El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato Figaredo ha declarado hoy ante el magistrado Antonio Serrano-Arnal, titular el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, por supuesto blanqueo de capitales en la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar.
El exbanquero ha negado una vez más ante el juez que no había cometido ningún delito fiscal, y ha denunciado que no entiende por qué a él se le está investigando penalmente mientras que a expresidentes del Gobierno, exministros y presentadores de televisión, como Màxim Huerta, han estado en una situación que considera similar a la suya y sólo han sido sancionados por la Hacienda Pública.
Tras su comparecencia, Rato ha manifestado a este diarioque todo su dinero es legal y que «está perfectamente justificado y explicado» gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.
Rato ha reprochado que está investigado desde «abril de 2015» por una denuncia de Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), cuyos informes «no han sido concluyentes».
«Desde marzo de 2016 se estableció que la denuncia inicial era falsa, que los datos veraces estuvieron siempre a disposición de la Agencia Tributaria, que prefirió ignorarlos para poder arrestarme», ha destacado.
Ha denunciado que la fiscal del caso está llevando a cabo una investigación «prospectiva» contra él, pese a que es ilegal.
«No tengo dudas que estoy sometido a una investigación prospectiva, búsqueda constante de cualquier delito, para justificar mi detención en abril 2015 en base a una denuncia acreditadamente falsa, realizada por la entonces directora de la ONIF y dos de sus funcionarios», ha expresado.
«Se me imputa en una nueva causa, solicitada por la fiscal, de presunto blanqueo de capitales en el extranjero, cuando ha quedado atestiguado, en la causa principal, que no he cometido ningún delito, ni fiscal ni de otro tipo, en el extranjero, lo que lógicamente hace imposible la existencia de blanqueo», ha señalado.
Además, ha subrayado que «en la causa principal sólo se mantienen de la denuncia inicial la acusación por delitos fiscal por cobros de trabajos profesionales a través de sociedades».
«En los últimos meses han tenido que reconocer que no he cometido ningún delito fiscal en el extranjero. Tampoco mantienen ninguna acusación por alzamiento de bienes, del que me acusaban en la denuncia inicial que dio lugar a mi detención. Hace más de un año reconocieron ante el juez que sólo tenían en cuenta lo que favorecía las tesis de la ONIF», ha recalcado.
CITADO A DECLARAR TRAS DESESTIMARSE SU RECURSO
El juez instructor, Serrano-Arnal, lo ha citado después de que la Audiencia Provincial de Madrid desestimara el pasado mayo el recurso presentado por el exbanquero en el que solicitaba que se archivara esta pieza de la instrucción.
Los magistrados de la Sección 23 instaron entonces a Serrano-Arnal a que le tomara declaración por estos hechos.
El magistrado ya interrogó a Rodrigo Rato el pasado 5 de abril, en el marco de la pieza sobre facturación obtenida por las conferencias que impartió para Bureau Consulting Conferenciantes (BCC).
En su declaración, el exbanquero aseguró que facturó a nombre de su sociedad Arada las cuantías obtenidas por la impartición de conferencias, y que lo hizo de forma lícita, de acuerdo con la supresión del régimen de transparencia fiscal del año 2002.
La investigación por presunto blanqueo también estaba programada para abril, pero Serrano-Arnal acordó suspender la declaración del también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la espera de que la Audiencia Provincial resolviera el recurso de Rato contra esta parte de la investigación.
En su escrito al magistrado, el exbanquero acusó a la Fiscalía Anticorrupción de acoger las «disparatadas» conclusiones del Instituto Armado sin hacer «la más mínima labor de contraste» y con una «absoluta falta de rigor».
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil atribuye a Rato delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos.
Según este informe, Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para «colocar» en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener «sustanciosos contratos de publicidad».
Serrano-Arnal sobreseyó esta parte de la investigación hace más de un año al considerar que dicho informe de carecía de sustento básico.
Aunque no vio delito en su actuación, el juez señaló que dichos contratos se realizaron «por importes excesivos», y cifró en 71.902.822 euros la facturación provenientes de las empresas privatizadas con las entidades controladas por Rato.
SUPUESTO DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES
La Fiscalía Anticorrupción dirigió el pasado junio un escrito al titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, solicitando el final de la instrucción y su conversión en procedimiento abreviado contra Rato y 17 personas más, entre ellos los máximos responsables de Publicís Comunicación España, S.L., y Zenith Meia, S.L., por un supuesto delito de corrupción en los negocios.
Este delito, conocido también como corrupción entre particulares, está contemplado en el artículo 286 bis del Código Penal y contempla penas de uno a seis años de cárcel y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.
De acuerdo con el escrito, firmado por la fiscal anticorrupción Elena Lorente, hay indicios de que Rato, cuando era presidente de Caja Madrid-Bankia, cobró en 2011 y 2012 “comisiones carentes de justificación” a través de su sociedad patrimonial Kradonara 2001, S.L.
Comisiones que ascendieron a 835.024,64 euros; 474.416,64 euros en 2011 y 360.608 euros en 2012.
Dichas cantidades fueron supuestamente abonadas por las sociedades Publicís Comunicación España, S.L., y Zenith Meia, S.L. a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoraimiento S.L., cuyo propietario y gestor era Alberto Portuondo Coll, quien formaba parte del equipo que Rato llevó a Caja Madrid, en enero de 2010, como asesor externo.
EL 26 DE NOVIEMBRE COMENZARÁ EL JUICIO DE BANKIA
El próximo 26 de noviembre comenzará el juicio contra Rodrigo Rato y otras 33 personas por la salida a Bolsa de Bankia. Tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
Se sentarán en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años y fraude de inversores, 31 personas físicas y 3 jurídicas, que son Bankia, Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y la auditora Deloitte.
El tribunal acordó la inclusión en el procedimiento de 12 acusaciones particulares -entre ellas la Abogacía del Estado– y dos populares, que ejercerán, al igual que en la vista de las tarjetas ‘black’, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu fijó el pasado mes de noviembre la apertura de juicio oral tras haber recabado en cinco años de investigación, “indicios racionales” que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ejerció la acusación contra Rato, para el que pide cinco años de cárcel; el exvicepresidente José Luis Oliva para el que pide cuatro años; y contra los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons para quienes pide tres años y dos años y siete meses, respectivamente.
La magistrada Ángela Murillo ya enjuició el caso de las tarjetas ‘black’, pieza separada del ‘Caso Bankia’.
