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La eutanasia, la primera ley de Pedro Sánchez

Incluye la muerte asistida en la Seguridad Social
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El Congreso de los Diputados dio ayer el primer paso para regular por ley la eutanasia. La proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia del PSOE fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y UPN.

Regularizar la eutanasia fue uno de los puntos del programa del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aunque finalmente no llegó a aplicarse. Ahora, Pedro Sánchez ha rescatado la iniciativa. Puede convertirse en la primera ley de su Gobierno.

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Ha dicho que será uno de sus «principales compromisos» en esta legislatura.

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El PSOE la registró en el Congreso el pasado 3 de mayo, antes de que Sánchez ganara la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Poco después, el Parlamento aprobó una Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña que pedía una reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio.

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PP y UPN votaron en contra y Ciudadanos se abstuvo.

El Congreso también está estudiando, en fase de ponencia, una proposición de Ciudadanos sobre muerte digna que sólo regula cómo aminorar el sufrimiento en el momento final de la vida.

Según informó ayer el portavoz del PP en la Cámara, Rafael Hernando, su partido está tramitando una iniciativa sobre cuidados paliativos (utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico o psíquico) en situación terminal.

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“Este es el camino y no transmitir a la sociedad que aquí se puede matar a la gente en virtud de determinadas situaciones”, espetó.

Además, los ‘populares’ han avisado de que el derecho en el que se ampara el PSOE para defender la eutanasia «no aparece» en la Constitución, ni en ningún convenio internacional.

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UN DERECHO FINANCIADO POR LA SEGURIDAD SOCIAL

El Gobierno quiere incluir la eutanasia en el ordenamiento jurídico como un nuevo derecho individual, que esté incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que sea de financiación pública. Estaría sometido a varios filtros y a un comité ético.

Requeriría para su aplicación un cambio normativo en el artículo 143 del Código Penal, que penaliza a quienes ayuden a otra persona a morir.

Según ha manifestado la portavoz socialista Adriana Lastra, la proposición de ley, «sumamente garantista», contempla el «final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento» de personas con enfermedad grave e incurable o discapacidad crónica que implique gran sufrimiento.

Una vez solicitada, la ley establece que el paciente cuente con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario y debe contar además con una segunda opinión profesional.

Asimismo, debe ser informado por un profesional sobre el proceso de la eutanasia, y también de las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos.

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Superados estos requisitos, el caso pasaría a ser estudiado por la Comisión de Control y Evaluación que se implante en cada comunidad autónoma. Este comité ético tendrá la última palabra en caso de conflicto.

Este proceso no podría tardar más de 32 días desde la petición hasta la resolución final.

Los médicos podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicarla.

DESPENALIZADA EN PAÍSES BAJOS, BÉLGICA Y LUXEMBURGO

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran la propuesta que, aseguran, reclaman “cuatro de cada cinco ciudadanos” y “equipararía en derechos a la ciudadanía española con las de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, tres países pioneros en su despenalización”.

Por su parte, la doctora Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, alerta de que “abrir la puerta a la eutanasia es cerrarla a la inversión en cuidados paliativos”.

Y destaca que “Holanda es el paradigma de lo que ha supuesto la legalización de la eutanasia: aumento exponencial de los casos de muertes en hospitales, inducciones a los pacientes a firmar una muerte por eutanasia, y caída libre hasta aprobar la eutanasia a recién nacidos”.

LA MITAD DE LOS ENFERMOS MUEREN PRONTO O MAL

Joya expresa que “en España, aproximadamente la mitad de los enfermos mueren pronto o mueren mal, como consecuencia de aplicar sedaciones terminales cuando no están indicadas, o por carecer de medios suficientes para que sean atendidos por especialistas en cuidados paliativos”.

Y apunta también que en nuestro país «hay muy poca formación en asistencia a los enfermos terminales y en el tratamiento del dolor”.

La doctora considera que “si se aprueba la eutanasia, ésta se convertirá en una salida fácil” y en muchos casos, “será propuesta por los sanitarios, interfiriendo así en el principio de autonomía del paciente al que tanto recurren” sus partidarios.

Hace hincapié en que “la eutanasia concede a un tercero el derecho a quitarle la vida a otro, y esto es un peligro que nos puede llevar al caso de Holanda, donde se mata a los recién nacidos con el visto bueno de los padres y los médicos”.

Recuerda que la Ley de Autonomía ya regula los derechos del paciente, y que existe la posibilidad de redactar un documento de voluntades por lo que es posible dejar constancia de lo que queremos que se haga con nosotros al final de nuestra vida.

«NO EXISTE CONSENSO SOCIAL»

Carlos Álvarez, portavoz del grupo interdisciplinar de expertos Vida Digna, considera que “legalizar la eutanasia supondrá la erosión del Sistema Público de Salud, y generará desconfianza ​de los pacientes ​hacia los profesionales sanitarios que, en lugar de curar, podrán optar ​legalmente ​por matar”.

Subraya que “no existe ese elevado consenso social que esgrime el Gobierno para legalizarla”, sino “un clamor silenciado para mejorar la situación de las personas dependientes y universalizar los cuidados paliativos”.

Según los datos que maneja, en la actualidad sólo el 50% de los enfermos terminales en nuestro país tiene acceso directo a los cuidados paliativos.

A esta plataforma le parece vergonzoso que «el PSOE, en lugar de ofrecer calidad de vida a personas con dependencia o enfermos terminales, desee ofrecerles la muerte como derecho constitucional y única salida”.

Hace hincapié en que “en países como Holanda y Bélgica, en los que se ha aprobado la eutanasia, ésta se legalizó inicialmente para supuestos como los que plantea el PSOE y ha acabado por ser una práctica habitual. Y se ha llegado a extremos como la eutanasia para personas con cansancio de vivir o para niños”.

Sobre la objeción de conciencia de médicos y personal sanitario, cree que “es imprescindible, pero que «no ha servido para proteger a los enfermos terminales que no deseaban la eutanasia”.

Cita el estudio del Instituto Kennedy de Bioética que afirma que el 52,7 % de mayores de 80 años que recibieron la eutanasia en la región belga de Flandes no la deseaban.

“No necesitamos que se ayude a las personas a morir, sino cuidarlas y aliviar su dolor. Eso es lo que reclama la ciudadanía y los profesionales, y es lo que los políticos deben legislar”, sentencia.