CSIF reclama a la Consejera Ibarrola que dote de medios al juzgado de cláusulas suelo
A punto de cumplir su primer año de funcionamiento, fue el primer juzgado de cláusulas suelo que se puso en marcha, el juzgado 101 bis de Madrid especializado en esta materia esta totalmente colapsado. Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) se pide a la nueva Consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, que lo dote de los medios suficientes para evitar su colapso total. Con los últimos datos que se tienen, las cerca de 45.000 demandas recibidas en este primer año tardarían otros seis en tramitarse.
Este martes 22 de mayo, mientras jueces y fiscales a nivel nacional secundaban una jornada de huelga y tenían lugar movilizaciones de la abogacía en las diferentes sedes judiciales para reclamar mejoras en la administración de justicia y en las propias sedes judiciales , tenía lugar la toma de posesión del nuevo Gobierno de Ángel Garrido en Madrid , donde se ha presentado esta consejería de nueva creación.
En este evento que ha congregado a todos los operadores jurídicos de la justicia madrileña, Juan José Carral, presidente área Justicia de CSIF, sindicato mayoritario de funcionarios, explicaba a CONFILEGAL la necesidad de incrementar los medios para que dicho juzgado pueda responder a la avalancha de demandas que tramitan los profesionales de la citada infraestructura judicial.
En concreto reclama que se incrementen significativamente los medios personales con el nombramiento de los funcionarios de refuerzo que sean necesarios y adecuados a la carga de trabajo que tramita el juzgado de 1ª Instancia nº 101 bis, especializado en cláusulas abusivas, y al número de jueces nombrados por el CGPJ.
También pide que se conceda el complemento económico de prolongaciones de jornada a la totalidad de la plantilla de funcionarios de la Administración de Justicia, o en su caso, a todo el personal que lo solicite. Y pedir al Ministerio de Justicia otros dos Letrados de Administración de Justicia de refuerzo. Otras peticiones tienen que ver con la dotación de despachos a jueces y LAJ así como mobiliario adecuado para almacenaje de procedimientos abiertos.
Al mismo tiempo se cree necesario , según la normativa vigente de Prevención de Riesgos laborales que el propio Servicio de Prevención de Riesgos laborales realice la evaluación inicial de riesgos para la Seguridad y Salud de los Trabajadores del mencionado juzgado.
Una situación crítica
La puesta en marcha de este Juzgado 101 bis surgió, como en otras capitales de provincia ante el acuerdo entre Ministerio de Justicia, CGPJ y CCAA con competencias transferidas para focalizar los asuntos hipotecarios en este escenario. Una medida que ha generado muchas criticas y que desde el punto de vista práctico no ha servido para frenar la avalancha de demandas.
En el juzgado de Madrid, Ibarrola, ahora Consejera de Justicia, fue clave en la puesta en marcha de dicha infraestructura judicial. Ahora habrá que dotarle de más medios o crear otro juzgado paralelo para dar el servicio que los ciudadanos reclaman.
Desde CSIF se denuncia que este juzgado cuenta con una plantilla de 24 funcionarios de la Administración de Justicia (6 Gestores, 12 Tramitadores y 6 Auxilios Judiciales) que son competencia de la Comunidad de Madrid, 3 Letrados de la Administración de Justicia proporcionados por el Ministerio de Justicia y 10 Jueces nombrados por parte del Consejo General del Poder Judicial.
A la vista de la dotación de personal funcionarios que son competencia de esa Dirección General de Justicia, consideramos su número, aparte de ser insuficiente para la cantidad ingente de demandas que se tramitan, no es proporcional al número de jueces que ha nombrado el CGPJ.
Mientras el número de jueces ha crecido de manera exponencial, la plantilla de personal de justicia y Letrados de la Administración de Justicia (antes llamados Secretarios Judiciales) no ha crecido.
