Firmas
Las contradicciones de jueces y fiscales
Felicísimo Valbuena es catedrático, periodista y consultor .
11/5/2018 06:15
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Actualizado: 11/5/2018 09:51
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Cinco acontecimientos a la vez: Sentencia sobre “La manada”, declaraciones del ministro de Justicia, críticas de los sindicatos al sistema judicial español, nota leída sobre el fin de ETA y, como fondo,movilizaciones para pedir mejoras en el ámbito judicial.
Parecen demasiados asuntos a la vez y las Asociaciones de Jueces y Fiscales han respondido más a unos que a otros. Es lógico que dejen a la luz sus contradicciones y voy a ocuparme de algunas de ellas.
El precedente de una asociación de jueces a la que el tiempo no dio la razón
Florencio Domínguez Iribarren es un profesor de la Universidad de Navarra que ha escrito libros muy bien fundamentados. Por eso, tiene un gran prestigio.
En su libro «Las raíces del miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada» (2003), expone muy bien un episodio ocurrido en 1982. Se ocupa del número de la revista Interviú correspondiente a la semana del 24 al 30 de noviembre de 1982, con una extensa entrevista al magistrado José María Capilla Ruiz-Coello, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao.
En ella, él se explayaba hablando de las características del ejercicio de la función judicial en Euskadi.
El entrevistado denunciaba el miedo existente en la sociedad ante el terrorismo y señalaba que había renunciado a la vivienda oficial proporcionada por el Ministerio de Justicia para instalarse en una buhardilla del Palacio de Justicia «por motivos de seguridad».
Capilla decía que no se sentía amenazado y que había rechazado llevar escolta, pero al mismo tiempo indicaba que, en un proceso de desestabilización del Estado, como en Italia, los jueces podían ser «un gran objetivo».
El juez añadía que sentía una sensación de aislamiento provocada por los amigos «al negarse cortésmente a subir a tu automóvil porque temen…».
Aquellas declaraciones provocaron la respuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que, tras celebrar una asamblea en Bilbao, se aprestó a rebatir las afirmaciones del juez Capilla.
«Los jueces y magistrados ejercemos nuestra función con idéntica independencia, dignidad y libertad que en cualquier otro territorio del Estado -puntualizaba la APM-. Ninguno de los miembros de esta asociación ha solicitado nunca medidas de protección y, a mayor abundamiento, esa protección no ha sido ofrecida por las autoridades competentes».
Para terminar de dejar las cosas claras, la asociación judicial aseguraba que sus miembros desarrollaban «con absoluta normalidad» su vida privada, «como cualquiera otros ciudadanos vascos, y tenemos a gala compartir, en idéntico plano, sus mismas satisfacciones y frustraciones».
¿A quién dio el tiempo la razón? ¿A la APM o al juez Capilla?
A este último.
La nota de la organización mayoritaria de los jueces dejaba bastante clara la situación de comodidad personal en que se encontraban sus miembros en una época marcada por una extrema dureza del terrorismo en su enfrentamiento contra el Estado. Uno de los poderes básicos de este Estado se encontraba a salvo y al margen de ese enfrentamiento.
¿Y a qué se debía esa «isla de seguridad» en que se encontraban los jueces? De 1982 a 1989, no juzgaron delitos de terrorismo; era la Audiencia Nacional la que juzgaba esos delitos.
Entonces, ¿a qué se dedicaban los jueces en el País Vasco?
Entre otras cosas, a juzgar asuntos polémicos con las denuncias de torturas y malos tratos, que en muchas ocasiones terminaron con condenas de los agentes de autoridad.
Cuando las cosas empezaron a torcerse, por la presión de la izquierda abertzale y del nacionalismo sobre el uso del euskera, la mayoría de los jueces del País Vasco abandonaron esa Asociación porque el Secretariado Nacional de esa organización contradecía a los jueces que soportaban la presión sobre el terreno.
La mayoría de los jueces abandonaron esa Asociación porque el Secretariado Nacional de esa organización contradecía a los jueces que soportaban la presión sobre el terreno.
