mujer, etc., ya que ellas iban a pedir apoyo y ayuda para su divorcio y se les convencía que era mejor denunciar por maltrato, porque era más rápido y eficaz, ya que en menos de 24 horas el esposo era detenido y arrojado de la casa familiar.

LA RAI

El 95% de estas mujeres, venían a nuestro despacho tras decidir retirar la denuncia, ya que ellas creían que la denuncia sólo traía como consecuencia que el divorcio de hecho era más rápido, pero desconocían y no eran informadas de que la denuncia traía consigo que el esposo pudiera ir a la cárcel en muchos casos, o que traía consigo que el marido perdiera su empleo, y nadie les había dicho que no iban a poder cobrar la pensión que se les prometió.

El cobro de los 430 euros al mes de la RAI (Renta de Inserción Activa para mujeres supuestamente maltratadas) tras una denuncia, está limitado a determinadas condiciones económicas que rozan la exclusión social, y no está al alcance cualquier mujer que denuncia.

Algunas mujeres me han llegado a decir que “las únicas personas que cobraban por la denuncia eran las personas que aconsejaban denunciar”.

Cuando defiendes a un hombre y padre en temas relacionados con el Derecho de Familia, te encuentras con que tienes que hacer de educador de un ciudadano que desconoce por completo las consecuencias de un proceso de separación, el cómo va a afectar a su vida, a sus ingresos, a su contacto con sus hijos, etc.

Muchos se encuentran por vez primera ante una encrucijada, y es comprobar que todo aquello que creían inmutable e inamovible, se desmorona. No se les da la oportunidad de corregir ningún error. Se dice muy a menudo en artículos jurídicos que ya no existe el concepto de culpabilidad (divorcio causal) en los procesos de separación y divorcio, pero esto no es así.

De nuevo una gran falacia de la legislación. Si con la Ley de 1981, siempre había una causa de la separación legal desde 2005, la causa del conflicto o el culpable de todo es simplemente el hombre y padre.

Si no, no se entiende que los Tribunales de nuestro país otorguen la custodia exclusiva de los hijos en una gran mayoría a las madres.

La inmensa mayoría de padres a los que he asesorado se sienten que han sido «condenados» a salir del domicilio conyugal, «condenados» a pagar tal cantidad de pensión compensatoria, tal de pensión de alimentos, «condenados» a pagar un tanto de la hipoteca, y «condenados» a dejar de convivir con sus hijos/as, y después de todo esto, se les otorga un derecho para poder visitar a sus propios hijos.

Está claro que éstos padres se sienten que son culpables de todo.

Quienes trabajamos en Derecho de Familia leemos y vemos los fallos de las sentencias de una forma muy sesgada, pero lo cierto, es que realmente nuestros clientes hombres leen la sentencia o el fallo con el sentido que he dado más arriba, aunque a nosotros nos parezca de lo más normal y legal.

Veamos ahora como leen la inmensa mayoría de las mujeres sus sentencias:

El fallo dice que puede quedarse en la casa donde ha sido infeliz equis años, puede quedarse ella con los hijos, y que el hombre al que no quiere y del cual no desean saber nada más, le tiene que pagar equis cantidad de dinero para ella y para sus hijos, y que además tendrá que ver la cara de «ese hombre», tales días porque tiene derecho de visitas.

Además, la pensión que le otorgan es del todo insuficiente, porque “ella” creía que, si se divorciaba, su calidad de vida no iba a disminuir tanto.

¿Cómo voy a llegar a fin de mes con esto? Se preguntan muchas de nuestras clientas.

Que después de todo iba a seguir dependiendo del padre de sus hijos (de un hombre), y de cómo éste iba a responder económicamente en el futuro.

INSATISFACCIÓN POR AMBAS PARTES

O sea, que si leemos la sentencia en este sentido, descubrimos que (aunque lo veamos a menudo) la sentencia es acorde a la ley, pero que tiene una lectura distinta a la que hacen padres y madres afectados por dichas sentencias.

Siguiendo el estudio realizado por el departamento de Servicios Sociales del Estado de California, allá por los años 90, las cosas no han cambiado.

En aquel estudio se demostraba que el 85% los padres quedaban muy insatisfechos por la solución legal y judicial, y el 95% de las madres también. En aquel estudio, los abogados, fiscales y jueces mostraban su satisfacción con las soluciones dadas (sentencias y medidas civiles) en un 96% de los casos.

Mientras los operadores jurídicos siguen dando soluciones que no satisfacen a los justiciables, el nivel de conflicto seguirá latente (efectos secundarios de las malas soluciones), y por ende, seguirán habiendo más pleitos posteriores.

