El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una orden de busca y captura y detención inmediata contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por no haberse presentado a una citación para declarar como investigado en un delito contra la Seguridad Social, según adelanta este martes «La Provincia».
Según esta misma publicación, Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, se encuentra de viaje de negocios en Miami (EEUU) y ha alegado en su defensa que la citación no le fue notificada correctamente, puesto que se le envió a la sede de la empresa, de la que según ellos desde 2016 no es ni su administrador, ni siquiera trabaja para la compañía.
Sostienen que Ramírez piensa regresar a España en las próximas horas para ponerse a disposición del Juzgado.
Sin embargo, el juzgado según su Auto al que ha tenido acceso CONFILEGAL entiende que «no queda acreditada causa que justifique su incomparecencia». Es más, subraya que «los hechos objetivos que derivan de la documental aportad por la representación de Ramírez evidencian una conducta obstativa, contumaz y rebelde con el consiguiente desprecio a la citación judicial que le fue cursada el día 13 de marzo del año en curso».
Es más, según el Auto del Juzgado, citado por el magistrado Luis Francisco Galván, «después de tener conocimiento de la misma decidió marcharse al extranjero y pese a poder volver en la fecha del de cuatro de abril, lo que le hubiera permitido estar hoy aquí, ha preferido dilatar cuando no sustraerse definitivamente de la Administración de Justicia».
Es más, subraya que «el hecho de que su defensa manifieste que su defendido comparecerá el día 26 del presente año y mes, acrecienta más la falta de respeto al llamamiento quebrantado, pues parece que queda a criterio del citado investigado cuando deba recibírsele declaración».
El procedimiento por el que ha sido citado investiga si Ramírez cometió un fraude a la Seguridad Social al pagar a sus trabajadores de su grupo de empresas de seguridad salarios por debajo de los estipulado en el convenio colectivo de la vigilancia y seguridad privada.
Se trata de una causa independiente de la iniciada en 2014 por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, donde se le acusa de haber eludido el pago de varios millones de euros a la Seguridad Social abonando de forma sistemática a los vigilantes de Seguridad Integral Canaria las horas extraordinarias como si fueran dietas, que tributan menos.
Seguridad Integral Canaria se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado 22 de diciembre; entre otros motivos, por el coste que ha supuesto para la empresa una sentencia del Tribunal Supremo que anuló su política de salarios bajos y le obligó a pagar los estipulados en el convenio colectivo nacional.
Tras la última reforma laboral, la empresa de Ramírez se descolgó del convenio nacional de la seguridad privada y dotó a Seguridad Integral Canaria de un convenio laboral particular de empresa, con salarios muy inferiores de los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas.
Sin embargo, el Supremo anuló ese convenio de empresa y obligó a Seguridad Integral Canaria a abonar a su empleados con carácter retroactivo la diferencia entre sus suelos y los fijados por el convenio nacional.
