La ministra de Justicia, Dolores Delgado, autora de esta columna, en una foto reciente. MJ.
El Gobierno crea una comisión para restablecer la justicia universal a antes de 2009
Baltasar Garzón no formará parte del grupo de expertos
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27/8/2018 11:47
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Actualizado: 29/8/2018 23:51
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado hoy que el Gobierno ha nombrado una comisión de expertos, que empezará a funcionar mañana, para restablecer la justicia universal tras la reforma que acometió el anterior Ejecutivo en la etapa del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y que restringió sus capacidades.
«Hemos nombrado una comisión porque este Gobierno quiere dar entrada y participación a la sociedad civil en determinadas iniciativas», ha detallado Delgado en una entrevista en RNE, en la que ha defendido la postura del Gobierno a la hora de restablecer la jurisdicción universal.
El grupo de expertos estará formado por Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH), el magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada –miembro del tribunal del caso Gürtel– y que ha formado parte de los Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas; Manuel Ollé, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense; y Manuel Miguel Vergara, profesor de Derecho Penal y asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).
Baltasar Garzón no formará parte de la dicha Comisión, según aclaró Delgado, que no explicó por qué.
La Comisión, que tiene previsto reunirse mañana a las 10 de la mañana en la sede del Ministerio, estará presidida por Delgado; el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, será vicepresidente.
La ministra desconoce cuándo esta comisión dará resultados prácticos. «Son trámites parlamentarios y ya saben que hablamos de mayorías y de consenso», ha señalado.
El objetivo final es volver a la redacción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de antes de 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo la primera reforma restrictiva, y acabar también con la que hizo en 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Hasta 2009 España fue un referente en la aplicación de este principio.
El mencionado artículo de la LOPJ establecía que los jueces españoles eran competentes “para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional (genocidio, terrorismo, piratería, etc.) según la ley penal española.
La ministra de Justicia ha explicado que en jurisdicción universal «existen muchos avances» y que este principio sirve, además de para la defensa de los derechos humanos, «para la criminalidad organizada y crímenes contra la naturaleza».
«Nos gustaría que se crease un tribunal internacional para juzgar crímenes contra la madre tierra», ha sentenciado. Lo que ya comienza a conocerse como ecocidio, que la abogada británica y activista internacional, Polly Higgins, aboga -al igual que la FIBGAR- porque sea incluido como un crimen contra los derechos humanos en el Estatuto de Roma, que en 1998 dio vida al Tribunal Penal Internacional.
Delgado ha defendido la mejora de la legislación española porque considera que «si se mejora a futuro, España será un país mucho más justo».
Por otra parte, cabe destacar que en esa misma entrevista, la ministra de Justicia ha negado que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos separatistas fugados han presentado contra él en Bélgica, y ha señalado que el Ejecutivo le defenderá “hasta las últimas consecuencias”.
El objetivo de la demanda en Bélgica es apartar a Llarena de la instrucción del ‘Caso Procés’, según admitió abiertamente Gonzalo Boyé, abogado del expresidente autonómico catalán, Carles Puigdemont, en el programa ‘La nit a 8tv’, de la cadena privada 8tv.
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