La ministra de Justicia, Dolores Delgado, confirmó ayer que el Ejecutivo mantiene la intención de cambiar el delito de rebelión contemplado en el Código Penal para adaptarlo a las «nuevas situaciones» y «actores».

Lo avanzó en la sesión de control del Congreso, en respuesta al diputado del PP Pablo Matos, que le ha preguntado si el Ejecutivo mantiene esta voluntad.

Pedro Sánchez, antes de convertirse en presidente, defendió la necesidad de reformar la legislación para actualizar esta conducta penal al siglo XXI.

El objetivo es adecuar el delito de rebelión a sucesos como los ocurridos en Cataluña con el proceso independentista.

La titular de Justicia ha abogado por realizar un «debate sosegado» donde se alcance el «máximo de los consensos» para afrontar las «nuevas situaciones, incluso nuevos actores» que pueden aparecer.

Ha recordado que este delito tiene su origen «en una ley de 1900» y que se introdujo en el Código Penal en 1928 como traición.

El tipo penal que se conoce actualmente se contempló en 1932 y hasta la actualidad se ha mantenido con unos «contornos de alzamiento militar, de golpe militar y con un elemento que es la violencia».

Matos ha añadido que Sánchez es presidente del Gobierno gracias al apoyo de los partidos independentistas, y ha afeado el «buen rollo» entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de Cataluña, Quim Torra; así como su voluntad de recuperar los artículos del Estatuto de Autonomía declarados inconstitucionales. Le parece “obsceno».

También ha señalado que no comparte el planteamiento hecho por el líder de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta, de dejar en libertad a los dirigentes independentistas en prisión provisional procesados por el proceso separatista.

El ‘popular’ tampoco ve con buenos ojos el «cambio de políticas penitenciaria con respecto a los terroristas de ETA», anunciado por el Gobierno.

El acercamiento al País Vasco o a los lugares de residencia de los familiares de los reclusos se comenzará por los internos enfermos y por los mayores de 70 años, precisó ayer Sánchez.

CUESTIONAR A SEGARRA POR SU AMISTAD ES «SEMBRAR DUDA»

El diputado ‘popular’ Rafael Moreno ha preguntado a la ministra si la independencia fiscal está asegurada a pesar de la «amistad manifiesta» que mantiene la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, con ella.

Ambas son miembros de la asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF) y hasta sus nombramientos, integrantes del Consejo Fiscal.

Delgado le ha replicado que cuestionar la independencia de Segarra por esta amistad es «sembrar duda» y que «mancha» todo su trabajo. Y ha añadido que la «autonomía» del Ministerio Público está «plenamente garantizada».

«En su pregunta hay un juicio de valor que la descalifica», ha respondido tajante.

La titular de Justicia ha dicho que no va a entrar en el «juego» que supone «sembrar duda» sobre la «actuación, la independencia y la calificación» de la Fiscalía General del Estado, así como «manchar el trabajo de los fiscales».

Ha manifestado que su trabajo como ministra es «dotar de herramientas» a jueces y fiscales para que puedan desarrollar su labor con «independencia» y «evitar que nos vuelvan a tirar de las orejas y sacar los colores».

Algo que, según ha indicado, ha ocurrido con el Gobierno de Rajoy, por hacer «uso partidista y político» y «sin transparencia» del Ministerio Público.

Entonces, el diputado ‘popular’ ha pedido a Delgado que haga una «reflexión», porque el hecho de que la nueva fiscal general sea amiga de la ministra pone a la institución «en el ojo del huracán».

En este sentido, Moreno ha recordado que la Fiscalía deberá tomar decisiones sobre el proceso independentista y se estará pendiente de si Segarra actuará de forma independiente o como «una correa de transmisión» de la política del gobierno socialista.

Moreno ha recordado que el exministro Mariano Fernández Bermejo dimitió por su amistad e irse de cacería con el entonces juez instructor Baltasar Garzón.

Segarra compareció ayer en la Comisión de Justicia del Congreso para presentar su proyecto y conseguir así el aval de la Cámara Baja para poder ser nombrada fiscal general del Estado. Ha reafirmado su “plena autonomía” al frente del Ministerio Fiscal.