El Tribunal de Cuentas ha añadido a la lista de investigados por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 al ‘exnúmero dos’ del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, Josep María Jové, quien ha sido uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, y al actual secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta.
Han sido citados para el próximo 28 de enero, junto a otros investigados, entre los que se encuentran el expresidente catalán Carles Puigdemont, Junqueras (condenado a 13 años de cárcel por el ‘procés‘) y una quincena de responsables de la Generalitat, para fijar la liquidación provisional.
El Tribunal de Cuentas requerirá a los investigados para que paguen o avalen el importe que se fije en el acto de liquidación provisional del 28 de enero, y que en caso de no hacerlo se procedería al embargo de sus bienes.
Este procedimiento comenzó a finales de 2018 a raíz de las denuncias presentadas por la Fiscalía y por ‘Societat Civil Catalana’ (SCC) junto a Abogados Catalanes por la Constitución.
Aunque la instrucción se dio por concluida el pasado noviembre, cuando se citó a Puigdemont y al resto de miembros de su gobierno, la instructora acordó sumar a Jové y a Ginesta a la investigación tras estudiar la documentación que le ha ido llegando, según ha publicado hoy Europa Press.
‘Societat Civil Catalana’ y Abogados Catalanes por la Constitución presentaron una denuncia contra Puigdemont y sus 13 exconsejeros por los gastos de la organización del 1-O, que ambas entidades cifran en 1,97 millones de euros de fondos públicos.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, que presentó otra, reclama la responsabibilidad contable de 19 personas que tenían algún cargo en la Generalitat entonces.
La denuncia del Ministerio Público no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que, a su juicio, se debe reclamar.
Sí que cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.
También destaca que la «acción de la presidencia catalana» en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
JOVÉ ESTÁ INVESTIGADO EN EL TSJCAT, Y GINESTA EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 13 DE BARCELONA
El diputado de ERC en el Parlamento catalán Josep Maria Jové está investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación por los preparativos del 1-O.
El 20 de septiembre de 2017 fue detenido en un operativo de la Guardia Civil contra el núcleo duro de coordinación del 1-O creado en julio de ese año.
Estuvo investigado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona hasta que, por su condición de aforado, se trasladó la causa contra él al TSJCat.
La Sala Civil y Penal del TSJCat dictó en noviembre de 2018 la apertura de procedimiento penal a Jové por presuntos delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia grave, al considerar que pudo participar en el «comité ejecutivo del entramado creado presuntamente por el Govern» y otros actores, desde el año 2015, para conseguir la independencia tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional.
El TSJCat designó para investigarlo a la magistrada Maria Eugènia Alegret, quien fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
La Guardia Civil encontró en su domicilio una agenda Moleskine, con anotaciones clave sobre el proceso independentistas, y el documento ‘Enfocats’, que marcaba la ‘hoja de ruta’ independentista.
El PSOE aceptó a Josep María Jové en la mesa de negociación para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno le citó en la sesión de investidura para agradecerle el pacto: «Quería dar las gracias y que conste en acta, tanto a la señora Vilalta como al señor Jové y a usted mismo -en referencia a Gabriel Rufián-, por haber logrado junto con José Luis Ábalos, Salvador Illa y Adriana Lastra este importante acuerdo que permite desbloquear la situación y formar gobierno».
Ginesta también está investigado por supuesta malversación de caudales públicos por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que desde febrero de 2017 mantiene abierta la investigación de los preparativos del referéndum y de presuntas irregularidades en torno al proceso separatista cometidos presuntamente por miembros del gobierno autonómico catalán o vinculados a él.
La magistrada titular del Juzgado 13 de Barcelona, Alejandra Gil, prorrogó el pasado mes de marzo otros 18 meses la instrucción por la complejidad de la causa.
SCC Y ABOGADOS CATALANES POR LA CONSTITUCIÓN TAMBIÉN DENUNCIARON A MAS Y FUE CONDENADO
Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución también denunciaron al expresidente de Cataluña Artur Mas ante el Tribunal de Cuentas por la consulta ilegal del 9 de noviembre 2014.
El 12 de noviembre de 2018, el Tribunal de Cuentas condenó a Mas y a 9 exmiembros de su gobierno catalán a pagar 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en organizarla y celebrarla.
El resto de condenados son los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.
