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El Gobierno tiene prácticamente ultimada la fórmula jurídica para exhumar a Franco

también prepara el traslado de Primo de Rivera a otro lugar del ValleValle de los Caídos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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El Gobierno tiene prácticamente ultimada la fórmula jurídica para aprobar la exhumación del cuerpo de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos, según han informado fuentes gubernamentales.

Todo apunta a que finalmente el Ejecutivo optará por aprobar un real decreto-ley, aunque las fuentes consultadas no han precisado cuándo recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros.

El objetivo del Gobierno es aprobar una norma que cubra todos los posibles supuestos, teniendo en cuenta que tanto la familia de Franco como la Fundación Francisco Franco están dispuestos a recurrir a los tribunales.

El presidente de la fundación,  el general Juan Chicharro, ha recordado al Gobierno que “en este asunto hay otros actores, como la Iglesia católica, propietaria de la basílica, y la familia del Generalísimo”.

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“No se puede exhumar nunca un cuerpo sin permiso de la familia y no lo tienen y porque donde está enterrado Franco, en la basílica, solo rige el derecho canónico así reconocido por los Tratados Iglesia Estado de 1979″, ha remachado.

Además, ha asegurado que un decreto-ley “supondría la quiebra del Estado de Derecho” por contravenir el artículo 86 de la Constitución, que establece qué asuntos pueden regularse por real decreto ley.

Esta fundación considera que no hay “posibilidad alguna de exhumación de Franco sin conculcar el régimen legal actual”.

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‘ES UNA DECISIÓN POLÍTICA Y UN MANDATO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS’

en el debate celebrado en el Congreso de los Diputados donde ha expuesto su programa de gobierno, Sánchez ya dijo que esta decisión es “firme” y se materializará en “muy breve espacio de tiempo”.

El Ejecutivo está diseñando una fórmula que cubra todos los supuestos porque está determinado a llevar a cabo algo que es una decisión política y, además, un mandato del Congreso de los Diputados.

Hace un año, la Cámara aprobó una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE sobre la Memoria Histórica que incluía dar prioridad a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto la exhumación de Franco en la primera línea y, de hecho, fue el primer asunto al que se refirió en su comparecencia en el Congreso para exponer sus planes de Gobierno.

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“Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura”, afirmó.

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“La decisión política de este Gobierno es firme”, dijo el pasado 17 de julio, y aseguró que se materializaría “en muy breve espacio de tiempo”, tan pronto como estuviera listo el “instrumento” jurídico.

El Ejecutivo también ha iniciado los trabajos para exhumar también a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.

Ambos están enterrados ante el altar de la basílica del Valle de los Caídos. En el caso de Franco, el Ejecutivo quiere exhumar su tumba para que la familia pueda enterrarlo en otro sitio distinto al Valle de los Caídos. Lo quiere fuera del conjunto monumental.

El Gobierno alega que quiere convertir el lugar en un memorial a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y que Franco no puede permanecer allí porque no murió en contienda. Falleció de forma natural a los 82 años, y fue enterrado allí el 20 de noviembre de 1975 por orden del entonces Jefe del Estado, el hoy Rey emérito Juan Carlos I.

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LOCALIZAR A TODAS LAS VÍCTIMAS

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado la disposición del Gobierno a “localizar” a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para que puedan ser debidamente honradas.

Se estima que más de 100.000 víctimas permanecen aún enterradas en fosas comunes y cunetas por todo el país.

Además, el director general de Memoria Histórica del Ministerio de JusticiaFernando Martínez López, informó el pasado 18 de julio que el Gobierno impulsará una “ambiciosa reforma legal” para que el Estado lidere el proceso de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil que aún permanecen abandonados en fosas comunes pendientes de exhumación en toda España.

RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN MORAL

El Ministerio de Justicia también informó ayer de que ha retomado la política de reconocimiento y reparación moral de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, iniciada con la promulgación de la Ley 52/2007, conocida como de la Memoria Histórica, que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y que fue “abandonada” por el anterior equipo.

Dolores Delgado ha sido, hasta su nombramiento como ministra, fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional. Yolanda Rodríguez/Confilegal.

La ministra Dolores Delgado entregó ayer a Cristina Calandre Hoenigsfeld la declaración de reparación y reconocimiento personal a su abuelo, el médico Luis Calandre Ibáñez, destacado cardiólogo durante la II República, represaliado por la dictadura franquista.

El pasado 8 de julio, Calandre reclamó por escrito a la recién creada Dirección General de Memoria Histórica del Ministerio que se honrase la historia del Hospital de Carabineros, dirigido por su abuelo entre 1937 y 1939.

El centro estuvo abierto en pabellones pertenecientes a la Residencia de Estudiantes, donde el doctor Calandre Ibáñez fue director del laboratorio de anatomía microscópica.

Calandre también había solicitado en enero de 2013 al entonces ministro de Justicia, y en mayo de 2018 al Congreso la derogación del decreto de 19 de mayo de 1938 que disolvió la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), institución científica de la que su abuelo fue subdelegado entre 1938 y 1939. “Ambas peticiones fueron desatendidas”, señala el Ministerio.

La ministra Delgado durante la entrega a Cristina Calandre Hoenigsfeld del certificado de reparación moral y reconocimiento personal a la memoria de su abuelo, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 52/2007./ Ministerio de Justicia

Justicia ha señalado que el derecho a obtener la reparación moral del cardiólogo Calandre Ibáñez se fundamenta en que fue sometido a dos procesos militares con sendos consejos de guerra por permanecer leal a la legalidad republicana.

El certificado de declaración de reparación y reconocimiento personal entregado a Calandre es el número 2.475 de los expedidos por el Ministerio de Justicia. Entre 2009 y 2011 se expidieron 1.355 títulos similares, pero a partir de ese año el ritmo decayó, y entre 2012 y 2018 solo se han entregado 1.120, veinte de ellos este año.

El director general de Memoria Histórica, el catedrático y exalcalde de Almería Fernando Martínez López, también mantuvo un encuentro con Calandre para conocer de primera mano sus peticiones, cuya viabilidad prometió estudiar.

Fernando Martínez López, titular de la Dirección General de Memoria Histórica, junto a la ministra y Cristina Calandre tras la reunión mantenida ayer. / Ministerio de Justicia

Por otra parte, el Ministerio anunció que la Dirección General de Memoria Histórica, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de junio, trabaja en la recuperación de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, suprimida por el Gobierno en marzo de 2012.

“Uno de sus primeros cometidos será determinar cuántas solicitudes de certificación quedaron sin tramitar o fueron rechazadas, y darles trámite o revisar la resolución adoptada en su día”, ha detallado el Departamento de Justicia.