El Ayuntamiento ha eliminado la bonificación del agua a mayores de 65 años, una medida de la que podrían haberse beneficiado 12.000 ciudadanos, señala el Instituto Coordenadas.
Valladolid quita a los jubilados la bonificación del agua
ASÍ SE DESPRENDE DE UN ANÁLISIS REALIZADO POR EL INSTITUTO COORDENADAS
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13/7/2018 10:31
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Actualizado: 13/7/2018 10:51
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Aunque Valladolid, regido por el socialista Óscar Puente, congeló la tarifa del agua para este año, el Consistorio “ha decidido eliminar la bonificación a los jubilados mayores de 65 años”.
Así lo revela un reciente informe del Instituto Coordenadas, que ha analizado el primer año de gestión pública del agua en esta ciudad.
Como ya ha informado Confilegal, este centro de estudio y análisis del diseño e implementación de las políticas públicas y económicas, ha alertado de que la anunciada remunicipalización “en realidad se ha troceado en un sinfín de privatizaciones a pequeña escala” y, por ende, “la gestión pública del agua en Valladolid se ha convertido en una multiprivatización del servicio”.
El Instituto Coordenadas indica que la bofinificación del agua a los jubilados mayores de 65 años habría beneficiado unos 12.000 abonados y supondría un gasto de 150.345 euros para la EPEL.
Explica que en lugar de esta medida, se ha implementado una nueva bonificación para familias que cobran el sueldo mínimo (538 euros mensuales).
Según este centro, estos últimos representan menos de 2.000 abonados de la ciudad, y tendrá una repercusión máxima de 56.039 euros para las arcas de Aquavall.
Indica que “con este cambio prevén una afectación de recaudación potencial de 94.306 euros más de personas con menos recursos”.
‘CAOS EN LA FACTURACIÓN’
Por otra parte, el informe se hace eco de un supuesto “caos de la facturación de la empresa pública”. Según se desprende del mismo, tras “miles de quejas por errores en la facturación” y de que queden pendientes 12.000 facturas por emitir, la empresa pública de gestión de agua ha invertido “más de un millón de euros para intentar arreglar el desaguisado”.
Informa que Aquavall prevé contratar este 2018 por 800.000 euros un servicio de aplicaciones informáticas nuevas, y que a esta cifra habría que sumarle otros 58.000 euros adjudicados en 2017 por el mismo concepto, y añade que “queda en evidencia que no fue realista ni efectivo”.
Asimismo, señala que Aquavall también decidió externalizar de nuevo otro servicio, el de lectura de contadores, a una empresa valenciana por casi 227.000 euros, y también que la EPEL ya anunció que no preveía controlar electrónicamente la facturación del agua en la ciudad hasta el mes de septiembre, un año y dos meses después de iniciar la gestión municipal del servicio.
‘GRAVES PROBLEMAS’
Por otra parte, el Instituto Coordenadas se hace eco de los “graves problemas” que ha vivido la EPEL en la gestión del día a día del servicio y la relación con los abonados.
Cuenta que “desde la municipalización del servicio, la ciudad ha vivido un promedio de 3 inundaciones por semana, que equivalen a una docena de incidencias al mes”, según los últimos datos oficiales. Todavía no se han publicado los del último trimestre.
El documento especifica que en los 9 primeros meses de 2017 se registraron casi el triple de averías que en 2014, una tendencia que ha ido al alza progresivamente en los siguientes. Además, añade que las roturas en cadena y las averías de doble incidencia en un solo punto se han incrementado significativamente en los últimos ocho meses.
‘LIMITA LAS INVERSIONES PARA SER SOSTENIBLE’
El 1 de julio de 2017 fue el relevo de la empresa externa Aguas de Valladolid, filial de Aguas de Barcelona (Aquona), a la entidad pública Aquavall, tras más de 20 años de gestión.
El Instituto Coordenadas manifiesta que “para hacerse cargo de la gestión directa del ciclo, Aquavall ha aumentado el número de proveedores y se ha producido una multiprivatización por la puerta de atrás”.
Además, alerta de que destina el 51% de su presupuesto a concesionar servicios y limita las inversiones para ser sostenible.
El centro de estudios y análisis autor de este informe se define como un puente entre la empresa privada y la academia, entre las instituciones y los ciudadanos; un puente que une al conocimiento con la praxis a través de la evaluación y la rendición de cuentas.
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