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Los créditos al consumo en España, cercanos a la usura, son los más elevados de Europa

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Los créditos al consumo se han disparado en los últimos años y generado muchos problemas a una parte de la población que se las han visto y deseado para devolver esas cantidades y sus elevados intereses. ADICAE, que ha realizadoestudios sobre la realidad del crédito no hipotecario así como guías prácticas para evitar abusos, ha venido denunciando que los tipos de interés de este tipo de créditos son además de los más caros de la Unión Europea.

De esta entidad se indica que  mientras en nuestro país se paga un tipo de interés medio del 8,30% TAE en las operaciones a plazo entre 1 y 5 años -las más comunes, puesto que los créditos más largos suelen ser créditos hipotecarios-, en la Eurozona el tipo de interés baja hasta el 4,80%, es decir, un 72% más caro.

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Según datos del BCE, tan solo Estonia, Eslovaquia, Grecia y Lituania tienen los tipos de interés más altos en créditos al consumo.

Al final estamos ante intereses que se podrían considerar usurarios sir realmente se aplicara la Ley de Represión de la Usura, una ley de 1908 y que fue revisada el 8 de enero de 2001. En su artículo 1 establece que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado”.

Para Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, “urge establecer unos criterios comunes ante la dispersión legislativa del sector, todo un ‘coladero’ para una gran variedad de empresas y productos sin control que abusan del consumidor”, señala a CONFILEGAL.

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A su juicio “con frecuencia, no se evalúa la solvencia del cliente, ni se le facilita la oferta por escrito ni se le informa de las condiciones, del derecho de desistimiento o de vías para reclamar. Además, se ceden ilegalmente datos personales a empresas de recobro y listas de morosos”.

Desde ADICAE se pide que “el sector demanda a gritos una uniformidad y una legislación seria que no deje a los consumidores desprotegidos y desinformados. Un sistema que afecta a un producto o servicio que bien podría considerarse de interés general”.

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En opinión de Herrero habría que implementar medidas de este tipo. “En primer lugar, lograr una declaración del crédito como bien o servicio público de interés general. También que se declarase ese mismo crédito como un producto netamente financiero que supere el concepto civil y mercantil de préstamo”.

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Otras medidas implementar pasarían por crear un “indicador macroeconómico que ponga en relación directa el crédito con el incremento del consumo para facilitar la detección de conductas abusivas. Se crearía un contrato tipo libre de cláusulas abusivas consensuado con las asociaciones de consumidores especializadas y más representativas”.

Al mismo tiempo Herrero reclama cierto control de esta actividad. “O bien declarar el crédito como un producto que solo puede ser ofrecido por entidades de crédito o bien la fijación de unos requisitos mínimos para poder acceder a la actividad de prestación de crédito. Es fundamental que se garantice unos conocimientos mínimos de los empleados de estas empresas y tener un procedimiento de evaluación de solvencia adecuado y unificar la normativa de los intermediarios financieros y agentes bancarios”.

Fernando Herrero, secretario general, con Manuel Pardos, presidente de ADICAE.

También desde ADICAE su secretario general demanda que “en la oferta de productos que se regulen y refuercen los derechos de los usuarios en los créditos preconcedidos y sobre todo que se implanten controles por parte de las entidades y su supervisor que permitan garantizar un uso adecuado de las tarjetas bancarias”.

Necesidad de controles y más transparencia en los prestamos

Al mismo tiempo se pide que “se refuerce y establezcan controles las garantías de los jóvenes y los mayores que contraten productos de crédito”.

Para esta asociación es importante que exista una “modificación legislativa que imponga publicidad y transparencia sobre los ratios entre coste del préstamo/riesgo de la operación. Creación de un “etiquetado” de productos de préstamo, de modo similar a la etiqueta de eficiencia energética que permita al usuario de forma gráfica comprender los aspectos más importantes del préstamo”.

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Por último, se indica que habría que “minimizar  el número de operaciones que quedan excluidas de la aplicación de la Ley de Crédito al Consumo y su ámbito objetivo. Debe permitirse controlar de inmediato de los minicréditos de menos de 200 euros, y las de operaciones gratuitas, ya que pueden contener productos o costes ocultos”.

Los créditos al consumo han sido protagonistas de la actualidad informativa ante la llegada de prestamistas sin escrúpulos, incluso el Congreso de los Diputados ha pedido una regulación nueva que está por llegar. Herrero reconoce que “aun no hay cifras concretas ligadas a este tipo de préstamos, lo cierto es que entre los riesgos que asumen los consumidores se encuentra la pérdida de sus bienes, en muchas ocasiones, su propia casa”.

Desde esta entidad se observa que “la mayoría de los anuncios llevan al engaño al hacer creer que la concesión es automática e incluso gratuita, al ofertar un primer micropréstamo de bienvenida sin gastos. Bajo señuelos del tipo “dinero en 10 minutos” o “sin avales”, las financieras no advierten de los riesgos para el patrimonio del usuario en caso de impago”.

Herrero advierte que “el gran peligro de los créditos rápidos es que los intereses que finalmente pagan los usuarios son totalmente desorbitados, escondidos en la letra pequeña o incluso a veces sin ser mencionados. La inmensa mayoría de las empresas que los comercializan ofrecen unos créditos rápidos que tienen una TAE superior al 24%, y que llegan hasta el 4.000% en los casos más extremos”.

A juicio de este experto, la normativa actual tiene lagunas “es evidente que la Directiva de Créditos de 2008 y su transposición al derecho español se ha demostrado insuficiente, y confiamos en que los consumidores podamos influir lo suficiente en la nueva normativa que viene en 2019 para que ponga por fin “coto” a las múltiples malas prácticas que en este ámbito se producen hacia los consumidores”.