De todo lo expuesto, deduzco que comprendo perfectamente que las asociaciones de hombres separados y las de mujeres separadas y divorciadas, se quejen. La ley de 1981 de 7 de Julio y sus modificaciones de 2005 y 2015, está obsoleta y necesitamos cambiarla.

Todo lo que supuestamente se ha hecho para salvaguardar la vida y la dignidad de mujeres en situación de malos tratos, no es así.

No se entiende que una ley que era para prevenir asesinatos de mujeres, haya provocado una subida del 50% de estos asesinatos en el ámbito doméstico, en comparación de una década a otra.

Tampoco ha servido para sacar a muchas mujeres y sus familias del penoso calvario de caer en el umbral de pobreza. Así, los distintos informes de Cáritas sobre «Pobreza y Género», o estudios sobre «Exclusión social» elaborados por distintas universidades y fundaciones de cajas de ahorros, nos descubren la realidad de la falta de eficacia de leyes como la LVSM de 2004 o la Ley de Igualdad.

Descubrimos así que, existen en nuestro país mas personas de las que creíamos que viven bajo el umbral de la pobreza, pero si profundizamos en el tema, descubrimos que la lista de personas que, cada vez más, engordan esta fatídica estadística, son personas separadas y/o divorciadas. Y que la mayor parte de estas personas son padres divorciados, y cada vez más, se suman a dicha lista muchas mujeres divorciadas con cargas familiares (custodia de los hijos/as).

Conozco asociaciones de mujeres separadas y divorciadas en la que muchas de las integrantes trabajan en economía sumergida (para no perder la pensión) con sueldos indignos en nuestra sociedad, y conozco hombres separados y divorciados que trabajan en economía sumergida, para no pagar, porque si la ley y la sociedad les convirtieron en parias hasta para sus propios hijos, por qué no vivir como tales.

De todo esto se aprovechan determinados sectores productivos y de servicios para explotar a conciudadanos y conciudadanas.

¿Por qué está ocurriendo todo esto?

Nos olvidamos del comienzo del artículo dónde hago referencia a un extracto del libro de Primo Levi, pero que nos viene al caso para reflexionar y comprender el por qué tantos y tantos hombres no pagan las pensiones, dejan de ver a sus hijos, o dejan sus trabajos como única salida para “salirse con la suya”, y vengarse de lo que la Justicia les ha hecho.

No debemos olvidar que los casos de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, en la mayoría de los casos está demostrado que la separación fue el detonante de la acción violenta del hombre, y debemos preguntarnos por qué está ocurriendo esto.

No hemos caído en la cuenta que estos hombres necesitan también de ayuda, una ayuda que no saben pedir, porque son víctimas de su propia educación, de su propio contexto social y que, de alguna forma, la sociedad en su conjunto es responsable de su forma de resolver los conflictos personales.

Esto lo venimos haciendo hace años con los drogodependientes, alcohólicos e incluso con terroristas, pero no con los hombres con actitudes violentas dentro de su entorno familiar.

CONSECUENCIAS

Vemos, pues, que las consecuencias para los hombres de la aplicación de la ley del divorcio, son penosas en una sociedad que se denomina civilizada y democrática. Pero ¿Por qué lo son también para las mujeres?

Ya han pasado unos cuantos años de la aplicación de la ley de 1981, y vemos desde hace años que siguen existiendo efectos perversos de la aplicación de la ley con respecto a las mujeres.

Mujeres de más de 50 años, con pensiones compensatorias, que ven cómo de pronto sus hijos se van de casa, los maridos piden la liquidación de la casa común, y se ven en la calle, con un puñado de euros para sobrevivir.

Bueno, piensan algunos/as, les queda la pensión compensatoria (porque la de los hijos las perdieron en una modificación de medidas).

Pero no, tampoco esto es así. Coincidiendo con la pérdida de la casa, se encuentran con más de 50 años y con que el marido se ha jubilado y solicita una bajada sustancial de la pensión compensatoria (en el que caso que tuvieran derecho a ella), y como resultado de ello nos encontramos con multitud de mujeres que van a vivir de alquiler (si pueden) o tendrán que ir a vivir con un hijo, y con una pensión mísera para sobrevivir.

En muchos casos, mujeres que por tener que cuidar a sus “hijos custodios”, que es para lo que sirven las madres según las organizaciones que defienden la custodia exclusiva de los hijos para las madres y se oponen a la custodia compartida, como digo, por tener que cuidar de sus hijos, han tenido trabajos mal remunerados, o han trabajado en economía sumergida, o han cotizado poco, o no han podido desarrollar su vida profesional, y llegan a la edad de jubilación con pensiones de jubilación mínimas.

