La AEGC insiste en la necesidad de modificar el Código Penal para que a los agentes se les reconozca el delito de odio y de atentado a la autoridad, como reclama en cada ataque sufrido en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, y ante cada vuelco de los narcos. Carlos Berbell/Confilegal.
La AEGC entrega más de 52.000 firmas a Interior pidiendo más medios en Ceuta
Reclama a Marlaska que 'proteja, apoye y defienda' a los agentes
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30/8/2018 06:45
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Actualizado: 06/10/2018 16:47
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La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) entrega hoy en el Ministerio del Interior más de 52.000 firmas pidiendo más protección para los agentes que vigilan la valla fronteriza de Ceuta, tras el asalto violento del 26 de julio en el que resultaron heridos 22 guardias civiles, y el del 22 de agosto, que se saldó con 7 agentes con quemaduras.
«El abandono institucional del que somos objeto la Guardia Civil en su defensa de la frontera de España aumenta preocupantemente», denuncia la AEGC, que ha difundido esta campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Hazteoir.
Los apoyos recabados serán presentados por representantes de ambas asociaciones, a las 11 de la mañana, en las dependencias de Interior en la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid.
Por parte de la AEGC van el vicepresidente segundo, Raúl Lobato, y el secretario, Pablo González, ha detallado a Confilegal José Cobo, secretario nacional de prensa de la AEGC.
Aunque las asociaciones de guardias civiles llevan años reclamando «escasez de medios y de personal», la AEGC ha decidido ahora dar este paso ante las cada vez «más constantes y violentas avalanchas de inmigrantes» que asaltan la valla ceutí.
Advierte de que «no se puede defender eficazmente un puesto fronterizo sin medios: «Sin personal, en número necesario, para defender la violenta entrada masiva; sin concertinas que dificulten un asalto coordinado y estudiado; y sin medios para el control de masas, como escudos que protejan al personal de los productos que arrojan contra nosotros, y material antidisturbios que contenga la avalancha».
Exige soluciones «en las que no sólo se tengan en cuenta los derechos de los inmigrantes, olvidando los derechos de la Guardia Civil. Soluciones para quienes en cada asalto contra la valla fronteriza, arriesgan su vida por España».
«Proteja, apoye y defienda a quienes en cada asalto a la valla fronteriza arriesgan su vida por España», piden estas más de 52.000 personas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien precisamente compareció ayer en el Congreso sobre la inmigración ilegal.
El ministro defendió la devolución del centenar de inmigrantes que asaltaron la valla de Ceuta el 22 de agosto en virtud de un convenio bilateral firmado con Marruecos en 1992.
Subrayó que «humanidad no es igual a permisividad» y aseguró que el Gobierno no va a «permitir una inmigración violenta que atente contra nuestro país» ni contra los agentes.
En su comparecencia también confirmó que habrá acercamientos de presos a etarras.
Lo que no quiso tratar fue el cese del coronel jefe de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí. Grande-Marlaska pedirá comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para explicarlo.
Al comienzo de su intervención anunció que no iba a dar explicaciones hasta que resolviera el recurso de alzada que podría presentar el coronel, contra la decisión de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, a propuesta del director general de la Guardia Civil, Félix Azón.
29 GUARDIAS CIVILES HERIDOS
El salto masivo del pasado 26 de julio fue protagonizado por 602 inmigrantes ilegales, subsaharianos; la mayor entrada desde Marruecos desde mayo de 2014, cuando 500 ilegales lograron acceder a Melilla.
Emplearon cal viva, palos, cizallas, objetos cortantes, esprays como lanzallamas e incluso cócteles molotov, y dejaron a 22 guardias civiles heridos, con quemaduras químicas, ojos inflamados, contusiones y trastornos respiratorios.
La Guardia Civil detuvo el pasado martes a 10 inmigrantes como supuestos responsables de este asalto, entre ellos al cabecilla que lo organizó y que opuso una fuerte resistencia cuando fue arrestado.
El 22 de agosto se produjo otro asalto. Al menos 115 subsaharianos entraron a Ceuta, también a través de la valla fronteriza en la zona conocida como Finca Berrocal, como la vez anterior. Lo intentaron unos 300.
En esta ocasión dejaron a 7 guardias civiles heridos leves por quemaduras con cal viva.
El número de personas que han entrado en España en lo que va de año por Ceuta se eleva a 1.400, hasta el momento.
