EL PSOE levanta el veto a la Ley de Vivienda de la PAH que se tramitará en otoño en el Congreso
Los afectados por la PAH durante una manifestación.

EL PSOE levanta el veto a la Ley de Vivienda de la PAH que se tramitará en otoño en el Congreso

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14/6/2018 06:15
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Actualizado: 13/6/2018 20:48
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El nuevo Gobierno del PSOE cumplió su compromiso de permitir el trámite el proyecto de Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que fue vetada por el anterior Ejecutivo con la complicidad de Cs en la Mesa del Congreso.

La propuesta de proyecto de Ley volvió a la Mesa tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el otro veto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); ahora, el nuevo  Gobierno no la ha vetado.

Desde la Plataforma se valora positivamente este avance en la recuperación del espíritu democrático.

Ahora, dada la situación de emergencia habitacional, la burbuja de alquiler, la carencia casi absoluta de un Parque de Vivienda Pública y el elevado número de desahucios, que machaconamente reitera el Consejo General del Poder Judicial trimestre tras trimestre, insisten en que “es imprescindible que la Ley de Vivienda PAH llegue pronto al Pleno del Congreso”.

Sin embargo, pese a esta urgencia, parece poco probable que antes del mes de septiembre próximo, nuevo periodo de sesiones en el Congreso, se efectúe dicho debate sobre la citada norma en el Pleno de la Cámara Baja.

“Desde nuestra Asamblea Estatal que hemos convocado este fin de semana en Segovia vamos a abordar la situación y estudiar la próxima estrategia a seguir”, apunta Paco Morote, portavoz nacional de este movimiento.

La idea es volver de nuevo a mantener reuniones con los diferentes grupos políticos a fin de que con posterioridad en el citado debate parlamentario se muestren partidarios de tramitar la Ley de Vivienda de la PAH porque el Pleno del Congreso la aceptara en consideración.

“Aquí lo único que necesitamos es más votos a favor que en contra”, apunta nuestro interlocutor.

De momento, en teoría  la PAH contaría con los votos del PSOE; Unidos Podemos, Ezquerra Republica, HBildu y Compromís que suman 166 votos afirmativos de un total de 350.

Lo que supondría aún un déficit de 184 diputados que no están a favor de la tramitación de esta propuesta.

Desde la PAH se insiste en que es necesaria una Ley Estatal de Vivienda similar a la que presentan, porque contiene los instrumentos necesarios para paralizar los desahucios, cancelar deudas injustas, ilegítimas e impagables, para bajar los precios de los alquileres y alargar la duración de los contratos, para la creación de un parque público de viviendas digno y para garantizar el acceso a los suministros básicos de las familias vulnerables.

Defender el artículo 47 de la Constitucion

Para Morote, el sentir de este colectivo de la sociedad civil es que la vivienda “ pese a ser un derecho reconocido en nuestra Constitución, entre las dificultades para lograr una hipoteca y los alquileres tan elevados se está convirtiendo en un artículo de lujo para la inmensa mayoría. Es fundamental que el artículo 47 de la Constitución comience a ser real para millones de familias”.

También son conscientes que con el nuevo periodo de sesiones vendrá también el debate de los presupuestos del 2019 “ eso nos va hacer un esfuerzo extraordinario para poder estar en ese calendario del Congreso en su tiempo y forma”. Sobre el esfuerzo presupuestario que habría que hacer para poner en marcha la Ley de Vivienda de la PAH recuerda que la norma “ tiene una Disposición final que permite que todo lo que tenga efectos presupuestarios se aplica en ejercicios sucesivos”.

Sin embargo, es consciente que si esta propuesta es aprobada tendrá un impacto presupuestario a tener en cuenta “ se habla de crear un parque público de vivienda que tendrá su coste. También si se habla de garantía de suministros básicos de subsistencia, es probable que tenga alguna afectación presupuestaria”.

Frenar el Plan de Vivienda del PP

Desde la PAH se piensa que el Plan de Vivienda que presento recientemente el Ministro Popular Iñigo de la Serna (2018-21) debería reconsiderarse “sería razonable suprimirlo en la medida que no aporta nada. Es una transferencia de dinero público a manos privadas, tanto a las constructoras en viviendas destinadas a alquiler, no generará un parque público de viviendas”.

También Morote señala que la subvención a las rentas de alquiler que propone este Plan tiene un efecto “ tiran de los precios hacia arriba, como han señalado algunos expertos, el casero sabe que tienes ayudas y se permite subidas mayores en el precio del alquiler”.

Respecto al parque público de viviendas ahora muy reducido, nuestro interlocutor reconoce que la banca está vendiendo viviendas a fondos buitres y socimis “ a ese precio podría comprarlas el Estado para impulsar ese parque público de viviendas. Ahora en nuestro país no llega al 2% cuando en países como Francia supera el 20%del total”. Ese porcentaje hace que los precios no se disparen a nivel de vivienda y alquiler lo que hace que el acceso a la vivienda sea más accesible.

Hace unos días, el pleno del Senado aprobaba definitivamente la Proposición de Ley que agiliza el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente, una iniciativa impulsada por el PDeCAT que protegerá a los pequeños propietarios, ONGs y entidades públicas que gestionan el parque de viviendas sociales.

“Es una mala noticia que se apruebe dicha ley. La denunciaremos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) porque creemos que es contraria a las recomendaciones que este Comité realizó hacia nuestro país hace unos meses”, indica Paco Morote quien recuerda que España suscribió este protocolo en su momento y lo ratificó en el 2013 y que según el articulo 45 de la Constitución debemos adaptar los tratados internacionales a nuestro ordenamiento jurídico”.

Desde la PAH también se va a pedir al Defensor del Pueblo, ahora en funciones “ que lo recurra ante el Tribunal Constitucional. En el caso que no acepte nuestra petición, buscaremos apoyo en el Parlamento para tener ese grupo de 50 diputados o senadores que señala la normativa para presentar recurso de amparo ante este alto Tribunal”. De momento la PAH, movimiento de la sociedad civil ha conseguido meterse en el Parlamento español. Ahora toca que nuestros políticos estén a la altura de las circunstancias.

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