¿A quién dio tiempo la razón? A los que vivían en un ambiente de amenaza terrorista. Domínguez Iribarren explica muy bien las contradicciones de aquellos tiempos (Pp. 144-149).
En todas las organizaciones, quienes deciden al final son muy pocas personas
Muchas veces, una sola
Es lo que podemos pensar cuando nos hemos enterado de que todas las asociaciones de jueces y fiscales, pero todas, se han puesto de acuerdo en condenar las declaraciones del Ministro de Justicia.
Lo que pone de manifiesto esa unanimidad es lo que ya hace casi medio siglo, explicó Karl Weick cuando expuso su gran teoría sobre la organización.
Es el modelo de relaciones, no las características de los individuos per se, lo que hace posible que la influencia se concentre en muy pocas personas.
¿Quienes mandan, de verdad, en esas Asociaciones de Jueces y Fiscales, que tan pronto se ponen de acuerdo, son quienes redactan las notas?
El hecho de que hay una considerable separación entre esos redactores y los miembros de «todo la Asociación», puede demostrarse en la siguiente frase: «Nunca se concedieron a sí mismos/as un momento de descanso, sino que buscaron el bienestar del número más grande». Esto puede significar que buscaron el bienestar de ellos mismos/as y de sus compañeros/as, del grupo, de la facción X o de la Asociación entera.
Esto sugiere la posibilidad de que cuando más remoto está el nivel, mayor es la posibilidad de que su bienestar sea ignorado en las decisiones y cuanto más inmediato esté el nivel, su bienestar controlará más las decisiones.
En resumen: impresionan muy poco esas declaraciones unánimes de las Asociaciones cuando las enmarcamos en una teoría. Ya sabemos su proceso de toma de decisiones.
Los cinco acontecimientos citados han producido «ruido», que tan necesario es para observar las estructuras reales
Lo que las notas de las asociaciones han manifestado es el “ruido”, no sólo físico, que las rodea en estos momentos.
Eric Berne, fundador de Análisis Transaccional, y Harvey Molotch, más Marilyn Lester, autores de la teoría de los accidentes y escándalos, dejaron muy claro que sólo podemos conocer la realidad de una organización cuando ésta muestra una conducta que se sale de la rutina diaria.
Es lo que ha ocurrido con las asociaciones de jueces y fiscales.
Un ejemplo muy sencillo: En general, conocemos cómo funcionan una televisión o una lavadora cuando no funcionan. Viene el técnico y, si queremos, nos explica por qué se ha producido una avería y cómo solucionarla.
Resulta que, a raíz de una declaración del Ministro de Justicia, estas asociaciones han mostrado una combatividad muy ruidosa.
Desde luego, ha resultado extraña.
Porque ese ministro forma parte de un Gobierno que, según me dice un amigo muy bien informado, está compuesto nada menos que por un 85% de licenciados o doctorados en Derecho.
Personalmente, este marco me parece muy poco deseable. En las sociedades modernas hay muchos tipos de profesionales, no solo abogados.
Es más, parece que este Gobierno ha encarnado el ideal del Conde de Romanones: “Todo lo que se necesita para ser diputado es ser abogado y tener buena voz”.
Y para rematar: Este Gobierno es el que ha confiado, sobre todo, en las salidas judiciales a problemas políticos.
Tanto el Gobierno como las asociaciones, aunque ahora choquen, dan muestras de compartir lo que Gustavo Bueno denominaba “delirio gremial”.
“Síntomas alarmantes de «delirio gremial» por parte de los legistas (sobre todo cuando adquieren la condición de jueces) los encontramos en algunos teóricos o prácticos del «Estado de derecho»; porque ahora los legistas parecen proponerse como objetivo supremo la transformación de toda la vida social y humana en «vida jurídica», la judicialización de la totalidad de las relaciones humanas, tanto las relaciones ad intra (familiares, empresariales, políticas) como las relaciones ad extra(«derechos de los animales», «derechos del medio ambiente»). (Televisión, apariencia y verdad (2000), PP. 138-1399
Y las Asociaciones dan muestras de moverse por el proverbio que circula ampliamente entre los juristas: «lo que no está en el sumario tampoco está en el mundo».
