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El Defensor del Pueblo vuelve a pedir al Gobierno que proteja el derecho a la vivienda de los más débiles

Francisco Fernández Marugán, el defensor del Pueblo en funciones, durante una comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
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El Defensor del Pueblo ha abierto actuaciones, de cara a aclarar qué medidas está realizando el Gobierno español de cara a asumir las recomendaciones de la ONU en materia de vivienda. Desde esta entidad se ha confirmado a CONFILEGAL que ya se ha pedido al Ejecutivo que responda a este requerimiento.

Ya en el informe de gestión del 2017 de esta entidad queda claro la preocupación por este tema. En dicho informe se indica «la falta de la debida aplicación en España del Dictamen de 20 de junio de 2017, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones Unidas, en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

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También se señala que «las administraciones no siempre adoptan medidas para evitar que los interesados queden sin alternativa habitacional ante sus inminentes desalojos».

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Además inciden en que “Esta institución ha comprobado que, en ocasiones, la Administración ha soslayado las recomendaciones formuladas por dicho comité, en particular la contemplada en el artículo 21.c:

«adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa, solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que el Estado parte haya realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños y/u otras personas en situación de vulnerabilidad».

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En el presente ejercicio, esta institución ha hecho hincapié en evitar desalojos de viviendas a unidades familiares con escasos recursos económicos en las que existan 538 II. Supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas menores de edad, sin que se hayan adoptado medidas para proveerles de viviendas con el fin de evitar su posible exclusión social.

Las ayudas proporcionadas no son suficientes para proteger el derecho a una vivienda adecuada.  Y se handirigido recomendaciones en este sentido (17012557 y 15014494).

Queja aceptada que sigue su trámite

Organizaciones de la sociedad civil aplauden la decisión del Defensor del Pueblo, quien ha abierto una investigación por el incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de vivienda, a raíz del caso de una familia con dos menores que había solicitado una vivienda social hasta en 13 ocasiones y que finalmente fue desahuciada sin ofrecerle una vivienda alternativa.

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Tras la condena a España por incumplimiento grave de sus obligaciones en materia de vivienda por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, diversas organizaciones crearon en septiembre de 2017, el Grupo de Monitoreo para el cumplimiento del Dictamen y plantearon una queja ante el Defensor del Pueblo.

Las organizaciones denunciaban así la falta de medidas estatales sobre vulneraciones del derecho a la vivienda, en un contexto social de repunte de los desahucios derivados de alquiler y expulsión del acceso a la vivienda de miles de personas.

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Tras la queja, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación considerando que el Gobierno no está prestando la debida consideración al dictamen del Comité ya que en su respuesta al Alto Comisionado de Naciones Unidas no valoró como merecía las recomendaciones. En este sentido, el Defensor del Pueblo dice que “la remisión de una respuesta de un folio parece indicar que no se ha dado a esta cuestión por parte de las autoridades españolas la importancia que este tema merece”.

Además, también considera que se habría incumplido su obligación de dar a conocer y divulgar la decisión del Comité, puesto que tan solo se publicó en un número del Boletín del Ministerio de Justicia, sin ninguna otra forma de difusión.

Como señala el propio Defensor del Pueblo, es necesario también publicar la decisión en el Boletín Oficial del Estado. Para el Grupo de Monitoreo esta obligación va más allá y es necesario que los profesionales de la judicatura reciban formación específica acerca del derecho a la vivienda y sus garantías en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Fachada de la Oficina del Defensor del Pueblo.

Los antecedentes

El 20 de junio de 2017 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los estados de las obligaciones incluidas en PIDESC, condenó a España por el grave incumplimiento de sus obligaciones en materia de vivienda.

Lo hizo a raíz del caso de una familia que vivía de alquiler en una habitación en Madrid que había solicitado hasta en 13 ocasiones, desde 1999 a 2011, una vivienda social ante el Instituto de la Vivienda de Madrid atendiendo a sus dificultades económicas. Ninguna fue admitida. El 3 de octubre de 2013, la familia, con dos hijos menores fueron desahuciados después de que la propietaria del piso decidiera no renovarles el contrato de alquiler y el juzgado ordenase el desalojo. Sin otro lugar a donde ir, primero durmieron durante 10 días en un centro de personas sin hogar. Tras ser invitados a marcharse, la familia acabó durmiendo en el coche.

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Después de estudiar el caso la respuesta del Comité fue clara: el desahucio de esta familia, sin alternativa habitacional, vulnera el derecho a la vivienda reconocido en el PIDESC.

 La decisión del Comité incluye recomendaciones generales para paliar un problema que se demuestra estructural en España, donde solo en 2017 se han producido 57.996 desahucios.

Entre las recomendaciones se encuentran:   

La reforma de los procedimientos judiciales para que los jueces sean capaces de valorar las consecuencias personales del lanzamiento, junto a ello la necesidad de cooperar más y mejor entre los tribunales y los servicios sociales para evitar que nadie se quede en la calle,

También se plantea la obligación de asegurar alternativas habitacionales en caso de desahucio yla creación de un plan nacional comprensivo para garantizar el derecho a la vivienda a personas con escasos recursos.

Todas son demandas que las organizaciones que configuran este Grupo de Monitoreao vienen reclamando a las autoridades españolas desde el inicio de la crisis económica.

Grupo de Monitoreo integrado por: Amnistía Internacional, FEANTSA – Cáritas, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Observatori DESC, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Sindicato de Inquilinos, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), y Red-DESC internacional (ESCR-Net).