Manuel Almenar, presidente de la APM, en una foto reciente. Confilegal.
Manuel Almenar, presidente de la APM: «La Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias»
En la decisión de apoyar la defensa del magistrado Pablo Llarena ante el Juzgado belga
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29/8/2018 17:01
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Actualizado: 02/10/2018 11:05
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«La Abogacía del Estado, desde el primer momento, ha estado a la altura de las circunstancias, todo hay que decirlo». De esta forma ha reconocido públicamente Manuel Almenar, magistrado y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el papel jugado por los máximos responsables de este cuerpo del Estado en la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y de la Justicia española, en el caso de la demanda presentada por los separatistas prófugos ante un Juzgado de lo Civil de Bruselas Bélgica.
«En un primer informe, de 31 de julio pasado, examinó todas las circunstancias que concurrían en este caso y concluyó que el personamiento, en nombre del magistrado, Pablo Llarena, era un acto debido, obligado. Porque así se desprendía del Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el año 2010, es decir, en tiempos del gobierno del señor Zapatero. Pero no solamente era un acto obligado, era un acto necesario por los intereses que estaba en juego: la inmunidad de jurisdicción y la soberanía española», explicó durante una entrevista en Onda Cero.
«Y era un acto urgente en la medida en que ya estaba señalada la vista para decidir sobre la admisión o no admisión de la demanda presentada. De ahí que la Abogacía del Estado concluyera en la necesidad de estar sobre el asunto. Bien instando al Gobierno belga para que se personase en nombre del Gobierno español. O bien mediante la contratación de un bufete local», añadió.
El Gobierno de España se puso en contacto con el belga para explorar la primera opción y éste contestó que en su ordenamiento no existía esa previsión por lo que el Ejecutivo belga aconsejó al nuestro que contratara a un bufete de abogados local a la mayor brevedad para que pudiera invocar esa inmunidad de jurisdicción.
El Ejecutivo aconsejó al Español que debía tener un abogado en el caso
El Gobierno belga avisó que, en el caso de que nadie representara a España, el juez del caso podría no apreciar la inmunidad de jurisdicción de oficio y entrar en el fondo del asunto.
«Tras ese primer informe», ha señalado Almenar, «a raíz del amparo concedido a Llarena por el Consejo General del Poder Judicial, vuelve a producirse un segundo informe en el que recoge las conclusiones del anterior e insiste en la necesidad de la contratación de un bufete local como acto necesario y urgente».
A pesar de esos dos informes, la ministra de Justicia, el pasado jueves, tomó la decisión de no representar a Llarena porque, según un comunicado hecho público por esa cartera, «La demanda presentada en Bruselas incluye referencias a expresiones y manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función».
Una decisión que ratificó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al día siguiente, en la misma dirección argumental.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rectificó esa decisión el domingo por la tarde, una vez que conoció el malestar en el Tribunal Supremo, en las carreras judicial y fiscal, en el Consejo General del Poder Judicial y desde 6 de las 7 asociaciones; era un fuego que amenazaba convertirse con un incendio generalizado que podía desembocar en un choque de trenes a gran escala entre el poder ejecutivo y el poder judicial.
Ordeno que se defendiera a Llarena.
Para el presidente de la APM, quien está muy satisfecho por esa rectificación, lo más importante era estar presente en esa vista preliminar a la que la ministra, al parecer, no le dio ninguna importancia, asumiendo que el procedimiento era como el español.
«Si se alega en plazo [por escrito], antes de la vista, señalada para el día 4, que concurre una excepción procesal tan grave y tan evidente como es la integridad y la inmunidad de la jurisdicción española, no creo que la demanda deba admitirse bajo ningún concepto», contó.
«Error de transcripción»
Sobre el error de transcripción de las declaraciones realizadas por Llarena, del español al francés, Almenar lo calificó de vodevil o de sainete.
«Si esto no fuera tan grave, debería ser calificado como un vodevil o como un sainete más que como un problema de carácter procesal. En cualquier caso, lo que está claro es que la traducción no se corresponde con la realidad de las declaraciones. Bien sea por un error de traducción o por la estrategia procesal de los abogados de los demandantes. En cualquier caso, ¿a qué podría obedecer que no detectara antes? Pues porque los esfuerzos se centraron en abordar cuál debería ser la respuesta del Gobierno ante la presentación de esta demanda y la posibilidad de que pudiera ser admitida a trámite más que al fondo del asunto», indicó.
«Porque por lo que respecta al fondo del asunto, es un fraude procesal. Desde el primer momento, la demanda ha seguido la línea de actuación seguida por los prófugos primero para boicotear el proceso penal y segundo para tratar de internacionalizarlo», opinó.
«¿Y cómo lo han boicoteado? Dándose a la fuga, es decir, sustrayéndose a la acción de la justicia, y al propio tiempo intentar crear ficticiamente una causa de recusación. Porque en nuestro ordenamiento, como ocurre en otros los ordenamientos de los estados de derecho, una causa de abstención, y en su caso, de recusación de los magistrados, es el tener causa pendiente con las partes. Con esta demanda tratan de crear esa causa pendiente, de forma ficticia mediante la interposición de la demanda. Eso exige que sea admitida a trámite».
«Se trata de poner palos en la rueda del procedimiento penal seguido en España», concluyó.
Los cinco independentistas fugados acusan a Llarena de haber vulnerado su derecho a la presunción de inocencia partiendo de unas declaraciones inocuas que el magistrado realizó el pasado 22 de enero en Oviedo.
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