Lo que afirma el ministro de Justicia sobre un juez que ha emitido un voto particular no consta en el sumario; luego esa afirmación no existe. Ah, pero hay un millón o más de personas que afirman lo que dice el ministro más muchas cosas más.
Incluso, esas personas se enteran del pasado disciplinario de ese juez. Luego, esa afirmación existe. Los lamentos de los representantes de esas Asociaciones por el gran lío que se ha organizado a raíz de la sentencia, son como intentos de querer poner puertas al campo.
A ver quién arregla esta contradicción.
También Gustavo Bueno sostiene que no debemos olvidar la conocida observación de Catalina de Rusia: «Los filósofos [los juristas, diríamos hoy] escriben sobre el papel que todo lo resiste; los políticos, sobre la piel de los ciudadanos, que es muy irritable»
El silencio de las asociaciones ante los ataques de UGT y CC.OO al sistema judicial español
Contrastan las críticas de las asociaciones al ministro con el silencio que han mostrado ante las críticas de los dirigentes de los sindicatos UGT, Pepe Álvarez, y Unai Sordo, al sistema judicial español con motivo del apoyo de estos sindicatos a una manifestación a favor del proceso separatista.
¿Quién ha atacado más al sistema judicial español con sus palabras y acciones?
¿El ministro o esos dirigentes?
Entonces, ¿a qué viene ese silencio?
¿Se callan porque esos sindicatos participan en las movilizaciones para reclamar mejoras en el sistema judicial español?
Estas contradicciones son muy comunes en los procesos sociales, pero hay que darse cuenta de ellas.
Que las asociaciones reivindiquen también a favor de los ciudadanos
Actualmente, los juzgados cuentan con una cámara que enfoca a las partes, no al juez o a la juez; una cámara cuesta muy poco y conviene contar con otra que enfoque a quien preside.
Es un instrumento barato y, sin embargo, de una gran importancia, porque el lenguaje corporal y la voz de quien preside el juicio pueden transmitir volúmenes de información. Ha habido juicios que han sido anulados o que han tenido que volver a celebrarse por la actitud de quien presidía
También es importante que haya portanombres en los que aparezca la identificación de jueces y fiscales. No como ahora en los juicios ordinarios.
En los mediáticos, no faltan medios.
Pasé una mañana asistiendo a varios juicios seguidos. El lenguaje verbal y no verbal de la juez me pareció lamentable.
Sin embargo, el fiscal que intervino en varios juicios dio muestras de fluidez verbal y de equilibrio gestual; por eso, me interesé por saber cómo se llamaba.
Cuando pregunté en la Secretaría del Juzgado por él, me respondieron como si me estuviese interesando por la fórmula de la Coca-Cola. Me llevó tres meses enterarme de la identidad del fiscal, al que felicité. ¡Tres meses! Conté las peripecias en una columna.
Y, puestos en el lugar de los contribuyentes, desde luego es muy difícil vender que tres jueces hayan tardado cinco meses o más, en elaborar una sentencia.
El marco en el que va el cuadro de la sentencia no es comprensible para muchos contribuyentes. Mientras hay muchos juzgados con sobrecarga de trabajo que dobla su capacidad, ¿cómo no reparar en el paso de tortuga que han llevado los tres jueces? De esto se acaban por dar cuenta los contribuyentes.
Muy bueno el posicionamiento de las asociaciones ante la declaración sobre el fin de ETA
Más aún, los españoles tienen derecho a que jueces y fiscales acaben las tareas pendientes.
Ante las lecturas del comunicado de eta, las Asociaciones han respondido muy bien. Personalmente, creo que ha sido lo más valioso que han hecho durante los días pasados. Han insistido en que hay que aclarar los asesinatos sin resolver.
Primero, fue Chesterton; después, Ortega y mucho más adelante Erving Goffman y otros autores dieron más importancia al marco que al cuadro.
