Los cuatro sindicatos de Justicia, CSIF, STAF, CC.OO. y UGT exigen al Ministerio de Justicia que se implemente una nueva prórroga de 2 años para la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuya entrada en vigor está prevista para el 30 de junio próximo, con el fin de «buscar un acuerdo sobre el modelo de Registro Civil del futuro sin líneas rojas».
De aplicarse, sería la quinta moratoria desde su aprobación, en 2011.
El pasado mes de febrero la oposición rechazó en el Congreso de los Diputados la propuesta del Grupo Popular por la que el Ministerio de Justicia modificaría la reforma del Registro Civil pendiente desde 2011.
La proposición de ley del PP había introducido dos de las principales reivindicaciones sindicales: el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia y de todas las oficinas actuales de los partidos judiciales y Juzgados de Paz; el PSOE votó en contra y Ciudadanos se abstuvo, de manera que no pudo ser tramitada.
El grupo confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y en Mareas también votó en contra de las reformas del PP, planteando su propia iniciativa.
De acuerdo con los sindicatos, el futuro del Registro Civil depende de la presentación, precisamente, de una nueva prórroga de la entrada en vigor de la ley.
Y para ello es necesario que se presente una proposición de ley, como la de Unidos Podemos, que contempla un Registro Civil público, gratuito, único, electrónico, desjudicializado, gestionado por los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia (letrados, gestión, tramitación y auxilio) y que mantenga la actual demarcación territorial y estructura, incluidos los Juzgados de Paz.
Sin embargo, según relatan los cuatro sindicatos en una nota de prensa, Unidos Podemos se ha descolgado «diciendo que agotó el cupo de Proposiciones de Ley que puede presentar en el actual periodo de sesiones que finaliza en junio, por lo que no puede activar la referida al Registro civil y que había sido registrada en el Congreso de los Diputados en el mes de octubre de 2017».
Los cuatro sindicatos exigen a los partidos políticos «altura de miras» y estar por encima de la lucha cortoplacista de la política.
Reprochan al ministro de Justicia, Rafael Catalá, haber presentado una proposición de ley en el peor momento político, y no contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios.
Al PSOE por haberse comprometido con los representantes de los funcionarios para luego votar en contra, sin dar «ninguna otra razón que el tactismo político».
A Ciudadanos, que después de asegurar que no había problema para apoyar la proposición de ley del Partido Popular acabó absteniéndose sin dar razón de ese cambio en el voto.
Y a Unidos Podemos que, «según dicen, defienden los servicios públicos y por ese motivo presentaron su propia proposición de ley para luego argumentar que carece de cupo para que se tramite para la toma en consideración en el Congreso a pesar de la amenaza que se cierne sobre uno de esos servicios públicos, el Registro Civil».
«En este caso su responsabilidad consiste en que se negaron a votar a favor de la tramitación de la proposición de ley, renunciando a defender su propia propuesta en ese procedimiento y, luego, no han sido capaces de presentar esa proposición de ley cuando han tenido más de tres meses para hacerlo», concluyen en tono de reproche.