Una plantilla desequilibrada y poco eficiente
Desde CSIF se indica que si el número de funcionarios asignados a los últimos juzgados de 1ª Instancia que se han creado en Madrid capital, que están compuesto por 1 Juez, 1 Letrado, y 8 funcionarios (3 Gestores, 4 Tramitadores y 1 Auxilio), los datos son claros, y si los trasladásemos al juzgado que actualmente conoce de las demandas sobre cláusulas suelo, este debería estar compuesto por 80 funcionarios de justicia (30 Gestores, 40 Tramitadores y 10 Auxilios).
Por tanto se detecta una falta de proporcionalidad en la plantilla, con lo cual el trabajo nunca podrá ser eficiente si sólo crece del número de jueces, dado que estos necesitan el necesario apoyo del resto de EEPP que componen la oficina judicial. Desde CSIF se insiste en que “la tramitación y resolución de los asuntos que debe conocer este juzgado, es trabajo de toda la plantilla, y que con los jueces que se nombran, es necesario acompañarlo del número de funcionarios necesarios para la tramitación de las demandas.
Sobre los datos de demandas registradas en dicho juzgado 101 bis de Madrid, hasta mediados de octubre había 15.000, de las cuales se han incoado y empezado a tramitar 8.000, datos verdaderamente alarmantes ya que no están contabilizadas todas las demandas presentadas en la Oficina de Registro y Reparto Civil desde octubre de 2017 a mayo de 2018. Cifras que podrían llegar a las 45.000 reclamaciones en menos de un año.
Frente a ello, el trabajo de todos los profesionales de este juzgado que han dictado desde el comienzo de la actividad y hasta el 1º trimestre de 2018, unas 2200 sentencias, ritmo más que significativo pero totalmente insuficiente.
Según estos datos, y si no se adoptan medidas urgentes, se tardaría un mínimo de 6 años en resolver las demandas ya registradas en el juzgado, a lo que habría que sumarle las que aún están pendientes de repartir, y las que seguirán presentándose por los ciudadanos que han sido perjudicados por las cláusulas abusivas.
Unas condiciones laborales preocupantes
Para Carral la puesta en marcha de un único juzgado que tramite en exclusiva las demandas de cláusulas suelo en la Comunidad de Madrid, nos parece un despropósito y un fracaso, y el colapso es inevitable, tal y como ya anticipábamos en junio del año pasado, salvo que vaya acompañada de los medios personales adecuadas, y hoy por hoy la falta de personal es evidente, lo que no solo perjudica al personal funcionario afectado, sino que supone un perjuicio para las miles de familias que están esperando una justicia que no llega. Muchos tendrán que esperar años por una sentencia que les restituyan sus derechos.
La carga de trabajo es inasumible por la plantilla actual, y si no se adoptan medidas adecuadas y urgentes, el incremento de la presión y estrés pondrá en serio peligro la salud laboral de los EEPP que trabajan en este juzgado.
En el juzgado 10i bis ya se han producido las primeras renuncias de funcionarios que no han podido soportar una situación laboral tan extrema.
Colapso que se agravará como consecuencia de configuración desigual de la plantilla de empleados públicos ya que el mayor peso de la carga de trabajo recae sobre los funcionarios de la Administración de Justicia dado que el mayor número de jueces está creando un efecto embudo inasumible.
En relación a la sede donde se ubica el juzgado de 1ª Instancia 101 bis, esta no reúne las condiciones idóneas para albergar un órgano judicial. No solo las instalaciones no son las adecuadas y no cuenta con el espacio suficiente, lo que está provocando un sinfín de problemas, con el peligro para la salud de los trabajadores que ello conlleva.
También CSIF revela que Los diez jueces que desarrollan su actividad en este juzgado sólo cuentan con tres despachos que deben compartir, y los Letrados de la Administración de Justicia no cuentan con espacios de trabajo adecuados. En este sentido, tampoco las instalaciones disponen de una zona de espera adecuada para los profesionales y ciudadanos que acuden a diario a este órgano judicial.
El espacio disponible no es suficiente, y teniendo en cuenta el volumen de señalamientos diarios es muy habitual que se produzcan aglomeraciones que, a aparte de la mala imagen e incomodidad que proporciona a los usuarios, puede suponer un exceso de aforo que ponga en riesgo la salud de profesionales, ciudadanos y empleados púbicos.
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