El marco de esa reinvidicación de los más de trescientos crímenes de eta se debe a Juanfer F. Calderín, autor del libro «Agujeros del sistema. Más de 300 crímenes de ETA sin resolver». Pues bien, en la Introducción del libro, el autor afirma:
«Los errores y las negligencias comenzaron a aflorar tras un primer análisis del estudio de la Fiscalía que, en la práctica, apenas constituyó una primera aproximación a los crímenes de ETA no resueltos. Después de que saliera a la luz ese primer documento en diciembre de 2011, hubo funcionarios de la Administración de Justicia que se dieron cuenta de que había que hacer algo. Y no solo en el marco de la búsqueda de expedientes extraviados-52 de un total de 349-, sino también en torno al esclarecimiento de lo sucedido. La tremenda embestida de ETA complicó la gestión, de expedientes judiciales, sí, pero eso no era excusa para no desvelar las ocasiones en que quienes en su día debieron actuar correctamente a la hora de desempeñar cargos de responsabilidad en los poderes públicos no estuvieron a la altura. Nos fallaron».
Basándose en este libro, Iñaki Arteta rodó un documental titulado «Contra la impunidad».
Así pues, la opinión pública ya puede estar preparada para seguir el trabajo de jueces y fiscales en este aspecto. El fiscal Javier Zaragoza hizo un gran trabajo en la Audiencia Nacional, impulsando las investigaciones sobre estos más de trescientos asesinatos.
A los jueces y fiscales les queda mucho trabajo por hacer.
Por ejemplo, aclarar lo que detalla Ángeles Escrivá en su libro «Maldito el país que necesita héroes. Cómo los demócratas acabaron con ETA (2012)».
«Decenas de etarras detenidos pasaban por la Audiencia Nacional y, en vez de ingresar en prisión provisional de manera automática, como era costumbre, salían en libertad a la espera de ser juzgados. Era una medida legal, pero entrañaba el riesgo de que los presuntos terroristas engrosasen las filas de la organización.
»Los miembros del Ejecutivo sostienen que ellos no mantenía ¡ese tipo de relación” con los jueces para imponer ese criterio y alegan que éstos lo hicieron por su cuenta y animados por la actitud del Presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, del problema una visión militantemente buenista. Sea como fuere, cuando eta decidió cambiar de registro unos meses después, centenares de sus simpatizantes que esperaban a ser juzgados, prefirieron cruzar la frontera e incorporarse a las estructuras y a los comandos de la organización. El número fue elevadísimo y su influencia posterior, terrible» (P. 217)
El indulto al juez Garzón
Entre las reivindicaciones que jueces y fiscales podrían presentar al Gobierno está el indulto al juez Baltasar Garzón. Ya he escrito dos columnas sobre este asunto. Garzón hizo mucho, pero mucho, en la lucha contra el terrorismo. Sólo hay que leer las páginas 275-345 de su libro Un mundo sin miedo. A este Gobierno, y lo escribí hace tiempo, con las glorias se les fueron las memorias.
Y en cuanto a los jueces y fiscales sería deseable que no se comportasen en este asunto como diabéticos conceptuales.
Los diabéticos siempre están sopesando los alimentos que toman. Intentan equilibrarlo todo, como quienes dicen: “Está lloviendo, pero pronto saldrá el sol”. “Tengo dolor de cabeza, pero el estómago está mejor.” “No son muy simpáticos, pero en cambio parecen animados”.
Es decir, que jueces y fiscales no mezclen los grandes méritos del juez Garzón en su lucha contra los terroristas con otros episodios posteriores.
Si actúan así,les podríamos comparar al coche que los mecánicos suben con un elevador y hacen mover sus ruedas, sin que ese movimiento lleve a parte alguna. A la vez, esa altura permite ver mucho mejor los fallos del vehículo.
Por cierto, no conozco personalmente al juez Garzón ni me he esforzado por conocerle personalmente.
¿Qué falta hace conocer a una persona para defender una propuesta como la que llevo haciendo desde hace tiempo?
Lo importante es revertir el diagnóstico de Iñaki Arteta: «Los que más se la jugaron física e intelectualmente contra ETA hoy son casi como un trasto».
Nota.- No pertenezco a red social alguna. Se me quitaron las ganas cuando, después de dedicar dos columnas a la huelga de los controladores en 2010, recibí trescientos correos; todos ellos, muy “cariñosos”.
Por tanto, si alguien quiere rebatir mis puntos de vista, que se tome el trabajo de escribir una columna.
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