La distracción en la conducción es la primera causa de los accidentes de tráfico.
La Fiscalía pide más controles en las carreteras y que se investigue el uso del móvil en caso de accidente grave
El fiscal Vargas habla del alcohol, drogas, uso del móvil, psicofármacos y velocidad indebida como el “quinteto de la muerte” que ahora asola la siniestralidad vial
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27/7/2018 06:15
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Actualizado: 27/7/2018 00:44
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El reto es afrontar el repunte de la siniestralidad en nuestras carreteras. Durante los últimos cuatro años han crecido el número de accidentes y de víctimas mortales. “Hemos descendido al octavo puesto europeo por mortalidad en nuestras carreteras”, apuntó ayer Bartolomé Vargas, fiscal de Sala coordinador de Seguridad Vial, al presentar los datos judiciales.
Un total de 81.951 sentencias condenatorias se dictaron en 2017 por delitos contra la seguridad vial en España, lo que supone el 32% del total de las condenas por todo tipo de delitos en el país.
Del total de condenas, 51.085 han sido por delitos de conducción bajo la influencia del alcohol y tóxicos. En este sentido, la Fiscalía destaca que del total de conductores fallecidos con resultado positivo a estas sustancias, el 75,82% (138) presentó una tasa de alcohol superior a 1,2 g/L y el 49% (89) superaba los 2 g/L. Con estas tasas es prácticamente imposible que no haya un accidente de consecuencias graves.
Juicios rápidos, un acierto
Para Vargas, la figura de los juicios rápidos en seguridad “ha sido un acierto en su implantación. Eso ha hecho que en tres días se enjuicie un tema de estas características y que de forma inmediata el conductor alevoso cumpla condena. Con más controles estamos convencidos que podremos combatir la lacra de los malos conductores”.
Del total de esas condenas en 2017, el 62,3% (exactamente, 51.085) corresponden al delito de conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas y un 31,8% (26.032) por manejar un vehículo sin el permiso de conducir por no haberlo tenido nunca, pérdida total de puntos o decisión judicial. La mayoría de las condenas se dieron en Cataluña (14.377), Andalucía (14.233), Comunidad de Madrid (10.650) y Comunidad Valenciana (10.290).
El fiscal de Sala de Seguridad Vial mostró su preocupación por el repunte de la siniestralidad vial después de que en los últimos cuatro años se hayan producido aumentos consecutivos de fallecidos por accidentes de tráfico en las ciudades y las carreteras españolas, puesto que 2013 acabó con 1.680 muertos, cifra que se incrementó a 1.688 en 2014, 1.689 en 2015, 1.810 en 2016 y 1.830 en 2017.
Descartó «de modo categórico» que ello se deba al incremento de la movilidad en las carreteras y a la recuperación económica, lo que calificó de «excusa», y sentenció que el uso del teléfono móvil, los excesos de velocidad y el consumo previo de alcohol, drogas y psicofármacos son «el quinteto de la muerte» por accidentes de tráfico.
En su balance del pasado año a nivel de condenas y sentencias sobre seguridad vial, recalcó que “en víspera de las vacaciones de muchos españoles, he dirigido un oficio a la policía para que «se esmeren todavía más» en la eficiencia de la investigación sobre los delitos viales. Para Vargas, es muy importante incrementar los controles de velocidad y perseguir el uso del móvil por parte de los conductores, una lacra que pone en peligro las vidas de ese conductor y de quienes le rodean.
Bartolomé Vargas, fiscal de Sala coordinador de Seguridad Vial. FGE.
El uso del móvil hay que frenarlo
También apuntó que el uso del móvil es en estos momentos “la principal causa de siniestralidad”, por ello la DGT estudiará penalizar con entre 4 y 6 puntos que se consulte el teléfono mientras se conduce (ahora se penaliza con la pérdida de tres). Además, la Fiscalía ha pedido a la Policía que investigue pormenorizadamente en los accidentes que han causado muerte o lesión para ver si el motivo es la distracción provocada por el uso del móvil. En este caso, debe ser considerado una imprudencia grave, penada con entre 1 y 4 años de prisión.
También desde la Fiscalía se estudia una posible reforma legal de cara a que la propia guardia civil pueda revisar el móvil y las llamadas de los conductores. Vargas es consciente que hay que estudiarlo con calma porque la última reforma de la LEcrim del 2015 establecía una serie de garantías para proteger la intimidad de cualquier acusado al volante. En estos momentos esta petición requiere autorización judicial.
En el caso que hubiera un accidente grave habría que ver si se puede clasificar como imprudencia grave por la desatención del conductor al volante, lo que puede conllevar penas de prisión de hasta cuatro años si se produce un fallecimiento o hasta tres años si el siniestro ha causado lesiones a alguna persona.
Vargas también tuvo unas palabras para las víctimas de los accidentes de tráfico y sus familias recordando que «estas tragedias le pueden suceder a cualquiera, pero son evitables. Hay que evitar que exista el sentimiento de impunidad y de indiferencia ante las normas de tráfico», ha señalado, destacando que el Ministerio Fiscal muestra su «compromiso» ante una siniestralidad vial «creciente pero reversible».
A pregunta de este periodista mostró su preocupación por los colectivos vulnerables, como ciclistas o motoristas, en muchas ocasiones blanco de los conductores con prisa. «Hay una reforma que se está gestando en el Congreso sobre el agravamiento de la imprudencia si el resultado es de muerte y la propia huida del lugar del accidente, con la consabida omisión del deber de socorro. Creemos muy necesaria la reforma y está avanzada. Ahí esta Fiscalía ha participado y explicado su punto de vista sobre la misma”, destacó.
Vargas resaltó que el 90% de esas condenas por delitos contra la seguridad vial fueron de conformidad, lo que permitió el «cumplimiento inmediato» de 55.890 penas de privación del derecho a conducir y 2.075 pérdidas de vigencia del permiso. El año pasado hubo cerca de 53.000 penas de multa a conductores y 25.494 penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Ahora el reto es afrontar este repunte de accidentes, heridos y víctimas mortales en nuestras carreteras. Una situación que entiende “es reversible, sin lugar a dudas”.
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