También el sindicato CSIF ha manifestado públicamente su opinión en torno a la demanda de Llarena y al tiempo que muestra su apoyo al magistrado en cuanto que empleado público dice lamentar el “titubeo” y los “vaivenes” del Ministerio de Justicia en la defensa de sus empleados públicos y del servicio público de la Administración de Justicia.
Además, cuestionan si esta es la postura «que debemos esperar los empleados públicos españoles de nuestro Gobierno cuando se nos utilice para atacar la credibilidad del Estado».
Para el el CSIF, más allá de las consideraciones de carácter constitucional y de derecho internacional que haya en el asunto, lo preocupante es que el Ministerio de Justicia «se haya puesto de perfil» y solo haya reaccionado cambiando su posicionamiento inicial ante la presión mediática, cuando se utiliza a un empleado público, en este caso un juez, para atacar, de forma flagrantemente injusta, al servicio público de la Administración de Justicia española con una demanda presentada en otro país».
En su opinión, la demanda «aprovecha para hacer una causa general y se vierten afirmaciones falsas y vejatorias contra ese servicio público y, en consecuencia, contra los empleados públicos que trabajan en él».
Asunto privado
El sindicato afirma es «mucho más grave» la postura del Ministerio de Justicia y del Gobierno, calificando este asunto como “privado” para justificar «su inacción inicial, por cuanto existen, al menos dos informes de la Abogacía del Estado en los que se establece claramente lo contrario».
No obstante, esperan que con la rectificación de Moncloa, «a pesar de su ambigüedad» se zanje definitivamente esta cuestión, en la línea que se expone por la Abogacía General del Estado.
Tiempo para otras reivindicaciones
Con la polémica zanjada creen que es tiempo para que la ministra de Justicia, Dolores Delgado se centre «en la precariedad de medios con la que nos encontramos, tanto los ciudadanos como los empleados públicos de la Justicia todos los días en los Juzgados y Tribunales de este país».
Y le recuerdan que con anterioridad a ocupar su cargo al frente del Ministerio «no dudaba en reclamar de forma muy activa al anterior equipo» como miembro de la Unión Progresista de Fiscales.
Tras la reunión mantenida a finales de julio en la sede del Ministerio de Justicia, desde CSIF le reiteran «su decepción ya que la ministra tan sólo fue capaz de proponer la creación de grupos de trabajo de los que ya ha convocado dos para el próximo 12 de septiembre con un claro tono continuista respecto del anterior equipo, sin orden del día y sin propuestas concretas para debatir».
El derecho de negociación colectiva, señalan, se ejerce en la mesa del Ministerio de Justicia donde están representados los funcionarios de los Cuerpos de Letrados, Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial, Médicos Forenses y Facultativos, Técnicos de Laboratorio y Ayudantes del INTCF.
En este sentido, el sindicato manifiesta que no va a admitir «tácticas dilatorias ni elusivas de la negociación colectiva a través de esos grupos de trabajo y, no dudará, como hizo con el anterior equipo en abandonar su participación en los mismos en caso de confirmarse esta estrategia».
También hacen un repaso por otros temas pendientes «a los que hay que dar una salida inmediata» como el cumplimiento de los acuerdos de 2014 y 2015 con la recuperación de los tres días de asuntos particulares, el nuevo modelo de Registro Civil, la eliminación de la discriminación salarial de los Cuerpos generales en el ámbito del Ministerio, la revisión de conceptos retributivos, la jornada de 35 horas, la obsolescencia de los programas de gestión procesal del Ministerio y la interoperabilidad real entre todos los existentes o la revisión de la oficina judicial y fiscal, entre otros.
