La fiscal general del Estado, María José Segarra, someterá a consideración del Consejo Fiscal la decisión de pedir al Ministerio de Justicia la documentación existente sobre la demanda presentada contra el juez Pablo Llarena en Bélgica y sobre los pasos dados para defenderlo.
Por el momento, Segarra llevará la petición al orden del día del Consejo Fiscal que se celebrará el próximo 18 de septiembre para estudiar la «procedencia y admisión» de dicha reclamación.
Así lo ha informado hoy la Fiscalía General del Estado.
Retrasa de este modo la respuesta a la petición concreta que le realizaron ayer los cinco vocales de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal, que consideran que este órgano debe tener informado al respecto.
Se trata de los fiscales Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasa y Rosa Rubio, quienes consideran que la gravedad de lo ocurrido merece que se les informe de las decisiones de Justicia en relación con la defensa de la soberanía de los tribunales españoles en el ‘Caso Llarena’.
Ayer dirigieron un escrito a la fiscal general aduciendo que la demanda contra Llarena ha sido presentada por implicados directamente en los hechos instruidos por Llarena en el Alto Tribunal, y han obtenido «indebido amparo jurídico» por parte de los tribunales belgas y alemanes.
En la misiva exponen que la intención de esta demanda no es otra que «someter a inquisición de los órganos judiciales de un Estado extranjero, Bélgica, la legítima actuación de los tribunales españoles, arrojando dudas y tachas sobre España y su Estado democrático de Derecho», lo que a su juicio requiere del Estado español todas las actuaciones adecuadas para su defensa ante la comunidad internacional, «tanto la jurídica como la representada por la opinión pública».
Añaden que la demanda contra Llarena, al afectar al instructor del caso en el Tribunal Supremo español y cuestionar los derechos fundamentales de los investigados «supera notoriamente los límites de una demanda personal», y supone un «ataque intolerable a la democracia española, a la integridad jurisdiccional y competencia de los tribunales de España».
Por todo ello, estiman que Consejo Fiscal debe estar informado de todas las actuaciones desplegadas al respecto.
Reclaman a Justicia que les envíe la demanda presentada en Bélgica, su traducción al castellano, los dictámentes realizados por la Abogacía del Estado y la resolución final de la ministra de Justicia, «así como cualesquiera otras resoluciones o documentos aptos para que el Consejo Fiscal tenga completo y cabal conocimiento» de todas las decisiones adoptadas sobre este asunto.
