Hoy, 27 de los 72 magistrados del Tribunal Supremo polaco, un número que representa más de uno de cada tres magistrados, correrán el riesgo de verse obligados a jubilarse, debido a la entrada en vigor de la nueva Ley del Tribunal Supremo polaca que baja la edad jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años.
En España la jubilación es a los 72 años.
Esta medida se aplica también al primer presidente del Tribunal Supremo, en la actualidad una mujer, cuyo mandato de seis años se vería prematuramente interrumpido.
Malgorzata Gersdorf ha declarado esta mañana que se considera presidenta del Tribunal «hasta 2020 (cadencia de su mandato según la norma anterior), de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución polaca».
De acuerdo con la Ley, se ofrece a los actuales magistrados la posibilidad de declarar su voluntad de obtener del presidente de la República una prolongación de su mandato, que este puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez.
No hay criterios objetivos establecidos a los que deba atenerse la decisión del presidente ni posibilidad de recurrir judicialmente esta decisión.
Procedimiento de infracción urgente
Sin perjuicio de que la Comisión Europea prosiga de forma paralela la vía de diálogo sobre el Estado de Derecho y que ha tenido pocos avances, y ante la entrada en vigor de este nuevo régimen de jubilación para los magistrados del Tribunal Supremo, Bruselas ha decidido incoar este procedimiento de infracción con carácter de urgencia.
El Gobierno polaco dispondrá de un mes para responder a la carta de emplazamiento de la Comisión.
Esta acción judicial podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si Polonia sigue incumpliendo sus obligaciones con arreglo a la legislación comunitaria.
Oposición internacional
Desde que se conociera el contenido de esta nueva ley, la polémica está servida a nivel internacional.
La ONU y las instituciones europeas opinan que estas medidas socavan el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de jueces y magistrados.
Y es que en su calidad de Estado miembro de la Unión Europea (UE), Polonia estaría incumpliendo sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales UE.
Ante la presión internacional, las autoridades polacas, como única medida, hicieron una consulta al Consejo Nacional del Poder Judicial (equivalente a nuestro Consejo General del Poder Judicial) pero esto no constituye «una salvaguardia efectiva» si se tiene en cuenta que el dictamen de este órgano no es vinculante y se basa en criterios imprecisos.
Además, el CNPJ está integrado ahora por jueces que son elegidos por el Parlamento polaco. Tras la reforma de diciembre de 2017, los 15 vocales de procedencia judicial, de un total de 25 miembros, pasaron de ser elegidos por todos los miembros de la carrera a su elección por el Parlamento, donde el Partido Ley y Justicia (PiS) tiene mayoría absoluta. Este extremo tampoco es acorde con las normas europeas sobre independencia del poder judicial.
