Con una año de retraso, el Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la orden europea de investigación en materia penal.
El texto ha salido adelante por la práctica unanimidad de los senadores que han participado en la votación al obtener 233 votos favorables y una abstención, mientras que Esquerra Republicana (ERC) ha votado en contra en protesta porque no se haya publicado el decreto de nombramiento de los consellers designados por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.
Según se recoge en el texto remitido por el Congreso al Senado para la citada reforma de la Ley 23/2014, «La orden europea de investigación crea un régimen único para la obtención de pruebas, aunque establece normas adicionales para determinados tipos de medidas como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por teléfono, videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, la obtención de información relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervención de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro».
En este sentido, «comprende también medidas que impliquen la obtención de pruebas en tiempo real, de manera continua o durante un determinado período de tiempo, previendo que cuando sea necesario los Estados de emisión y de ejecución podrán acordar entre sí disposiciones prácticas, a fin de compatibilizar las diferencias existentes entre sus Derechos internos».
Para el diputado del PP Luis Rogelio Rodríguez Comendador con esta ley se transpone la Directiva 2014/41 por la que la orden europea de investigación sustituye al ya antiguo exhorto de obtención de pruebas de un país a otro que tenía un ámbito más restringido solo aplicable a las que ya constaran como existentes.
Ha añadido que la orden europea de investigación reducirá los trámites administrativos y protegiendo los derechos fundamentales de la defensa. Asimismo, permitirá el traslado de detenidos de un país miembro a otro para recoger pruebas, consultar cuentas bancarias de sospechosos e interceptar comunicaciones y posibilitará un acceso más rápido de los jueces a pruebas que estén en otros países.
Por su parte, el senador del PSOE Antonio Julián Rodríguez Esquerdo ha lamentado que la transposición de esta directiva se apruebe con un año de retraso y ha advertido de la preocupación que le han trasladado algunos colegios de abogados ya que no se les ha tenido en cuenta a pesar de que se modifican aspectos relativos a la asistencia jurídica gratuita.
Ha añadido que las nuevas competencias que se le da al Ministerio Fiscal para el control de legalidad de esta nueva orden requerirá que se le den más medios.
El senador de Ciudadanos Luis Crisol ha coincidido en la necesidad de dotar de más medios a la Fiscalía además de garantizar la independencia del Ministerio Fiscal y del poder judicial tal como pidieron jueces y fiscales en una huelga, ha recordado.
El representante de Podemos Joan Comorera ha incidido en que debería mejorarse la garantía del derecho a la asistencia letrada de los detenidos.
