El Gobierno retira el recurso contra la Ley vasca de víctimas policiales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente autonómico vasco, Íñigo Urkullu, en la reunión mantenida el pasado 25 de junio, en la que pactaron crear una comisión bilateral para acercar presos etarras a cárceles vascas. EP

El Gobierno retira el recurso contra la Ley vasca de víctimas policiales

como pactó con el ejecutivo vasco, el Consejo de Ministros acuerda su retirada antes de las vacaciones
|
03/8/2018 20:08
|
Actualizado: 03/8/2018 22:18
|

El Consejo de Ministros ha acordado hoy la retirada del recurso contra la Ley vasca de víctimas de ‘abusos policiales’, que interpuso el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. Lo ha hecho tras acordar con el gobierno vasco modificaciones sobre los preceptos en los que había «dudas» de su constitucionalidad, para recalcar que su objetivo no es buscar responsabilidades, sino resarcir a los afectados.

Ya lo avanzó el pasado 24 de julio el portavoz del gobierno autonómico, Josu Erkoreka. “Lo hará en un próximo Consejo de Ministros, antes de las vacaciones”, indicó, y así se ha cumplido.

La Ley 12/2016, de 28 de julio, ‘de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la comunidad autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’, salió adelante en la Cámara vasca con los votos del PNV y PSE-EE, EH Bildu se abstuvo, PP y UPyD la rechazaron de pleno.

Según explicó Erkoreka, en la comisión técnica bilateral de cooperación el gobierno vasco se comprometió a introducir “un conjunto de modificaciones” en la norma para que no se invadan competencias del Poder Judicial y no se haga “un señalamiento de culpas”, que «tenga una finalidad reparadora para las víctimas de abusos policiales», sin que la comisión de valoración constituida para ello pueda investigar los casos y sustituir la actuación de los órganos jurisdiccionales.

Sobre éste último aspecto se centró el recurso del anterior Ejecutivo. Advertía de que esta comisión pretendía sustituir a los tribunales de Justicia.

El acuerdo entre el Gobierno y el ejecutivo autonómico vasco tuvo lugar escasos días después de que el Tribunal Constitucional anulase los artículos esenciales de Ley Foral navarra 16/2015, de 10 de abril, de ‘reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos’, también recurrida por el PP, al estimar que invaden competencias exclusivas del Poder Judicial, dado que tenía como objetivo indagar y esclarecer los casos.

Josu Erkoreka afirma que existen «notables diferencias» entre ambas leyes. El pasado lunes firmó el acuerdo definitivo con el Gobierno, que fue remitido a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que lo suscribió al día siguiente, y finalmente hoy éste órgano del Gobierno ha solicitado al presidente del Ejecutivo el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley.

Tras la oficializarse la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vasca de ‘abusos policiales’, el ejecutivo autonómico tendrá que promover en el Parlamento vasco la reforma de la norma. Se da la circunstancia de que los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE, están en minoría.

ASOCIACIONES DE LA POLICÍA, LA GUARDIA CIVIL Y COVITE ROGARON AYER A MARLASKA QUE NO SE RETIRARA EL RECURSO

Esta Ley vasca de ‘abusos policiales’ cuenta con el rechazo feroz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y de seis asociaciones de la Policía y la Guardia Civil. Ayer mandaron un escrito al ministro del Interior, Fernándo Grande-Marlaska, rogándole que no se retirara este recurso de inconstitucionalidad.

Advirtieron de la «injusticia» e «inmoralidad» que supondría su retirada contra esta ley basada en el «relato del conflicto» y en la construcción de una «memoria alternativa» para «blanquear el pasado criminal de ETA y ensuciar el de las víctimas del terrorismo».

«En su condición de juez, el ministro es consciente de que dejar fuera del control del Tribunal Constitucional las leyes promulgadas por el Parlamento Vasco es un ataque severo al Estado de Derecho. Todas las leyes de este país deben estar sometidas al control del Tribunal Constitucional, incluidas las que promulguen los parlamentos autonómicos», argumentaron.


Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la creación de una comisión de expertos que contempla esta ley para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales, que ha sido admitido. El sindicato confía en que con él se podrá paralizar entrada en vigor de esta ley.

REACCIONES A LA RETIRADA

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha expresado su «total rechazo» a la retirada del recurso, «porque no se ha producido ninguna modificación que así lo justifique». «Invade competencias exclusivas del Estado y ampara la vulneración de derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», ha sentenciado.

Asimismo, ha remarcado que «declarar víctimas y ‘verdugos’, sin las más elementales garantías reconocidas por nuestro derecho penal y procesal, no sólo atenta contra el honor de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que lo hace también contra todo el colectivo de víctimas del terrorismo, al favorecer un relato falaz de toda la actividad terrorista desarrollada durante décadas por ETA».

Afirma que la retirada del recurso resulta «aún más injustificada» tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional en la que «se ha declarado inconstitucional la mayor parte» de la Ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, «cuyo contenido es prácticamente idéntico a la ley vasca en muchos de los preceptos anulados».

ACERCAMIENTO DE PRESOS DE ETA AL PAÍS VASCO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también pactó el pasado 25 de junio con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, crear grupos de trabajo para estudiar el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, además de para analizar y negociar el traspaso de 37 competencias pendientes, según informó Urkullu tras reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Éste fue uno de los temas abordados ayer entre el presidente del Ejecutivo y el presidente del PP en su primera reunión.

Casado pidió a Sánchez no permitir el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas.

Además, anunció que presentarán una proposición de ley que “preserve la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo” y evite cualquier “beneficio u homenaje a los asesinos”, que prohíba cualquier tipo de enaltecimiento al terrorismo, como el que se prevé cuando Santi Potros salga de prisión el domingo.

Hoy, fuentes del Gobierno han expresado que el Ejecutivo mantiene su intención de cumplir la legislación penitenciaria que ampara el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles vascas y navarras.

De momento, no se ha producido ningún traslado, han precisado. 

En la rueda de prensa que el presidente ha dado tras la reunión del último Consejo de Ministros, se le ha preguntado qué respuesta dio a Casado sobre el acercamiento de presos etarras. Sánchez ha contestado pidiendo al nuevo presidente del PP que «sea coherente» con lo que hizo su partido mientras estaba el Gobierno, y que mantenga en esta cuestión una oposición leal, como la que practicó el PSOE mientras estuvo en la oposición.

El Ejecutivo de Sánchez considera que el PP no debería oponerse al acercamiento porque el mayor número de movimientos de este tipo de produjeron durante la primera legislatura de José María Aznar, entre 1996 y 2000, con Rajoy como ministro.

Esta es la postura del nuevo presidente del PP:

REACCIONES SOBRE EL ACERCAMIENTO

 

Noticias Relacionadas:
Lo último en Política