‘EL ANUNCIO DE LA RETIRADA DE LAS CONCERTINAS HA PROVOCADO EFECTO LLAMADA’
El secretario nacional de prensa de la AEGC, José Cobo, denuncia en Confilegal que el anuncio del ministro del Interior de sus planes de cambiar las concertinas situadas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos «por medios menos cruentos”, del que aún no hay fecha para su eliminación, “ha habido más asaltos, aunque se empeñen en decir que no hay efecto llamada”.
Reprocha al ministro la “irresponsabilidad” de comunicar que se van a retirar “sin tener en cuenta medidas de seguridad adicionales,tanto para las fronteras como para los agentes que custodian” esta zona caliente de nuestro país.
En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. En una entrevista en Europapress también ha advertido al Gobierno de que los últimos asaltos a la valla demuestran que sería “una gran irresponsabilidad” retirarlas.
“Si eliminamos determinados elementos que fundamentalmente ejercen una función para garantizar la seguridad también de policías y guardias civiles y hacemos además gestos que dan a entender que estamos en una política de puertas abiertas, con una situación además como la que lamentablemente se vive en África, estamos generando un problema de grandes dimensiones”, ha manifestado quien fuera director de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy.
La colocación de las concertinas en las vallas fue ordenada en el año 2005 por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Gastó más de 28 millones en reforzar las vallas de las dos ciudades autónomas.
Dos años más tarde decidió retirar las de una parte del vallado melillense por las heridas que causaban en quienes intentaban rebasar el perímetro.
Posteriormente, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), colocar más concertinas. Fue en 2013, con Cosidó al frente de la Dirección de la Policía Nacional. Esta iniciativa provocó numerosas críticas, y ya en 2014 el actual presidente del Gobierno se comprometió a retirarlas en caso de que llegase a Moncloa.
EMBESTIDAS A LAS PATRULLAS
Además de la problemática de la inmigración ilegal, está la del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, una zona que, según la AEGC, “se está convirtiendo en el nuevo País Vasco”.
José Cobo también ha denunciado en Confilegal que los agentes “se tienen que enfrentar a delincuentes sin medios materiales y humanos”.
Según ha explicado, en las persecuciones a los narcotraficantes sufren “embestidas premeditadas” y que estos ataques se producen “todas las semanas”.
El pasado 22 de agosto el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz) envió a prisión a las seis individuos que supuestamente conformaban un grupo delictivo especializado en ‘vuelcos’ o robo de sustancias estupefacientes entre bandas rivales dedicadas al narcotráfico.
Todos ellos contaban con múltiples antecedentes y se caracterizaban por la violencia que empleaban a la hora de cometer sus actividades criminales.
En los tres registros realizados, los agentes intervenieron un arma de fuego, gran cantidad de munición y dispositivos de geolocalización./ Policía Nacional
José Cobo ha criticado que el Ministerio del Interior haya enviado a la Comandancia de Algeciras seis vehículos Nissan Patrol con casi 20 años de antigüedad, miles de kilómetros, y sin airbag para combatir esta lacra.
Uno de los seis vehículos que han recibido en la Comandancia de Algeciras por parte de Interior.
Desde la AEGC advierten que “harán responsables” al ministro y al director general de la Guardia Civil, el magistrado Félix Azón, de cualquier lesión que sufran sus compañeros “por tener que trabajar con estos pésimos medios que atentan contra la Norma de Prevención de Riesgos Laborales”.
Por su parte, Azón ha expresado a Confilegal que está “al tanto de lo que está ocurriendo en el Campo de Gibraltar” y que una de sus prioridades es hacer frente a esa situación.
«La Ley debe cumplirse y nuestra gente debe tener medios para hacerla cumplir”, ha manifestado.
José Cobo relata que la situación ha alcanzado tal peligrosidad que los agentes están dejando a sus familias viviendo en otras ciudades por “miedo a represalias”, a la espera de que pase el tiempo requerido para pedir un destino fuera de “esta zona maldita de la costa andaluza”.
Cuenta que los agentes sufren «seguimiento, amenazas y agresiones cuando están fuera de servicio”.
«Lo llevamos reclamando años, y da la sensación que los diferentes responsables del ministerio esperan a que ocurra una desgracia para de verdad dar una solución al problema”, expresa el portavoz de la AEGC.
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