EEUU y Europa extreman su control sobre las redes sociales para frenar el terrorismo yihadista
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02/4/2018 06:08
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Actualizado: 01/4/2018 19:56
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Seguridad frente a la quiebra de los derechos fundamentales. La amenaza del terrorismo yihadista ha despertado todas las alarmas tanto en la UE como en EEUU. Ahora la Administración de Donald Trump pretende analizar con lupa la trayectoria en redes sociales de posibles inmigrantes al país americano. Esto podría afectar, aproximadamente a 14.7 millones de personas anualmente, desde el próximo mes de junio.
La propuesta, si es aprobada por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), requeriría que la mayoría de los solicitantes de visas de inmigrantes y no inmigrantes enumeren todas las identidades de las redes sociales que han utilizado en los últimos cinco años. La información se pretende utilizar para investigar e identificarlos y hasta la fecha no se precisa cuánto tiempo guardará los datos el gobierno federal americano en su poder.
Esta iniciativa que acaba de dar a conocer el Departamento de Estado de los EEUU respaldan la promesa del presidente Donald Trump de instituir una «investigación exhaustiva» de los extranjeros que ingresan a los Estados Unidos para prevenir el terrorismo. Las primeras críticas se han dejado oír, dentro y fuera del país como método que podría socavar la privacidad o la libertad de expresión y asociación.
La nueva propuesta fue publicada en el Registro Federal el viernes.
El público tiene 60 días para comentar sobre los procedimientos revisados antes de que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) apruebe o la rechace.
Si se aprueba, las medidas también requerirán que los solicitantes presenten cinco años de números de teléfono previamente utilizados, direcciones de correo electrónico y su historial de viajes internacionales. Se les preguntará si han sido deportados o expulsados de algún país y si sus familiares han participado en actividades terroristas, entre otros asuntos.
Otra cuestiones que han trascendido sobre esta medida es que la propia la administración Trump ha definido según los expertos de forma vaga y muy amplia el término de ‘actividades terroristas’, una terminología más política que otra cosa y que usado de forma subjetiva se puede utilizar discriminar a los inmigrantes que no han hecho nada malo.
También se cree que puede existir que dichas verificaciones de los comportamientos en redes sociales ataquen de forma injusta a inmigrantes y viajeros de países de mayoría musulmana lo que afectaría a conseguir sus visas, cuestión que desde el punto de vista práctico no protegería la seguridad nacional del país.
Hasta la fecha, según un normativa aprobada el pasado mes de mayo, los funcionarios encargados de los temas de visados e inmigración habrían recibido instrucciones de recopilar identificadores de redes sociales solo cuando determinaban «que dicha información es necesaria para confirmar la identidad o realizar un examen de seguridad nacional más riguroso” Ahora, al parecer la medida se quiere hacer más indiscriminada.
Los atentados yihadistas en varias ciudades europeas ha hecho que se creasen nuevos controles fronterizos en el espacio Schengen, que entraron en vigor oficialmente el 7 de abril del 2017.
Europa también alerta
En Europa, la UE también está tomando medidas que impulsan más el concepto de seguridad en detrimento de otros derechos de los ciudadanos. Los atentados yihadistas en varias ciudades europeas ha hecho que se creasen nuevos controles fronterizos en el espacio Schengen, que entraron en vigor oficialmente el 7 de abril del 2017. La reforma del Código de Fronteras de Schengen forma parte de las medidas tomadas por la UE en su lucha contra el terrorismo yihadista, que en los últimos tiempos ha golpeado duramente el continente.
Las principales novedades afectan a los controles sobre los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y a los controles de salida para todos los viajeros. En concreto, en el caso de los ciudadanos de la UE, se pasa a comprobar sistemáticamente sus documentos de viaje cuando entren o salgan del territorio Schengen mediante la consulta de las bases de datos pertinentes.
Control de pasajeros aéreos en Europa
Junto con esta medida el pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo en abril del 2016 daban luz verde al llamado PNR, (Registro de Nombres de Pasajeros Aéreos). Una directiva a la que durante mucho tiempo se opuso por dudas sobre el derecho a la intimidad, pero a la que ya no sido capaz de decir que no que tras los atentados terroristas de París y Bruselas y la enorme presión de las 28 capitales.
La Eurocámara dio también luz verde al PNR de forma muy clara: 461 votos a favor, 179 en contra y 9 abstenciones. Por lo que se ha empezado los trámites para una macrobase de datos de pasajeros europeos. Una que permita juntar diferentes informaciones (si el pasajero vuela solo o acompañado, dónde sube y baja, si lleva equipaje, si lo mantiene en las escalas, etc) con la que los servicios de seguridad, aseguran, podrán combatir mejor amenazas como el terrorismo.
La norma obligará a las aerolíneas a entregar a las autoridades nacionales los datos de los pasajeros de todos los vuelos llegados a la UE desde terceros países y viceversa. «Se trata de una herramienta importante para luchar contra los terroristas y traficantes. Es precisamente un país como España, el más avanzado en estos momentos en la puesta en marcha de esta base de datos PNR . Y donde se han oído las primeras criticas sobre su constitucionalidad.
Cruce de datos polémico
“Mediante la recogida, intercambio y análisis de los datos PNR, nuestros servicios de inteligencia pueden detectar patrones de comportamiento sospechoso que merecen seguimiento. La directiva PNR no es una fórmula mágica, pero los países que ya tienen sistemas nacionales de registro de datos han demostrado que es un instrumento muy efectivo», indicaba el eurodiputado responsable de la tramitación parlamentaria del texto, Timothy Kirkhope.
Tras largas negociaciones, el texto establece que los datos de los pasajeros serán conservados durante cinco años, pero a partir de los primeros seis meses «estarán «enmascarados», es decir, desprovistos de toda aquella información -como nombre, dirección, datos de contacto y de pago- que serviría para identificar directamente a la persona a quien corresponden».
Los recelos de los diputados han podido menos que la presión por la seguridad. Según el comunicado de la Eurocámara, «la directiva deja claro que la transferencia e intercambio de los datos se hará tras un examen «caso por caso» y exclusivamente «para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y los delitos graves contemplados» en la norma. Habrá que ver en el futuro cómo se aplican dichas medidas desde el punto de vista práctico.
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