Los denunciantes de irregularidades, o "whitleblowers", como se les conoce en Europea, reclaman protección frente a las represalias. Luis Javier Sánchez/Confilegal.
Denunciantes de corrupción reclaman una Ley Integral que les proteja de cualquier presión
También conocidos internacionalmente como "whistleblowers"
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24/6/2018 06:15
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Actualizado: 24/6/2018 00:03
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Se conocieron a través de las redes sociales. Ahora mantienen un contacto permanente por WhatsApp, de forma habitual. Han tardado más de dos meses en preparar este evento de protesta frente al Congreso de los Diputados.
Una treintena de denunciantes escenificaron ayer, frente a la Cámara Baja, las presiones que sufren por haber sido honestos mediante su concentración y para la lectura de un manifiesto en el que reclaman protección.
El apoyo de organizaciones como Plataforma por la Honestidad , Amacae, Filtrala, o la ONG europea Blueprint for Free Speech, entre otras, han servido para la organización logística de este peculiar evento.
En estos diez últimos años a Ana Garrido, la funcionaria del Ayuntamiento madrileño de Boadilla que destapó el caso Gürtel, le han sucedido otros casos de corrupción por todo el territorio nacional.
Reconoce que es la primera vez que muchos de ellos se han visto en persona; se reconocen entre ellos porque comparten los mismos valores de honestidad.
Ana Garrido, la funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Madrid, cuyas denuncias destaparon el caso Gürtel, leyó el manifiesto en nombre de todos los presentes. Luis Javier Sánchez/Confilegal.
«No creo que hayamos perdido la batalla contra la corrupción”, explica a CONFILEGAL una vez terminado este acto que congregó a una treintena de denunciantes, conocidos en Europa como «whistleblowers».
De hecho, el pasado mes de abril el vicepresidente primero de la Comisión Europea, el holandés Franz Zimmermans, y la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, la polaca Vera Jourová, presentaron la propuesta de “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de personas que informen sobre infracciones de la ley de la Unión”. O dicho de otra forma, la “Directiva de los ‘whistleblowers’ (denunciantes de irregularidades)”.
Este es el segundo paso importante que daba Europa en esa dirección después de que el Parlamento europeo aprobara por amplia mayoría, el pasado 24 de octubre, la resolución impulsada por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière, en el que se hacía un llamamiento a la Comisión Europea para que propusiera normas que garantizaran la protección a los “whistleblowers” en los 27 estados miembros de la Unión.
Estos denunciantes de corrupción tenían razones de peso para llevar a cabo esta acción. España se encuentra entre los 7 países, de los 28 que componen la Unión Europea, que peor protegen a los “whistleblowers” con una puntuación cercana a cero, según un informe presentado el pasado mes de marzo, elaborado por la Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, y coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).
El grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que está en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados y que se encuentra en las 10 medidas para luchar contra la corrupción que han desarrollado.
Una diana en la espalda
Todos los participantes en la acción de ayer vestían de negro riguroso y se pusieron una diana en la espalda.
Luego el público que llena los aledaños del Congreso les va colocando en sus espaldas palabras como “despedido”, “injuriada”, “ olvidada”, que define el estado de ánimo de estas personas que un dia prefirieron denunciar un abuso antes de recibir prebendas.
Para Garrido es importante que el Gobierno del PSOE, «que ha llegado al poder por una moción de censura fruto de una sentencia judicial que señalaba la corrupción en el partido en el poder, se de cuenta de que tiene que dar un paso adelante y frenar la corrupción. Queremos que Pedro Sánchez nos diga cuál es su plan para frenar la corrupción y qué va hacer para frenar la corrupción de su partido, el PSOE en Andalucia”, apunta.
“Es muy difícil saber cuántos denunciantes hay en España”, explica Garrido.
“Este sábado han acudido una treintena de compañeros de todo el país. Pero hay muchos más, no dejamos de recibir llamadas o mensajes de otros ciudadanos que han visto cosas raras y que decidieron poner freno a la corrupción pese a que les han hecho la vida imposible. Creo que podemos estar hablando de miles de ciudadanos. Un censo sorprendente”, señala nuestra interlocutora
A lo largo de la mañana, los denunciantes asistentes a esta concentración frente a la mirada de la Policía Nacional que custodia el Congreso y de muchos turistas que aprovecharon el buen tiempo en Madrid para dar un paseo, leyeron un comunicado conjunto que reclama la necesidad de una Ley Orgánica que proteja al denunciante.
