El Tribunal de Cuentas investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y a 18 exmiembros de su Govern por el presunto desvío millonario de recursos económicos para el referéndum ilegal del 1-O.
El órgano fiscalizar ha abierto diligencias preliminares a raíz de la denuncia presentada esta semana por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, y otra de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.
La Fiscalía exige la responsabibilidad contable de 19 personas que tenían algún cargo en la Generalitat entonces.
Además de a Puigdemont, acusa de haber utilizado fondos públicos para el 1- al vicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, Santiago Vila, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.
Todos ellos serán juzgados en el Tribunal Supremo por el ‘procés’ a mediados de enero.
También denuncia a Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig, y Clara Ponsatí -procesados, huidos, como Puigdemont-, y a los exconsejeros Neus Munté, Jordi Jané, Jordi Baiget, y Meritxell Ruiz, que dimitieron en julio de 2017 tras la remodelación de Puigedmont para reafirmar el compromiso del gobierno catalán con la celebración del referéndum, y a la interventora general, Rosa Vidal.
El fiscal no fija una cantidad concreta de gastos a reclamar ni incluye un listado de los mismos, en espera de información que aún debe remitir el Tribunal Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La cantidad a reclamar se conocerá cuando tras finalizar la instrucción se redacte el acta de liquidación provisional.
Societat Civil Catalana y Abogados por la Constitución han cifrado los gastos del 1-O en 1,97 millones de euros de fondos públicos. Además, señalan que el Estado también resultó perjudicado por esta convocatoria ilegal “por los gastos de desplazamiento, manutención y estancia del contingente desplazado de fuerzas y cuerpos de seguridad”, que elevan a más de 87 millones de euros.
El fiscal desglosa los diferentes gastos, como el de los locales de votación, por 900.906.70 euros, los publicitarios, que se acercan al millón de euros en distintos apartados, 979.6661 en papeletas y 38.431,20 en cartelería.
También destaca que la «acción de la presidencia catalana» en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que se añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
Considera que «se ha constatado la asignación y disposición de fondos y recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y la ejecución del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O».
La rendición de cuentas, según el fiscal, ha de entenderse «referida al deber genérico que pesa sobre cualquier gestor de fondos públicos de justificar el empleo que haya dado a los mismos que debe considerarse existente para todos los sujetos que tengan capacidad de decisión en materia de gasto público, estén o no obligados a presentar periódicamente rendiciones de cuentas formales».
Los pagos vinculados a la preparación y celebración del referendum del 1-O, según el escrito «infringen por tanto la normativa presupuestaria y contable, pues esta normativa no autoriza ningun gasto cuyo destino sea financiar actividades ajenas a las competencias de la entidad pública y contrarias al ordenamiento jurídico».
La Fiscalía incide en que «nos encontramos en presencia de gastos desconectados de cualquier finalidad pública que lícitamente pudiera perseguir la Generalidad de Cataluña».
Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución también denunciaron al expresidente de Cataluña Artur Mas ante el Tribunal de Cuentas por la consulta ilegal del 9 de noviembre 2014.
Los otros condenados son los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.
El pasado 12 de noviembre, el Tribunal de Cuentas condenó a Mas y a 9 exmiembros de su Govern a pagar 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en organizar y celebrar aquel referéndum.
