La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha acordado prorrogar otros 18 meses la investigación de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, debido a la complejidad de la causa.
Así lo ha acordado en un auto fechado el pasado martes. El jueves pasado expiraba la primera prórroga.
La magistrada ha atendido así la solicitud efectuada por la Fiscalía, que ha reclamado la práctica de nuevas diligencias, lo que implicaban que la causa no fuera a poderse instruir en el plazo actual, y pedía una prórroga de 18 meses, sin perjuicio de que el procedimiento pueda darse por concluido antes de este periodo, si previamente se han podido practicar todas las diligencias necesarias.
El Ministerio recordaba que ya se declaró compleja la causa hace 18 meses porque hay una gran cantidad de investigados, alrededor de cuarenta; se investigan varios delitos y se ha tenido que analizar numerosa documentación, lo que llevó a alargar el procedimiento en un periodo extra que finalizaba el 28 de febrero.
Según ha informado la Fiscalía, están pendientes diligencias «necesarias», entre las que cita la declaración como investigados de algunos responsables de medios de comunicación, en unos interrogatorios que están pendientes de que se resuelva el recurso de apelación.
Además, la Guardia Civil todavía debe remitir al juzgado los informes finales con el análisis de la documentación y de los archivos electrónicos intervenidos a lo largo del procedimiento.
Las diligencias solicitadas por el Ministerio Público incluían requerir a la secretaria general de presidencia de la Generalitat, Meritxell Masó, y al responsable de la Secretaría General del Departamento de Gobernación para que «aporten el acta de traspaso y recepción del fichero de registro de participantes en consultas no refrendarias remitido el 13 de julio de 2017″ por parte de Daniel Gimeno, exjefe del gabinete técnico de vicepresidencia, a Masó, y que indiquen también qué departamento y qué persona estaban a cargo de ese fichero.
También ha reclamado a la magistrada que pidiera a la Generalitat la relación de los cargos públicos que ejercieron durante 2017 una veintena de investigados en esta causa, entre ellos altos cargos como Amadeu Altafaj, David Palanques, Francesc Sutrías, David Franco, Antoni Molons y Montserrat Vidal.
Tras acordar todas estas peticiones de la Fiscalía, la magistrada ha emitido otro auto en el que explica que «no es descartable» que de estas nuevas pesquisas «surja la necesidad de practicar otras diligencias de investigación», y «habida cuenta de que persisten las razones que en su día motivaron la declaración de complejidad» ha decidido prolongar la instrucción un máximo de año y medio.
LA INVESTIGACIÓN COMENZÓ EN FEBRERO DE 2017
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona mantiene abierta desde febrero de 2017 la investigación de los preparativos del referéndum y de presuntas irregularidades en torno al proceso separatista cometidos presuntamente por miembros del gobierno autonómico catalán o vinculados a él.
La magistrada Alejandra Gil Llima es la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona desde el pasado 29 de noviembre.
La plaza quedó vacante tras el fallecimiento del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que fue quien ordenó el operativo que se llevó a cabo entre el 20 y el 21 de septiembre de 2017 para truncar los planes del referéndum en las Consejerías catalanas de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que desencadenó la importante protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la Consejería de Economía, que dirigía entoncesOriol Junqueras.
Se saldó con la detención de 14 personas, la imputación de 20 individuos, 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Constitucional.
En uno de esos registros, en el domicilio de Josep María Jové, la Guardia Civil encontró el documento Enfocats, la hoja de ruta secreta para la independencia de Cataluña, y una agenda con nombres y reuniones de los supuestos implicados en la misma.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, por orden del magistrado Ramírez Sunyer, fueron la base que posibilitaron a la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, ordenar la prisión preventiva del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y siete exconsejeros.
La investigación arrancó a raíz de dos denuncias, una de VOX y otra del abogado Miguel Durán, por las declaraciones vertidas en febrero de 2017 por el entonces senador de ERC y juez Santiago Vidal, quien aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, una partida secreta para crear estructuras de Estado y un listado de los jueces afines al proceso independentista.
En principio se investigaba en esta causa al propio Vidal; al director del Institut d’Estudis de l’Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó, y la investigación se fue ampliando a los principales organizadores del referéndum.
Mientras el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona continúa con la investigación de la preparación del 1-O, el Tribunal Supremo juzga desde el pasado 12 de febrero a los que presuntamente son los responsables de esa organización.
