La Generalitat de Cataluña ha gastado 622.000 euros en el Registro de Catalanes en el Exterior, cuyos datos han sido obtenidos de manera «ilegal», según uno de los últimos informes realizados por la Guardia Civil para el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, del que es titular el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer.
La citada aplicación fue creada ‘ad hoc’ para la consulta del 9-N de 2014 que organizó el expresidente Artur Mas y por la que fue inhabilitado y tuvo que depositar una fianza solidaria de 5,25 millones de euros en el Tribunal de Cuentas, junto con otros implicados.
Pero la Generalitat decidió modificarla para el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El gasto generado a la administración catalana desde la creación en 2014 de esta herramienta informática hasta diciembre de 2017 ha sido de 621.928,34 euros.
De ese total, 94.235,65 euros corresponde a las modificaciones introducidas para el 1-O.
Según los datos que aporta la Guardia Civil en el citado Informe, la constitución del Registro de catalanes en el exterior costó en mayo de 2014, un total de 287.886 euros y fue encargada a la empresa T-Systems.
Pero se fueron incluyendo modificaciones en junio y septiembre de 2015 y en abril y mayo de 2016, lo que elevó la factura a 307.710 euros, a los que posteriormente se han de sumar los casi 95.000 euros de las modificaciones de 2017 y el coste del mantenimiento de esos cuatro años.
Un coste que a lo largo de los meses fue sufriendo variaciones pero que se duplicó en los meses de mayo y agosto de 2017.
Las conclusiones que expone la Guardia Civil en el informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona precisan que la Generalitat habría recabado los datos de los catalanes residentes en el exterior, «amparándose ilegalmente en la Ley 10/2014 de consultas populares no referendarias y participación ciudadana, vulnerando con ello la legislación vigente».
Los investigadores consideran contrastado, a través del análisis de los correos electrónicos entre Daniel Gimeno y Aleix Villatoro -jefe de Gabinete Técnico de la Secretaría General de Vicepresidencia y secretario general del Departamento de Asuntos Exteriores, respectivamente- que la Generalitat pidió, por orden de Josep María Jové Lladó, los datos de carácter personal, obrantes en el Registro de Catalanes en el Exterior.
Lo hizo, según el informe policial, a través de Gimeno, quien se los requirió a Villatoro, basándese en el artículo 6 de la Ley 10/2014 de consultas populares no referendarias.
La conclusión de la Guardia Civil es que «estos datos, únicamente pudieron ser recabados y utilizados, para emplearlos en el referéndum ilegal del 1 de octubre», dado que no se tiene constancia -y así lo manifestó Daniel Gimeno en su declaración- de la celebración de ningún acto no referendario que se hubiera celebrado en Cataluña entre la fecha de la entrega por parte de Exteriores a vicepresidencia y el plebiscito soberanista.
«NO SE SINTIÓ CÓMODO TENIENDO LOS DATOS, ERA MATERIA SENSIBLE»
Según declaró Daniel Jimeno ante los investigadores, había solicitado los datos por orden de Jové a Frederic Udina.
Los del Registro de Población de Cataluña al que era director del Instituto de Estadística de Cataluña (Indescat) y a Aleix Villatoro los de Exteriores.
De hecho, este testigo, quiso dejar constancia ante la Guardia Civil que «nunca se sintió cómodo con los datos de carácter personal solicitados, alojados en su ordenador, pues sabía que era una materia sensible dadas las circunstancias, y más teniendo en cuenta los anuncios públicos hechos por el Gobierno de la Generalitat (actos preparativos del referéndum del 1 de octubre).
Jimeno añadió que mientras los datos permanecieron en su poder no los compartió con nadie hasta que los transfirió al Departamento de Gobernación.
El informe también recoge los mensajes de whatsapp del director general de Tsystems, Osmar Polo. Destaca una conversación en la que éste manifestaba que «los negocios como siempre», salvo que hubiese una orden judicial que lo impidiera, en relación a las tareas relacionadas con el referéndum del 1-O.
«Es decir, a pesar de las noticias aparecidas en los medios de comunicación social y la prohibición del Tribunal Constitucional, la citada sociedad decidió seguir realizando las tareas encomendadas por la Generalitat, concretamente relacionadas con el Registro de Catalanes en el Exterior, a sabiendas de que podría utilizarse en el referéndum ilegal», señala el informe policial.
