El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea y Torrón -en funciones de refuerzo del titular, Manuel García Castellón– ha acordado hoy mantener la situación de prisión provisional incondicional del comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez; una situación en la que se encuentra desde el 5 de noviembre de 2017, cuando se puso en marcha la llamada Operación Tándem.
A su socio, el abogado Rafael Redondo Rodríguez, el juez le da la posibilidad de recuperar su libertad mediante el pago previo de una fianza de 1 millón de euros, para lo que le da 7 días de plazo.
Sobre Villarejo, el juez argumenta que se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.
Actualmente el comisario Villarejo está siendo investigado en 5 procedimientos separados diamantes de la causa principal bautizada con el nombre de «Pieza Principal (Pieza King)» -diligencias previas 96/17-: «Pieza II (Pieza Iron)», Pieza III (Pieza Land)», «Pieza IV (Pieza Pit)», «Pieza V (Pieza Carol)» y «Pieza VI (Pieza Pintor».
«Además de ello, figura como coimputado por la presunta comisión de sendos delitos de organización criminal, cohecho y descubrimiento revelación de secretos en las diligencias previas 55/18, en las que figura como principal investigado Enrique García Castaño«, dice el auto del magistrado.
Nuevas pruebas contra Villarejo en camino
De acuerdo con De Egea, en estos momentos se están desbrozando y descifrando nuevos archivos informáticos y de audio intervenidos en las entradas y registros practicados en la causa principal, realizados por Villarejo, por lo que han emergido nuevos elementos racionales de su participación en la comisión de actividades ilícitas.
Añade el magistrado que, de las indagaciones, resulta que su actuación era principal o medular, en el desarrollo de una organización que realizaba informes de consultoría, inteligencia, vigilancia, y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes, dinero que pudo tener un recorrido ilícito tras varias operaciones bancarias en Uruguay o Panamá.
Villarejo, en este sentido, se habría servido del Grupo empresarial Cenyt, compuesto por varias sociedades con distintos objeto social.
Por ello, el juez cree que la prisión incondicional resulta para él “absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos y a las penas que se pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria”, de modo que no ha disminuido el riesgo de fuga, máxime con los activos patrimoniales de gran valor que tiene en el extranjero.
Las sociedades de Villarejo habrían facturado más de 5,5 millones de euros
Sobre Rafael Redondo, el juez De Egea explica que se le investiga como coautor de delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal y lo considera «hombre de confianza» de Villarejo.
«La actuación del citado Rafael Redondo Rodríguez indiciariamente habría consistido en la participación como socio junto con el ya citado sr. Villarejo en la titularidad de sociedades instrumentales que no producían valor real añadido alguno y cuya única utilización habría sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gasto en España y en el extranjero», dice el magistrado.
«Dichas sociedades habrían fracturado más de 5.500.000 euros supuestamente por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación a un conjunto de empresas que tendrían como denominador común que en su mayor part su cifra de negocios principal provenía de la realización de informes de carácter personal que se interesaban por parte de otras personas», añade en el auto sobre Redondo.
Para el magistrado el Grupo Cenyt, del que es partícipe Redondo y dueño Villarejo y que tiene su sede social en Torre Picasso, de Madrid, fue creado con la finalidad específica de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos, un proceso en el que utilizaban distintos testaferros que habrían permitido disponer de cuentas corrientes en países como los citados, de Uruguay y Panamá.
A pesar de las pruebas acumuladas, aunque De Egea considera que en estos momentos es proporcional mantener la situación de Redondo en prisión, le da la posibilidad de recuperar su libertad mediante fianza de un millón de euros.
