De oficio, abogado

Con esta frase que titula el presente artículo, el Consejo General de la Abogacía lleva varios años celebrando el día de la Justicia Gratuita y Turno de oficio que cada 12 de julio se celebra a lo largo y ancho de nuestro país, con diferentes actos y reivindicaciones lideradas desde el propio Consejo y los Colegios de Abogados.

La Justicia Gratuita es un derecho reconocido en nuestra Constitución, y supone uno de los principales signos identificativos de cualquier Estado de Derecho, pues sin ella, es difícil imaginar un sistema democrático que sea justo para todos los ciudadanos.

Del sistema de protección a los pobres y menesterosos, que pasaba por la caridad de quienes podían defenderles, hemos llegado a un sistema justo, en el que, cuando se cumplen los requisitos que la ley marca, se puede acceder a un servicio de calidad y profesionalizado que permite la defensa de los intereses del justiciable, poniéndolo en el mismo plano que la contraparte litigante, al menos a efectos procesales.

Es sin duda importante recordar que estos logros, y el actual sistema de justicia gratuita, han sido fruto de una larga lucha desde diferentes estamentos, pero principalmente desde la abogacía, quien asumió su papel en este terreno, con la convicción de quien sabe que pelea por lo justo.

De hecho, en los inicios del sistema español, instaurado tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, los letrados -que obligatoriamente estaban adscritos al turno de oficio-, realizaban su tarea sin percibir remuneración alguna por su trabajo, y lo desempeñaban con la misma profesionalidad y calidad que los asuntos particulares que llegaban a su despacho, con la idea siempre de que estaban ayudando a la mejora de la incipiente sociedad democrática.

Actualmente, y aunque las indemnizaciones son paupérrimas, ese trabajo de los letrados y letradas del Turno de oficio es remunerado.

La especialización de los turnos, la necesidad de cumplimiento de determinados requisitos para el acceso, y el control de los Colegios de Abogados sobre los profesionales que lo componen, dotan a este sistema de una calidad que es imitada por países de nuestro entorno, como he tenido ocasión de constatar recientemente.

Preocupación por el «pro bono»

Es por todo esto que comparto con varios de mis compañeros de profesión, la profunda preocupación de la cada vez más creciente corriente en defensa de la llamada abogacía pro bono.

Esta abogacía pro bono, que existe en países como EE.UU., defiende la existencia de despachos de abogados, que se encargan de representar los intereses de personas que requieren de los mismos para acudir a los Tribunales en defensa de sus demandas.

En el caso de los EE.UU., este tipo de prácticas es muy bien visto y conlleva algunos beneficios fiscales, pero hay que saber que, a diferencia de nuestro país, EE.UU. no cuenta con un sistema de Justicia Gratuita y Turno de Oficio comparables.

La evidente duda que surge es la siguiente, ¿si existe la Justicia Gratuita y el turno de oficio en España porqué debería existir la figura del pro bono?.

Uno de los puntos a favor que se nos explican es el de establecer una vinculación de despachos o profesionales que no forman parte de turno de oficio con asuntos que nunca llegarían a conocer de no participar en este sistema.

Pero este argumento decae si tenemos en cuenta, de que no existe ningún obstáculo, más que los requisitos de acceso a los turnos, para que esos mismos profesionales accedan al Turno de Oficio, sin poder elegir, claro está, ni los asuntos ni los clientes a los que representar.

Es evidente también, que este sistema de pro bono, tiene ese poso de caridad que existía en tiempos pasados, en los que los beneficiarios podían disfrutar de este servicio porque alguien quería que lo hiciera, y sin tener obligación de prestarlo, olvidando que la Constitución española no otorga ese Derecho por el simple hecho de que la misma no pueda hacerlo, sino que lo reconoce, al ser un Derecho preexistente.

Vocación de sustituir a la Justicia Gratuita

Debemos plantearnos entonces, si lo que queremos para el futuro es una suerte de lotería para pobres, en la que los mismos tengan que acudir a los profesionales que ejerzan este pro bono, en la esperanza de interesarles con el tema que les ocupa, y convencerles de que el asunto gratuito de ese mes es el suyo y no el del vecino, pues este sistema -no nos engañemos- tiene una clara vocación de sustitución de la Justicia Gratuita existente, bien por comparación, bien por economía, cuando realmente lo que se consigue es mermar, cuando no directamente cercenar, tan importante avance de nuestra sociedad, conseguido, como casi todos los grandes logros, por el empeño y buen hacer de un buen puñado de profesionales que tuvieron claras las necesidades de sus conciudadanos.

Tampoco debemos dejar de tener claro, que el acceso a esta especie de “caridad legal”, no está sujeta a control ninguno, lo que permite, por una lado, elegir los temas más mediáticos o controvertidos para obtener un redito profesional o personal, y por otro, supone la posibilidad de dejar fuera del sistema aquellos temas que enfrenten a personas físicas o jurídicas con gran capacidad económica, con las que no lo tienen, pues no existiría la obligación legal de hacerse cargo de un procedimiento asignado, como en la actualidad ocurre con nuestros turnos de oficio.

Entiendo que la línea que se debe seguir es la que apuntaba al comienzo del presente artículo, y que pasa por una mayor especialización de los turnos de oficio y los letrados que lo forman, con una formación continuada a cargo de los Colegios de Abogados, que no solo sirvan para la capacitación al acceso, sino también para el reciclaje y mejora de los conocimientos ya adquiridos, con una mayor implicación de los poderes públicos que establezcan dignas retribuciones para quienes desempeñan tan importante labor en nuestra sociedad.

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