El ex marido, en la mayoría de los casos, habrá encontrado otra mujer con la que convivir y compartir gastos, pero quedará también con una pensión mísera para sobrevivir en caso de que siguiera solo.

En los casos de violencia intrafamiliar, una vez terminado el proceso de separación, y una vez que el hombre cumple su condena (fruto de las denuncias por malos tratos), la mujer se ve desamparada de nuevo, porque muchos de ellos vuelven a acosar, amenazar, e incluso matan a sus exparejas, tras todo el proceso. Ello implica que la única garantía que tienen estas mujeres para sobrevivir y vivir tranquilas es cambiar de ciudad, de entorno social, trabajo, etc.

Es decir, en los casos muy graves logramos que, con las medidas de alejamiento, extrañamiento, etc. poner a salvo a las mujeres, pero temporalmente, hasta que el hombre que resulta condenado “cumple con la sociedad”

Muchas de estas mujeres (unas 270 al año según datos del MIR) son las que tienen que cambiar totalmente de vida, si de verdad queremos ser eficaces en este tema, porque está claro que el Estado no garantiza la seguridad de estas mujeres si no desaparecen.

En definitiva, que en más casos de los que creemos, a las mujeres y los menores cuyos intereses se protegían en su momento, se encuentran en un estado de pobreza que afrontar, y a su padre también en un estado de pobreza y con el sentimiento de que no tiene nada que perder, convirtiéndose en potencia en un hombre violento, que puede llegar a causar la muerte de su mujer e hijos.

Y así un largo etcétera.

Estos son los nuevos pobres que aparecen en nuestra sociedad, y mientras tanto seguimos pensando nada más que en pasado mañana cada vez que elaboramos un Convenio o esperamos a que un Juzgado aplique la ley en el caso que llevamos, y olvidamos que, una ley (civil o penal) no resuelve este tipo de problemas, sino que necesitamos cada vez más toda una red de apoyo oficial, para llegar a ayudar al conjunto de la familia cuando se enfrenta a su desintegración, sea cual sea la causa de la misma.

PROPUESTAS

No dejo de pensar en lo que me decía un amigo psicólogo hace años: con el sistema actual, a los hombres que quieren ser padres comprometidos se les suele tratar como delincuentes, y sin embargo el hombre-padre que coge la maleta y desaparece de la vida de su familia, no se le molesta.

No quiero terminar este artículo sin dar una idea de posibles soluciones para evitar todos estos problemas que, grosso modo y escuetamente serían:

1.- Con la custodia compartida, hombres y mujeres ganarían en calidad de vida y expectativas vitales. Los padres se verían más valorados y estimulados a contribuir a sacar a los hijos adelante, Las madres podrían aprovechar esa colaboración en cuidado equilibrado y equitativo de los hijos, para mejorar sus expectativas laborales, personales, etc.

2.- Con la liquidación de bienes a la vez que el divorcio, se podrán construir dos hogares adecuados, y caso de no ser posible, se facilitarían ayudas al acceso a viviendas dignas a familias en crisis, por parte de autoridades (tal ocurre en algunos países europeos o en el País Vasco).

3.- Eliminación de la Ley de violencia sobre la mujer, y aplicación de las leyes penales comunes en los casos realmente necesarios, con aplicación solo de medidas cautelares civiles y desviación a programas de atención a las familias en crisis.

4.- Ampliar las redes de apoyo a familias con servicios de pacificación de situaciones de conflictos, y eliminar los servicios que fomentan el uso y abuso de denuncias.

5.- Establecer legalmente la obligación de elaborar de planes de crianza y plan económico de sostenimiento de los dos hogares (Alemania, Cataluña, etc.), que existirán para cuidar a los hijos de forma corresponsable y conjunta a quien pretenda el divorcio, requisito sin el cual no será admitida la demanda.

6.- Establecer por ley que quien pretenda la custodia exclusiva de los hijos deberá demostrar la posible situación de riesgo de los hijos de estar con el otro progenitor.

7.- Establecer por ley, que quien haya hecho un claro abuso de derecho, no será considerado apto para ejercer la patria potestad y tendrá visitas tuteladas.

Con la puesta en práctica de estas ideas, y otras muchas que no vamos a enumerar ahora, el estado español podría ahorrarse muchísimo dinero en recursos públicos.

Y todo esto, sin contar con el altísimo coste emocional (sufrimiento) que se ahorrarán decenas de miles de niños que son afectados cada año, en España, por este grave problema social que es el divorcio mal regulado.

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