Sobre estas líneas el lazo amarillo que figuraba en la página web del Colegio de Abogados de Girona; luego le unieron uno morado, para disimular, a la izquierda, su decano, Carles McCragh, que ha renovado para un tercer mandato de cuatro años.
McCragh se pasa por el forro los Estatutos del Colegio de Abogados de Girona para seguir de decano
Se presenta y sale elegido para un tercer mandato, obviando sus propias normas internas
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16/6/2018 14:44
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Actualizado: 28/11/2022 15:16
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La verdad es que no hay una forma más simple y más clara de decirlo: Carles McCragh Prujá se ha pasado por el forro los Estatutos del Colegio de Abogados del que es decano, Girona, para poder presentarse a un tercer mandato, en las elecciones a la Junta del Colegio del pasado 18 de junio, y que dichos Estatutos prohiben.
De acuerdo con el artículo 31, «Los miembros de la Junta podrán ocupar el cargo un máximo de 8 años consecutivos».
Ese mismo artículo, en ese mismo punto 1, define muy bien quienes forman parte de ella: «La Junta de Gobierno es el órgano de gobierno del colegio y está formado por el decano, once diputados, el tesorero, el contador, bibliotecario y el secretario».
Y «serán elegidos por un periodo de 4 años».
McCragh, independentista público y recalcitrante, no podía, pero lo hizo encabezando una candidatura que no tuvo rival en las elecciones parciales que tuvieron lugar el 18 de junio, según informa el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Una elección que ahora ha sido puesta en tela de juicio por un colegiado de Girona que presentó un recurso ante el propio Colegio y una queja ante el CGAE, según publica El Confidencial.
En el escrito alega que los estatutos vigentes del colegio, aprobados en 2003, señalan que el decano «no podrá ser elegido más de dos legislaturas».
McCragh fue elegido decano en 2010 y reelegido en 2014.
Por lo tanto, tenía que abandonar el cargo sí o sí.
Pero se aferra al mismo como una lapa.
«McCragh bombardea a los colegiados con correos independentistas y unos cuantos estamos hartos», explica este letrado. Un portavoz del CGAE afirmó el viernes que el organismo no había analizado aún la queja.
El decano separatista fue protagonista el pasado mes de marzo cuando la web del Colegio coloco un lazo amarillo en la portada de su página web, en solidaridad con los encarcelados, abandonando la neutralidad obligada que, como corporación de derecho público debería haber adoptado en respeto a las diferentes sensibilidades políticas de sus miembros.
Un lazo al que después unió otro morado, para disimular.
Pero más público y notorio fue lo que ocurrió el 19 de septiembre del año pasado, en pleno conflicto independentista, cuando hizo público su “Manifiesto del Ilustre Colegio de Abogados de Girona en relación a la convocatoria de referéndum del día 1-0″, en el que afirma que “las leyes deben ser interpretadas de acuerdo con la voluntad popular”.
El Español lo puso blanco sobre negro: “El Colegio de Abogados de Girona se pone al servicio de la causa independentista”.
En el mismo se decía que “a lo largo de los siglos, Cataluña ha manifestado una voluntad de mantener su identidad propia”.
Por ello, “a las puertas del 1-0” se ofrecía a asistir a todos aquellos que se vieran afectados por la respuesta del Estado que, a su juicio, es “incompatible con el anhelo de la ciudadanía”.
Y añadían su perplejidad ante la “rapidez” con la que el Estado “ha ido formulando instrucciones y querellas en relación con las personas vinculadas a la preparación del referéndum del 1-0, desde cargos electos a periodistas”.
MANIFIESTO PRO INDEPENDENTISTA DEL COLEGIO DE GIRONA
El Manifiesto del Colegio de Abogados de Girona incurrió en el mismo error que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) cuando, en 2013, se adhirió al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) obligó al ICAB a abandonarlo, mediante la mencionada sentencia de 2016 por vulnerar “la libertad ideológica, de expresión y de asociación” de los colegiados.
El TSJCat consideró que el Pacto partía “de un posicionamiento ideológico claro”: que el pueblo de Cataluña era un sujeto político y jurídico y soberano, y por eso, con derecho a decidir sobre su futuro político colectivo.
“Dado que la colegiación es obligatoria para quien ejerce la abogacía, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional ha asumido”, sostuvo el TSJCat, corrigiendo a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona.
Lo que no disimuló tampoco fue la visita que realizó el 21 de noviembre de 2017 a la cárcel de Estremera, en Madrid, para visitar a los políticos presos, con los que se alineó políticamente.
Amb en @JoanR_Puig avui a Estremera. @CarlesMundo animat però juridicament indignat. Ens transmet les gràcies a tots pels recolzaments. pic.twitter.com/LDtrCwvLKM
— Carles McCragh (@CarlesMcCragh) November 21, 2017
McCragh también formó parte, el 7 de octubre, cuando era presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, de la llamada «Comisión Independiente para la mediación», que fue capitaneada por la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, que pretendió mediar entre el Gobierno Central y el gobierno autonómico.
El CGAE después prohibió dicha mediación, que de independiente tenía poco, por la presencia de McCragh, porque esa actividad estaba prohibida a los colegios de abogados.
El Consell de l’Advocacia Catalana, del que forman parte los 14 colegios de abogados de Cataluña -entre ellos el de Girona- también se mojó el 26 de marzo pasado, calificando de “inconveniente y desproporcionada” la decisión del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de haber ordenado la prisión preventiva, tras dictar auto de procesamiento, para los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva Dolors Bassa, Josep Rull, la expresidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell.
También para los fugados, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los también exconsejeros Clara Ponsati, Antoni Comín, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también huida.
“Creemos que en el presente caso no se dan los supuestos para aplicarla, máximo cuando los investigados han cumplido con los requerimientos judiciales de los que han sido objeto en el curso del procedimiento”, dice el Consejo en un comunicado hecho público a través de su página web.
La mano de McCragh estaba claramente detrás.
Una decisión que fue muy criticada por el exdecano de Valencia y expresidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Mariano Durán, que en una columna que publicamos en Confilegal, en la que le pidió, por ello, su dimisión.
Lo paradójico es que McCragh es miembro del CGAE y vicepresidente de la Fundación del CGAE y, como tal, la representa a la institución, que respeta la Constitución española y el ordenamiento jurídico español, en los viajes internacionales que se organizan para tal fin.
Todo el mundo en el CGAE conoce esto, pero miran para otra parte.
Nadie quiere molestar a nadie.
Pero la realidad es la realidad.
McCragh se ha convertido en una «patata caliente». En algo muy molesto.
Y ahora, con esta pasada por el forro de sus propios estatutos, en un problema que hay que resolver.
En eso le va su credibilidad y su autoridad al CGAE.
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