Todos los denunciantes de corrupción acudieron vestidos de negro y con una diana en la espalda, para escenificar el peligro que corren al destapar los casos de corrupción y las irregularidades. Luis Javier Sánchez/Confilegal.
Reclaman que se aplique el Código Penal con dureza para los corruptos y que se evite el calvario por el que han pasado estas personas así como contar con justicia gratuita para defenderse de los ataques que reciben de las entidades denunciadas.
“Tenemos que pagar de nuestro bolsillo esos abogados, con lo cual nuestra situación es difícil”, destaca Garrido.
A esta concentración, junto con Garrido se incorporaron otras personas, otros «whistleblowers», que se han jugado sus carreras profesionales, su estabilidad económica y familiar por denunciar lo que estaba mal.
Entre otros Azahara Peralta (Acuamed), Joan Antón Llinares (testigo del caso Palau), Luis Gonzalo Seguro (exteniente que noveló sobre corrupción en el Ejército), Roberto Macías (UGT), Juanjo Romero (Aena), Clara Reinoso (niños robados).y más de una treintena de funcionarios y ciudadanos que han contribuido a destapar fraudes en cursos de formación de distintas comunidades y otros casos.
Denunciar es arruinarte la vida
Los firmantes muestran su preocupación ante la actitud de los partidos políticos que realmente en lugar de trabajar en la aprobación de dicha ley, la están demorando de forma importante.
“Todos los que estamos aquí dimos un paso más, que es el denunciar con lo cual nuestra vida ha sido en muchos casos una ruina”, aclara la testigo del caso Gürtel.
Garrido reconoce a CONFILEGAL que “llevo diez años sin poder disfrutar de la vida. No he hecho más que luchar y luchar y en algunos casos defenderme de acusaciones infundadas”.
Ahora le quedan dos pleitos por injurias y calumnias tras haber confirmado a finales del pasado año el Tribunal Supremo la sentencia que condena al Ayuntamiento de Boadilla al pago de una indemnización por el acoso laboral infligido a Garrido.
En dicho manifiesto leído de forma conjunta denuncian la pasividad de la administración pública, junto a la inacción de la justicia, así como el absoluto abandono de todos los partidos políticos que ignoran legislar en la materia que les ha conducido a este acto celebrado en la capital de España,
Sobre la propuesta de Ciudadanos en cuanto a una Ley que proteja al denunciante, los asistentes a este evento advierten el considerable retraso de su puesta en marcha desde que llego al Congreso en el 2016.
“No sabemos que ha pasado pero se ha demorado excesivamente y las acusaciones van de un bando a otro, eso demuestra su falta de interés. Para nosotros dos años de vida así son mucho», señalan.
La esperanza que tienen estas y otras personas que sufren persecución por haber denunciado algo ilícito es la futura Directiva comunitaria.
“Estamos dispuestos a llegar a donde sea, incluso al Parlamento Europeo de cara a que apruebe dicha Ley que proteja al denunciante en su integridad”.
De dicha propuesta legislativa parece claro que hay dos elementos importantes.
Objetivo de la concentración
Por un lado tener un organismo independiente sancionador que gestione este tipo de comportamientos. Y, por otro, que se creen canales seguros y confidenciales para que el denunciante pueda hacer esa labor de denuncia sin que su intimidad se vea en entredicho o menoscabada.
“La Agencia Antifraude en Valencia que lleva Joan Linares funciona bien porque el fue denunciante del caso Palau y eso le hace entender la casuística”, indica Garrido.
Al parecer ya cuenta con once testigos protegidos para diferentes causas. Para los denunciantes es fundamental que el mecanismo de control no esté politizado “de esa forma cualquier medida que se aplique podrá funcionar”, cuenta.
La concentración ha querido dejar claro que es necesario «tomar medidas urgentes que den término a tal situación de discriminación y desprotección de los denunciantes de corrupción; y a recordar que denunciar la corrupción es un deber y un derecho constitucional».
Los comparecientes exigen su reconocimiento y protección de los perjudicados por denunciar la corrupción, así como la indemnización y/o readmisión en sus puestos de trabajo de aquellos denunciantes despedidos o cesados».
Asimismo hacen hincapié en la necesidad de que sus denuncias sean investigadas, pues se quejan de que «muchas son archivadas sin siquiera abrir diligencias».
«En definitiva, es intolerable que se nos esté tratando como delincuentes, mientras los corruptos son los protegidos», aclaran, para acabar.
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